Antes de plantear la regulación del derecho a la objeción de conciencia en materia médica, hay que preguntarse si no existe una “objeción de ciencia” basada en estrictos criterios médicos.
Una ética médica bien fundamentada es la mejor protección de los profesionales contra la injerencia política y burocrática, así como frente a las volubles demandas sociales y frente a cualquier intromisión extraña a la profesión.
Es frecuente que cuando el aborto entra en el terreno del debate político se comience a hablar de la preeminencia del derecho de la mujer. No es extraño que los estrategas políticos de la línea pro choice comiencen reconociendo que el aborto es un mal a erradicar, pero que en determinadas situaciones el derecho de elección de la madre prima sobre el del no nacido, a quien se elude llamar persona. Se trata de un proceso deshumanizador, que tiene su raíz en una errónea concepción de la sexualidad.
El Dr. Luis Montes, que fue motivo de polémica por supuestas sedaciones irregulares a pacientes terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), pide ahora la legalización de la eutanasia.
Ante las investigaciones judiciales abiertas por los fraudes en clínicas abortistas, lo que más parece preocupar al gobierno español no es averiguar si se ha incumplido la ley, sino asegurar el anonimato de las mujeres que abortaron.
