A comienzos de marzo, y tras ser aprobado en el Consejo de Ministros, comenzaba oficialmente su trámite parlamentario el proyecto de nueva ley educativa española, la LOMLOE, también conocida como “ley Celaá”. En realidad, se trataba de un inicio “repetido”, pues el mismo texto ya había recibido el sello gubernamental un año antes, en febrero de 2019. Entonces la convocatoria de elecciones, que se anunció ese mismo día, dejó aparcado el proyecto.
También esta vez las circunstancias se han interpuesto en su camino, con la suspensión de las sesiones parlamentarias ordinarias por la pandemia. Sin embargo, y a pesar de que aún no se ha podido recuperar la normalidad política, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido que esto no es impedimento para que la tramitación siga su curso.
No gusta el cómo
El texto ha contado desde el principio con la oposición del Partido Popular, Ciudadanos y Vox (los tres presentaron enmiendas a la totalidad), y también de otros sectores de la comunidad educativa: las organizaciones de colegios CECE y Escuelas Católicas, asociaciones de padres como CONCAPA y COFAPA –agrupadas en la Plataforma Concertados– y los sindicatos FEUSO y FSIE. Además, recientemente se han unido a las críticas distintos colectivos relacionados con la educación especial, que argumentan que el proyecto pretende colar “de tapadillo” un plan para cerrar progresivamente este tipo de centros.
Precisamente, la falta de transparencia y la inoportunidad de tramitar la ley en la actual situación de excepcionalidad son dos de las críticas más escuchadas. Muestra de ello son las dos “manifestaciones digitales” que se han producido en los últimos días bajo los lemas “así no” y “Stop a la ley Celaá”.
Ya no habrá que tener en cuenta los deseos de las familias al planear la oferta educativa, sino solo asegurar que haya plazas de colegios públicos
También se cuestiona la voluntad de diálogo del gobierno. Es cierto que quedan por votarse las enmiendas al proyecto presentadas por distintos partidos, pero no parece que vaya a ocurrir algo muy diferente a lo que sucedió en la primera tramitación, a principios de 2019. Entonces el gobierno sí anunció que “estudiaría” 71 de las 121 propuestas aprobadas por el Consejo Escolar, pero lo cierto es que, como reconoció el presidente de este órgano consultivo, ninguna de ellas reflejaba la postura de quienes aprobaron la anterior ley. Esta vez, ni siquiera se producirá este trámite. Según ha señalado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, el gobierno ha decidido no incluir sus propias enmiendas en el proyecto para que no tenga que volver al Consejo Escolar y así acelerar su tramitación.
Tampoco gusta el qué
Algunas de las medidas propuestas en el texto no pasan de ser declaraciones genéricas o brindis al sol, como lo de cambiar un sistema de aprendizaje “memorístico” (alguien debe de creer que todavía se canta la lista de los reyes godos) por otro “reflexivo, significativo y competencial personalizado”. En otros casos, los supuestos cambios no son más que variaciones leves de algo que ya existe, como las “nuevas” pruebas de diagnóstico (muy parecidas a las tan criticadas reválidas, pero en otros cursos), o la supresión de los itinerarios al final de la ESO (uno hacia Bachillerato y otro hacia Formación Profesional), que en la práctica se sigue permitiendo, solo que a través del diseño de las materias optativas.
Donde la LOMLOE sí cambia sustancialmente el panorama es en el régimen de conciertos y el diseño de la asignatura de Religión. En cuanto a lo primero, la norma señala como uno de sus mantras que la educación pública debe ser el “eje vertebrador” del sistema educativo. Esto, que podría ser una simple constatación descriptiva de la realidad, en la medida en que la mayoría de los padres eligen estos centros, tiene más bien un carácter normativo. En concreto, significa que las administraciones no tendrán en cuenta el deseo de las familias (la llamada “demanda social”) al configurar la oferta de plazas escolares, obligándose únicamente a que existan plazas públicas para todo el que lo necesite.
La “perspectiva de género”, otro de los ejes transversales de la norma, se concreta en dos aspectos. Por un lado, se crea una asignatura de Valores éticos y cívicos, en la que se incluirán contenidos sobre sexualidad enfocados desde los presupuestos de la ideología de género, y que se impartirá a final de Primaria y en un curso de la ESO por determinar. Por otro, el texto hace una apuesta por la educación en centros mixtos, lo que significa de hecho una preferencia por la coeducación y una discriminación de los colegios de educación diferenciada. El texto habla de subvención “preferente” a los centros mixtos, pero Podemos ha señalado que cuenta con el compromiso del gobierno para convertir la “preferencia” en requisito indispensable para recibir financiación pública.
Es previsible que una y otra manera de limitar la libertad de elección de las familias (o al menos de las que no tienen recursos para pagar un colegio privado) sean recurridas de aprobarse la ley, ya que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han fallado recientemente en sentido contrario.
El texto apuesta por la educación en centros mixtos, lo que significa de hecho una discriminación de los colegios de educación diferenciada
En cuanto a la asignatura de Religión, el proyecto mantiene la obligatoriedad de ofertarla en todos los centros (no puede hacer otra cosa, en virtud de los acuerdos con la Santa Sede), pero queda muy devaluada, puesto que no contará para la nota media y no tendrá “asignatura espejo”, por lo que quienes la cursen tendrán una materia más que quienes no.
En cuanto a la educación especial, el texto no habla explícitamente de cerrar este tipo de centros, pero circunscribe su función a escolarizar a alumnos que requieran una atención “muy especializada” y ser modelo de referencia para los centros ordinarios. La ley habla de equipar a estos “con los recursos necesarios para atender a los alumnos con discapacidad”. Así pues, se insinúa una escolarización por defecto de estos estudiantes en colegios comunes, mientras que el recurso a otros de educación especial sería una medida extraordinaria.