Si los políticos no son los primeros en rechazar, con palabras y hechos, toda forma de violencia, están poniendo en jaque al sistema democrático.

Protesta en Santiago (Chile), noviembre de 2019 (CC Gonzalo Mendoza) Corría marzo de 2020 y Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado estadounidense, en un mitin a favor del aborto, amenazó a dos jueces del Tribunal Supremo: “Han desatado un torbellino, y pagarán el precio… no sabrán qué les golpeó si siguen adelante con estas terribles decisiones”. Dos años después, la Corte Suprema ha sido vallada por rejas de dos metros de alto y las casas de los jueces tienen protección policial las 24 horas del día. La retórica de algunos políticos es sintomática de un torbellino desatado imprudentemente por quienes deberían ser los primeros en condenar la violencia como método de acción política y que ahora, aparentemente arrepentidos, buscan controlar. El acoso que están sufriendo los jueces del Supremo luego de la filtración del borrador de la sentencia sobre el aborto, es una señal clara del debilitamiento de la democracia. Si los magistrados no pueden realizar su labor con las mínimas garantías de seguridad, está fallando uno de los presupuestos básicos del Estado de Derecho. La situación es preocupante, y así lo ha hecho saber el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el cual emitió el pasado 7 de junio una advertencia contra un alza de la violencia para los próximos meses. Precisamente, al día siguiente de la alerta, un hombre armado fue arrestado cerca de la casa del juez Brett Kavanaugh y acusado luego de intento de asesinato. “¿Cómo se convirtió Estados Unidos en un país siempre al borde de la violencia política o personal?”, se preguntaba Daniel Henninger, subdirector editorial del Wall Street Journal, una de sus últimas columnas de opinión. El asalto al Capitolio en 2021, los saqueos y violencia callejera que se vieron en algunas protestas antirracistas, el acoso que están sufriendo los jueces del Tribunal Supremo, la inédita medida de proteger con rejas la Corte Suprema, la oleada de ataques a iglesias católicas y centros provida en EE.UU. son señales preocupantes de cómo la barbarie está reemplazando el diálogo democrático. No existe otra opción: condenar siempre la violencia En enero de 2020, durante una actividad organizada en el Congreso Nacional de Chile, se rindió un homenaje a un conjunto de encapuchados representantes de la denominada “primera línea”: un grupo de choque que en las manifestaciones callejeras encabezaba el ataque a las fuerzas policiales. En la sede del Poder Legislativo se recibió a quienes dirigieron las protestas, que incluyeron la quema de iglesias, estaciones de metro, autobuses, saqueos a supermercados y barricadas, y se les escuchó como si fueran legítimos actores del juego democrático. El gobierno de Boric no ha logrado encauzar las demandas de los grupos más radicales ni contener la violencia Dos años después, en marzo de 2022, a los pocos días de iniciar el nuevo gobierno, la ministra del Interior chilena decidió viajar a la región de la Araucanía para visitar algunas comunidades mapuches. Cuando se dirigía al lugar de encuentro, su caravana fue interrumpida con tiros al aire y la máxima autoridad en materia de seguridad debió cancelar su visita… por razones de seguridad. Unas semanas más tarde, el presidente Gabriel Boric, durante su primera salida a terreno en el norte de Chile, recibió una pedrada de parte de uno de los asistentes. El proceso constituyente originado por las protestas de 2019 y el nuevo gobierno de Boric no han logrado encauzar las demandas de los grupos más radicales ni contener la violencia. El periódico El Mercurio alertaba hace unas semanas en su editorial de las distintas situaciones de “violencia desatada” que se están viviendo en ese país. “Violencia que no es enfrentada con las herramientas de que el Estado de Derecho dispone, las que, en cambio, se han visto fuertemente depreciadas”, señalaba. Lo paradigmático de la situación chilena es que la recién electa coalición de gobierno, a la vez que integra personas que han sido ambiguas en sus declaraciones sobre la violencia por causas políticas, ahora está sufriendo las consecuencias de esos desórdenes y no es capaz ni de contener el caos, ni de ofrecer buenos argumentos para luchar contra él. La seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía y el gobierno está intentando contener la violencia que amenaza con destruir el orden institucional. La calle, nuevo tribunal y parlamento Algo que tienen en común el caso estadounidense, el chileno y lo ocurrido en otros países latinoamericanos, es