La pandemia ha frenado el acceso a estudios superiores y ha multiplicado los abandonos, pero a la vez ha sido la oportunidad de ampliar el acceso a internet y la educación a distancia.
Cuando se pregunta a los implicados –padres, alumnos, profesores–, la mayoría subraya que la asignatura también inculca responsabilidad cívica y social.
El sector sostiene que el proyecto penaliza la iniciativa social, consolida la desigualdad educativa y merma la capacidad de elección de todas las familias.
Varias iniciativas recomiendan ofrecer clases particulares o en pequeños grupos para los alumnos que se hayan quedado más atrás durante el parón educativo.
Si los estudiantes de centros concertados salen más baratos al Estado que los de centros públicos es, sobre todo, por la existencia de políticas injustas que perjudican a sus profesores.
Aunque aún no hay datos que permitan sacar conclusiones definitivas, lo ocurrido en algunos países que han abierto sus colegios indica el camino que seguir… y los riesgos que evitar.
El Tribunal Supremo de EE.UU. sentencia que es contrario a la libertad religiosa negar unas becas a unas familias que querían emplearlas en un colegio cristiano.
La justicia anula un programa escolar de género, implantado por el gobierno de Navarra, contra el que recurrieron familias por considerarlo una imposición ideológica.
El golpe económico ocasionado por el coronavirus y la incertidumbre sobre las modalidades de instrucción, pueden disuadir a los alumnos extranjeros, que suelen pagar más.
La Generalitat ha denegado los conciertos a los colegios que siguen este modelo, pero la más reciente jurisprudencia del Constitucional y el Supremo invita a pensar que tendrá que dar marcha atrás.
