La nueva legislatura echa a andar lastrada por varias amenazas al funcionamiento democrático: desde la “legislación exprés” a la propuesta de amnistía o el cerco a la independencia de los jueces.
El identitarismo y la escalada populista, tan presentes hoy, son algunos de los factores que erosionan los fundamentos de las democracias contemporáneas.
Si no se aplica el principio de solidaridad territorial, para armonizar la unidad y la autonomía, el bien común sufre bajo la competición entre intereses particulares.
Según la abogada, la España actual está a medio camino “entre la democracia parlamentaria y la partitocracia absoluta”, y se perciben retrocesos en el Estado de Derecho.
Los jóvenes votan poco, pero es una papeleta preciada. Los políticos usan la campaña para intentar conectar con un electorado que pasa de ellos, pero no de la política.
La democracia no está en peligro de extinción, como auguran voces alarmistas, aunque el contexto actual presenta riesgos y oportunidades que se deben abordar con realismo.
La movilización popular contra los intentos de López Obrador de controlar el poder electoral ha logrado que la más alta instancia judicial del país paralice de momento la reforma oficialista.
Tras la revuelta contra la reforma de las pensiones, se adivina una crisis de representación política, con la resistencia a aceptar recortes del Estado del bienestar.
Además de ser un bien en sí mismo, el pluralismo permite iluminar puntos ciegos en la manera en que se están discutiendo cuestiones de calado en la opinión pública.
En varios países latinoamericanos, los jueces han impuesto opciones controvertidas que no tenían mayoría ni en las cámaras legislativas ni en la opinión pública.
Las leyes antidiscriminación o contra el discurso del odio siguen creando conflictos con las libertades de quienes no están de acuerdo con las opciones protegidas.
