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España: Las menores ante las decisiones en materia sexual

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Tras abandonar el proyecto de reforma de la ley del aborto, el gobierno del PP ha presentado el único cambio que piensa hacer al modelo de la actual regulación: exigir el consentimiento de los padres cuando quieran abortar las menores de 18 años. En sintonía con esta modificación, el gobierno también se dispone a cambiar la edad de consentimiento sexual y la edad mínima para contraer matrimonio.

La ley aprobada en 2010 declara que en el caso de las chicas de 16 y 17 años, la decisión de abortar les corresponde exclusivamente a ellas. Al menos uno de los representantes legales (padre, madre o tutor) ha de ser informado, pero se prescinde de la obligación de informar a los padres si las menores alegan que esto les puede acarrear un “grave conflicto”.

El artículo propuesto por el PP, que será incluido en la ley de autonomía del paciente, ordena que en el caso de las menores de 18 años “será preciso (…) el consentimiento de sus padres legales”. Si hay conflicto, el nuevo precepto remite al Código Civil, donde se establece que decida un juez atendiendo al interés superior del menor.

¿A cuántas chicas afecta esta modificación? Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2013, muestran que en España hubo 4.010 abortos entre las chicas de 16 y 17 años. Esto supone un 3,68% de los 108.690 abortos que se llevaron a cabo ese año con la actual ley de plazos.

Tampoco hay que dar por supuesto que la intervención de los padres vaya a suponer una reducción de los abortos de menores. El requisito del consentimiento paterno, que sí está previsto por la “ley Aído” para las de 15 y menos años, no fue suficiente para evitar los 927 abortos que se produjeron entre las de 15; los 410 abortos, entre las de 14; los 80, entre las de 13; los 12, entre las de 12.

Promesas incumplidas

A la vista de estos datos, queda claro que el gobierno del PP no podrá presumir de estar dando un paso importante para cambiar la deriva del aborto en España. La raquítica modificación que emprende ahora está muy lejos de la promesa electoral que hizo en 2011: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.

Y también se aleja de su trayectoria política: desde la implicación de destacados líderes del PP en la gran manifestación de 2009 contra la ley actual, hasta la decisión de recurrirla ante el Tribunal Constitucional argumentado que una ley de plazos suponía la desprotección absoluta del nasciturus, en contra de la doctrina defendida por el propio tribunal.

Queda por ver qué decide el TC sobre este recurso, presentado por 71 diputados del Grupo Popular, y sobre otro del gobierno de Navarra, de UPN. De acuerdo con la jurisprudencia del TC, el PP ya no puede retirar el recurso de inconstitucionalidad pues la legitimidad pertenece a esos 71 diputados, algunos de los cuales ya no tienen escaño (cfr. Aceprensa, 25-09-2014).

Si el PP se decide a incluir las ayudas a las embarazadas en el Plan de Familia que está preparando, todavía estaría a tiempo de cumplir otras de sus promesas estrella: “Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad”.

Distintas edades para consentir

El PP tiene por delante otras dos reformas que afectan al consentimiento de los menores. Una es la relativa a la edad de consentimiento sexual, prevista en el proyecto de ley de reforma del Código Penal. El proyecto del gobierno prevé subirla de los 13 actuales a los 16. Las relaciones consentidas con menores de 16 años serán delito, excepto cuando el autor sea una persona próxima a la víctima por edad y grado de desarrollo o madurez. Otros grupos políticos piden fijarla en 14 o en 15. Al menos están de acuerdo en que la de ahora, una de las más bajas de Europa, hay que elevarla.

El gobierno empezó a barajar este cambio después de que la ONU pidiera a los Estados miembros aumentar la edad de consentimiento sexual, entre otras cosas, para evitar que fuera un coladero de pederastas y proxenetas infantiles (cfr. Aceprensa, 1-10-2013).

La otra reforma afecta a la edad mínima para contraer matrimonio, que el Código Civil fija en 14 años. El PP también es partidario de subirla a los 16, equiparándola así con la de las relaciones sexuales consentidas.

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