Andalucía sufragará la fecundación asistida para mujeres solas

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Duración lectura: 3m. 38s.

La Junta de Andalucía se ha comprometido a garantizar por decreto los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las mujeres, con independencia de su estado civil, de su orientación sexual, tengan o no problemas de fertilidad.

La decisión de extender la oferta beneficiará a unas quinientas mujeres sin pareja masculina, que, según datos del Servicio Andaluz de Salud, solicitan cada año tratamiento de este tipo; es decir, mujeres solteras, separadas, viudas y lesbianas que a partir de ahora podrán dar a luz hijos in vitro cuyo destino es crecer en un hogar monoparental o sin referente paterno y materno.

Hasta el momento, la sanidad pública andaluza sólo sufragaba el tratamiento a parejas con problemas de infertilidad. Sin embargo, como la ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida establece que “toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar” podrá ser receptora de estos tratamientos “con independencia de su estado civil u orientación sexual”, la Junta de Andalucía quiere ampliar la cobertura gratuita del servicio a toda mujer.

“La cartera de servicios de la sanidad pública no las recoge porque no tienen un problema de salud que les impida ser madre, pero no parece justo que se les deje fuera”, considera la consejera de Sanidad, María Jesús Montero. La medida incluye también la reducción a un plazo máximo de seis meses del tiempo de espera para someterse a técnicas de reproducción artificial.

Mientras la sanidad pública andaluza gasta sus recursos en servicios que no solucionan problemas de salud y que no están incluidos en el catálogo de prestaciones de la sanidad pública, otras necesidades sanitarias más básicas como la odontología en adultos quedan fuera de juego. Por otra parte, con el mismo argumento esgrimido por la consejera, parece lógico que se sufrague la cirugía estética, máxime cuando la sanidad pública ofrece este servicio a personas que, por accidente o enfermedad, precisan cirugía reparadora.

En el año 2003, el gobierno andaluz aprobó el documento titulado “Un proyecto, diez iniciativas y cien medidas para la Segunda Modernización de Andalucía”, acompañado de la campaña de propaganda institucional “Andalucía imparable”.

Algunas de esas medidas “vanguardistas” son la extensión de los servicios de fecundación in vitro, la elección de sexo de los hijos en caso de enfermedades graves de carácter hereditario y la investigación con células madres de origen embrionario en los centros Cabimer, para la terapia celular y medicina regenerativa, y Genyo, para la investigación en genética, a los que se sumará en 2010 el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología Bionand.

En los últimos años, Andalucía ha dado muestras de ir a la cabeza de algunas políticas que ponen en riesgo o vulneran directamente la dignidad de la persona: en 1999 el Parlamento andaluz aprobó una iniciativa para sufragar los gastos de operaciones de cambio de sexo desde la sanidad pública y creó la pionera Unidad de Trastorno de la Identidad de Género de Andalucía en el hospital Carlos Haya de Málaga; en 2001 se aprobó el decreto que obliga a las farmacias a tener y dispensar la píldora abortiva del día siguiente; en 2006, el proyecto de ley que regula las investigaciones sobre clonación terapéutica, a la que hay que sumar ahora la fecundación asistida para mujeres solas.

Mientras tanto, los medios de comunicación se hacen eco en estos días del malestar de los profesionales de la sanidad. La sanidad pública de Andalucía acumula una deuda de 1.282 millones de euros con sus acreedores, miles de interinos se concentran ante las sedes de la Junta para exigir el pago de trienios, los profesionales encadenan contratos y la inestabilidad laboral en la sanidad pública empuja al personal a la sanidad privada; se incrementa la plantilla de especialistas extranjeros, muchos de ellos sin la homologación requerida, y, como consecuencia, se resiente la atención y las listas de espera, uno de las claves de la modernización en materia sanitaria cuyos datos la Junta de Andalucía lleva casi un año sin actualizar.

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