que el origen de las acciones violentas no ha provenido de casos de corrupción o abuso de poder, sino de actos comunes de la vida democrática. Por ejemplo, el asalto al Capitolio de EE.UU. estuvo motivado por el descontento ante los resultados electorales, y en Chile las protestas de 2019 se gatillaron por un alza en el precio del transporte público. Este fenómeno también se ha visto en países como Perú, Colombia y Ecuador: luego de algún hecho político, las calles se han convertido en el escenario de deliberación y justicia por las propias manos. El 26% de los chilenos justifica el empleo de la fuerza o la violencia si se buscan hacer cambios profundos en la sociedad La vía institucional para promover cambios sociales se ha mostrado insuficiente para encauzar algunas demandas ciudadanas, lo que en muchos casos ha dado lugar a la violencia. Esta situación, que siempre ha ocurrido en mayor o menor medida en nuestras democracias, ahora ha contado con la justificación o el silencio cómplice de quienes deberían ser los primeros en condenarla. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el Comité Nacional del Partido Republicano, que ha criticado la investigación del asalto al Capitolio señalando que se está realizando una “persecución de ciudadanos comunes que participan de un discurso político legítimo”, y ha sancionado a dos de sus representantes por formar parte de la comisión del Congreso que está realizando la investigación. Otro dato preocupante es la validación social que está alcanzando la violencia política. En Chile, luego de los violentos actos de octubre de 2019, la ciudadanía en vez de rechazar esa forma de protestar, aprovechó el caos para movilizarse y demandar reformas estructurales. Por otra parte, según una encuesta publicada por Cadem en mayo de 2022, el 26% de los chilenos justifica el empleo de la fuerza o la violencia si se buscan hacer cambios profundos en la sociedad o cuando los pobres buscan mejores condiciones de vida. Intentos por controlar la violencia Los políticos han tomado nota de la espiral de violencia. Chuck Schumer, actual líder de la mayoría del Senado, ha señalado que lamentaba sus comentarios de marzo de 2020 y que nunca pretendió amenazar a los jueces. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, manifestó hace unos días que “cualquier violencia o amenaza de violencia, o intento de intimidar a los jueces no tiene cabida en nuestra sociedad”. Here’s Chuck Schumer encouraging an insurrection against the Supreme Court. Republicans may need to start a June 8th committee to investigate when they take back the House and Senate this fall. pic.twitter.com/CC6jzQVrCC — Clay Travis (@ClayTravis) June 8, 2022 En Chile, las autoridades han emitido varias declaraciones de condena de la violencia pero algunos hechos no son coherentes con sus palabras. “La violencia no es el camino. Quien crea que a través de la violencia puede avanzar en sus reivindicaciones está equivocado y le hace un daño a su causa”, ha declarado recientemente el presidente Boric. Postura que no es del todo coherente con su decisión de retirar las 139 querellas que se habían interpuesto en contra de los detenidos en los actos delictuales de 2019, a los que suele referirse como “presos de la revuelta”. Precisamente esta medida, promesa de su campaña, es la que le ha traído más problemas con sus seguidores más extremos. Estos le reclaman que haga algo más que retirar las querellas, y que otorgue a los detenidos un indulto o amnistía. En otro de sus discursos, Boric ha señalado que “los estudiantes que quieran dialogar van a tener las puertas abiertas”, pero “los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones tendrán que responder ante la ley como corresponde”. Entre unas declaraciones y otras, es fácil desorientarse. Otro intento por “atar el torbellino de la violencia” se llevó a cabo en noviembre de 2020. Un grupo de parlamentarios chilenos propuso un proyecto de ley que obligaba a los partidos a renunciar expresamente al uso de la violencia como método de acción política. En ese momento fue rechazado con los votos en contra del actual presidente y dos de sus ministros. Hoy está en trámite un proyecto de ley similar. La complicidad con la violencia política se paga caro. La democracia requiere normas claras y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Si la clase política no es enfática en rechazar toda forma de violencia será cada vez más difícil contener la barbarie que amenaza con extenderse a muchos otros ámbitos de la vida social.

Los peligros para la democracia de “desatar” la violencia

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