En España, el gobierno clausura las ayudas a las asociaciones provida

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Cuando se habla del aborto todos, incluso muchos de los más acérrimos defensores de políticas pro choice, sostienen que se trata de una solución extrema, un recurso extraordinario y último al drama que vive la mujer después de un embarazo indeseado. Hay un cierto acuerdo de mínimos en que es necesario reducir el número de abortos y hay que evitar que las mujeres se vean abocadas a la traumática decisión de acabar con la vida que se construye en sus entrañas.

Son muchos los Estados que, en pro de reducir el número de abortos, ven con buenos ojos que la sociedad civil dedique tiempo y esfuerzos en acciones como la asistencia a la mujer sola, en situación de marginación, pobreza e inseguridad, con hijos menores a su cargo; o la atención gratuita médica, psicológica y de acogida a las mujeres que necesitan apoyos ante una maternidad difícil; o las campañas de recogida de fondos para asegurar la alimentación y alojamiento de mujeres y niños afectados por estas dramáticas condiciones.

La mayoría de esos Estados estarían dispuestos a asistir con beneficios económicos a quienes, promoviendo la reflexión social, realizaran actividades de sensibilización pública que favorecieran el respeto a la vida humana.

Siendo así, resultan extrañas las trabas que desde hace años se ponen en España a la Federación Española de Asociaciones Provida, cuyos objetivos son precisamente los anteriormente indicados.

La Federación, que agrupa a 26 asociaciones españolas, recibió 88.000 euros en el primer ejercicio de subvenciones concedidas por el gobierno socialista en el año 2005, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el siguiente ejercicio, Provida solicitó de nuevo 200.000 euros para los mismos proyectos, pero el gobierno les redujo aún más la ayuda, hasta los 25.000 euros: divididos entre las 26 asociaciones, la cantidad empezaba a ser ridículamente exigua (961 euros de media por asociación). Pero en el tercer año, el ejecutivo optó por dar una negativa total a la petición de ayudas y decidió finalmente anular todo tipo de asistencia a la Federación. Según declaraciones de responsables de la ONG al diario ABC, la respuesta del gobierno al recurso presentado fue que el proyecto presentado no “resultaba innovador”.

La razón argüida por el gobierno no sostiene una mínima comparación con las ayudas prestadas a otras asociaciones con una presunta mayor actitud innovadora. Como explica el citado diario “la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas ha presentado a los cuatro ejercicios un programa idéntico de año en año. No ha cambiado ni una coma, pero sí se han modificado al alza las subvenciones recibidas del Gobierno: 460.000, 463.000, 525.000 y 545.000 euros”.

La presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, explicaba a ABC que la negativa gubernamental a subvencionar sus programas de ayuda, principalmente a la mujer embarazada en dificultades, muestra su deseo de “silenciarnos porque somos una voz incómoda, pero autorizada”. Además anticipa que “no vamos a dejar de funcionar porque no haya ayudas oficiales”, pero recuerda a los responsables del ejecutivo que “en muchos sitios de España no hay otra ayuda a mujeres embarazadas”.

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