La escuela concertada se moviliza contra la ley Celaá

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Duración lectura: 6m. 56s.
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El sector de la escuela concertada, que escolariza a uno de cada cuatro alumnos en España, está convencido de que el proyecto de la LOMLOE, más conocida como ley Celaá, supone un retroceso, porque limita la libertad de los padres (y sobre todo de los que disponen de menos recursos económicos) al “teledirigir” su elección escolar, y porque reduce la heterogeneidad de la oferta educativa.

No son críticas nuevas, pero ante las prisas del gobierno por adelantar la tramitación del proyecto, y el poco interés mostrado hasta ahora por contar con la comunidad educativa, la plataforma Concertados –que agrupa a las asociaciones de padres, patronales y sindicatos más representativos de esta red– ha convocado una campaña de movilizaciones.

Estatismo educativo

En la presentación de esta iniciativa, Jesús Muñoz de Priego, experto en derecho educativo, ha criticado duramente la que considera una mala ley por el momento escogido para su tramitación, por las formas de hacerlo y, sobre todo, por su contenido. En su opinión, el texto supone un grave ataque a las libertades de todas las familias, que ven silenciada su voz en el diseño de la planificación educativa, independientemente de qué opción quieran elegir para sus hijos.

Se refiere específicamente a la eliminación del término “demanda social”. Con esta mención, la anterior ley establecía que la voluntad de los padres, expresada en su intención de matricular a su hijo en un centro u otro, sería tenida en cuenta. “No era el único criterio –puntualiza Muñoz de Priego–; ni siquiera se destacaba como principal. Pero la nueva ley lo elimina por completo, consagrando una planificación unilateral”. “Esto –añade– vulnera el espíritu de la Constitución, que habla de una planificación participada; participada por los padres, entre otros”.

También ha criticado la figura del concejal adscrito al Consejo Escolar de los centros concertados. “Se entiende que haya uno en los Consejos de los colegios públicos, porque en la mayoría de ellos el suelo es propiedad del ayuntamiento. Pero en los concertados no tiene sentido. Solo cabe interpretarlo como una especie de comisario político, que puede acabar limitando el desarrollo del ideario propio del colegio. Pero este ideario es la razón de ser de los centros de iniciativa social, y el motivo de que sean financiados con dinero público, pues gracias a él garantizan la pluralidad real de oferta”.

Tentación totalitaria

En términos parecidos se expresaba recientemente Alfonso Aguiló, presidente de la CECE y autor de numerosos libros sobre educación. En una conferencia sobre la nueva ley, señalaba que el texto supone un paso atrás en la evolución del derecho a la educación en las sociedades democráticas.

“Para que la libertad sea real, es necesario que exista una pluralidad de oferta, lo que exige a su vez el derecho a la creación de centros con una identidad propia”

La intervención del Estado en la educación a partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX –comentaba Aguiló– supuso un gran avance social: en cobertura, en calidad de la enseñanza y en seguridad jurídica. Sin embargo, desde bien pronto se vio la necesidad, por un lado, de no ahogar la iniciativa social que funcionaba y, por otro, de limitar la capacidad del poder político para configurar la enseñanza según su propia voluntad. Esto implicaba, en países confesionales, poder crear centros laicos, y viceversa.

La necesidad de acotar el poder del Estado se percibió de forma mucho más dramática y acuciante tras el auge de los totalitarismos del siglo XX. “El monopolio del espacio público por parte del Estado ha sido siempre un rasgo de los regímenes totalitarios: partido único, sindicato único y enseñanza única”, señalaba Aguiló. Precisamente por eso, desde entonces todos los tratados internacionales en materia educativa refrendan el derecho de los padres a escoger centro y el de educar a sus hijos según sus propias convicciones. Pero para que la libertad sea real y no solo hipotética, es necesario que exista una pluralidad de oferta, lo que exige a su vez el derecho a la creación de centros con una identidad propia, se configure esta en torno a unos valores antropológicos o a una propuesta estrictamente educativa.

Igualdad real

No obstante, también compete al Estado garantizar que esto derechos puedan ser ejercidos por todos, independientemente de su nivel económico; si no, sería solo una libertad para los ricos. Ahí es donde entran los conciertos. A veces, comentaba Aguiló, “las familias con recursos, que no necesitan de la ayuda del Estado, ven el tema de los conciertos como algo menor”; pero “la educación no se puede dejar a las leyes del mercado. Solo con las leyes del mercado, seguiríamos en una situación de analfabetismo generalizado”.

La enseñanza concertada garantiza que el derecho a la educación conjugue la libertad, la pluralidad y la equidad, los tres pilares sobre los que debe sostenerse cualquier sistema educativo; mas para ello debe estar suficientemente financiada. No se puede pedir a una institución (sea una ONG o un colegio) que contribuya a un fin social a base de perder dinero o no pagar lo justo a sus empleados. La escuela pública no lo pierde, porque se financia con los impuestos de todos, incluidos los que pagan las familias que luego matriculan a sus hijos en otros centros y por tanto no se benefician directamente de esa prestación.

Al reforzar la proximidad al domicilio como criterio para asignar centro, la ley Celaá limita la oferta también dentro del sector público

El Estado sí puede –y debe– exigir eficiencia en el gasto y rendición de cuentas a los centros que reciben un concierto. A este respecto, comenta Aguiló que “pocos euros del presupuesto nacional están tan controlados como los que se destinan a este fin”. También puede reclamar que se apliquen medidas concretas para favorecer la equidad. El sector de la concertada está abierto a la discusión de cuáles son las más efectivas, pero pide a cambio un trato de igualdad respecto de la red pública en cuanto a la financiación.

Falta de diálogo social

La falta de diálogo social ha sido la tónica general en la tramitación de la ley. Un ejemplo es la última votación de la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, en la que, con los votos de PSOE y Podemos, se rechazó la posibilidad de que distintos miembros de la comunidad educativa comparecieran ante ella, tal y como había ocurrido en todas las anteriores leyes educativas.

Juan Pablo Luque, miembro del Consejo Escolar del Estado y presidente de la Federación de Granada de Concapa (una de las asociaciones de padres que forman Concertados), se mostraba muy crítico con la falta de diálogo de los partidos gobernantes en un artículo reciente: “Obvian el diálogo, la solidaridad para construir el sistema. Sólo hay planteamientos políticos y réditos electorales”. En términos parecidos se expresaba el sindicato USO, también integrante de la plataforma Concertados: “Lo hemos dicho en repetidas ocasiones desde hace meses: en medio de una gravísima pandemia con efectos devastadores y todavía por determinar su alcance final, no es el momento de tramitar ninguna ley educativa ni de aprovechar las circunstancias para progresar en la agenda ideológica”.

Por su parte, Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de Cofapa (otra de las asociaciones de padres que participan en Concertados) destacaba recientemente que la nueva ley no solo limita la libertad de las familias de la red concertada, sino que, al reforzar el baremo de la proximidad al domicilio como criterio para asignar centro, limita la oferta también dentro del sector público. Por eso, explicaba que las movilizaciones anunciadas pretenden beneficiar a todos, porque “todos tienen derecho a escoger su escuela, del tipo que sea, y no a que se la asigne el Estado”.

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