La necesidad del contar con los padres para abortar, la subida de la edad de consentimiento sexual y de la edad para contraer matrimonio, son las propuestas del gobierno.
Tras la retirada de la “ley Gallardón”, queda por ver qué decide el Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la ley del aborto de 2010. Por el momento, ya se intenta condicionar al Tribunal con motivaciones políticas.
Ante las dificultades para aprobar la ley del aborto, el gobierno ha reaccionado con el mismo pragmatismo que la mujer que interrumpe su embarazo, porque han cambiado las circunstancias.
Cuando se promueve una visión negativa de la maternidad, es difícil convencer a los empresarios de que las embarazadas no son un lastre para sus negocios.
La actividad de RedMadre durante 2013 demuestra que la gran mayoría de mujeres en riesgo de abortar continúa con el embarazo cuando encuentra el apoyo necesario.
Cerca de 300 juristas recuerdan que el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos del “nasciturus” y el apoyo a las embarazadas, dos cuestiones pendientes desde que se despenalizó el aborto en España.
Anulada por sentencia del Tribunal Supremo una ley de Massachusetts que impedía la actividad de los provida en las proximidades de clínicas abortistas.
