Si los estudiantes de centros concertados salen más baratos al Estado es, sobre todo, por la existencia de políticas injustas que perjudican a sus profesores.

Los políticos españoles discuten si las ayudas extraordinarias a las escuelas por la pandemia han de ser solo para las públicas o también para las concertadas. Sin contar con eso, el gasto público por alumno en los centros concertados es sustancialmente menor que en los de titularidad estatal. Y esta desigualdad no se debe solo a factores que podríamos llamar “estructurales” (relacionados con la mayor necesidad de recursos en algunas escuelas públicas por el tipo de alumnado que atiende), sino también, y sobre todo, a otras diferencias de trato difícilmente justificables. El nuevo proyecto de ley educativa pretende conceder discrecionalidad completa a la Administración para diseñar la oferta de puestos escolares cada año, sin necesidad de tener en cuenta la demanda de los padres. La oposición augura que esta prerrogativa servirá al gobierno para ahogar a la escuela concertada poco a poco y de forma disimulada: bastaría con ir aumentando la capacidad de los colegios públicos de manera artificial, para luego justificar la necesidad de ocupar esas nuevas plazas –y no las que podrían ofertar los centros concertados– por una cuestión de “eficiencia del gasto”. No obstante, más allá de la dudosa legalidad de esta actuación (las últimas sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional van en dirección opuesta), el Estado debería ser el primer interesado en fomentar los colegios concertados si de verdad estuviera preocupado por no derrochar recursos. Comparar el coste de la plaza pública y la concertada debería ser sencillo. Sin embargo, el Ministerio de Educación no ofrece estas cifras en un mismo informe, sino que hay que ir a buscarlas en fuentes diferentes. El último año en el que contamos con los dos datos es 2017. Entonces, el Estado gastaba 5.779 euros por cada alumno de centros públicos, según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. En cuanto al gasto por plaza concertada, cruzando información del portal estadístico del Ministerio y del estudio Datos y cifras. Curso escolar 2018/2019 se obtiene una cifra de 2.924 euros para ese mismo año. Así, se puede decir que en 2017 el coste de la plaza pública era casi el doble (98% más) que el de la concertada. Salario y jornada laboral, causas principales de la brecha ¿Por qué esta diferencia tan abultada? En primer lugar, porque la ratio profesores-alumnos (y por tanto el coste relativo de cada estudiante para el Estado) es más alta en la escuela pública. Esto se debe, en parte, a que esta red es la que da servicio a la mayoría de zonas rurales, donde hay menos densidad de estudiantes. También es mayor que en la concertada el porcentaje de alumnos extranjeros, que requieren de más recursos –materiales y humanos– para su educación. Con todo, estos dos factores no explican toda la diferencia en cuanto a la cantidad de profesores por alumno. De hecho, el elemento clave es que la jornada laboral en la red pública está entre las 18 y las 21 horas lectivas semanales (varía ligeramente por comunidades), mientras que en la concertada es de 25. Así pues, para un mismo número de grupos, en aquella hacen falta más docentes. No obstante, incluso si se igualara la ratio de profesores-alumnos, la red pública seguiría recibiendo una mayor financiación. La razón es que el salario de sus trabajadores es más alto. Esto se aprecia claramente cuando se compara lo que cobran dos profesores, uno de la pública y otro de la concertada, con los mismos años de docencia y que dan clase en una misma ciudad y a los mismos cursos. Por ejemplo, según un informe de la Unión General de Trabajadores (UGT), los profesores de Secundaria en un instituto público de Madrid, ganan 2.394 euros mensuales. Teniendo en cuenta que en esta Comunidad la jornada laboral máxima en la red pública es de 20 horas lectivas, cada profesor recibiría 120 euros por clase. En la red concertada, el salario está fijado por convenio colectivo, y este estipula que un profesor que dé clase en Madrid en 3º y 4º de la ESO a jornada completa (en este caso, de 25 horas lectivas) cobra 2.264 euros, una vez sumado el complemento de la Comunidad; es decir, 90 euros por clase, un 33% menos que en la pública. Así pues, se puede decir que la diferencia en la retribución por un mismo trabajo, y no solo la cantidad de profesores en relación al número de alumnos, explica una buena parte del ahorro que la red concertada supone para el Estado. Otros factores de desigualdad Por otro lado, la brecha salarial entre profesores de la red pública y la concertada aumenta con el transcurso de la carrera docente, pues solo los primeros cobran un complemento por actividades de formación: los llamados sexenios. Es cierto que los de la concertada reciben una paga extra a los 25 años de desempeño, pero incluso después de cobrarla el déficit acumulado con respecto a sus colegas de la pública con la misma experiencia es muy abultado: en la Comunidad Valenciana asciende hasta los 52.000 euros, según un estudio del sindicato FSIE. Incluso contando con lo que pagan las familias, el gasto total por alumno en los colegios concertados sigue siendo casi un 40% menor que en los públicos El gasto en personal, que supone el 70% de toda la inversión pública en educación, explica gran parte del déficit económico de la concertada, pero no es la única partida en que estos centros salen perjudicados. Cada uno de ellos recibe, además, unos fondos fijos por aula para “otros gastos de funcionamiento”, con los que debe hacer frente al pago del agua, la luz, el teléfono, el material de secretaría o la reparación y renovación de sus instalaciones actuales, pero que no puede utilizar para la construcción de otras nuevas. Así pues, un colegio concertado tendría que pagar de su bolsillo la construcción, por ejemplo, de un polideportivo. En cambio, en uno público estas inversiones las asumiría la Administración; es decir, salen de los impuestos de todos. Una posible reforma justa Con estas diferencias de financiación, no es extraño que los centros concertados recurran a las cuotas voluntarias (de comedor, transporte, actividades extraescolares…) para paliar el agujero dejado por el Estado. Desde algunos sectores se ha criticado esta práctica, argumentando que sirve en el fondo para cribar al alumnado con menos recursos. Sin embargo, incluso contando con lo que pagan las familias, el gasto total por alumno en estos colegios sigue siendo casi un 40% menor que en los públicos (3.938 y 5.436 respectivamente en el año 2015, último en el que podemos obtener los datos de fuentes institucionales). Si se quisiera llegar a una solución justa y estable, se deberían abordar todos los factores de desigualdad, tanto los que no son resultado de decisiones políticas como los que sí lo son. En cuanto a los primeros, que explican una pequeña parte de la brecha de recursos entre los centros públicos y los concertados, se podrían plantear políticas para compensar el porcentaje de alumnos extranjeros en cada red. Respecto a los segundos, que dependen del legislador y explican la mayor parte de la “brecha de gasto”, urge abordar de una vez por todas la discriminación que sufren los profesores de la concertada en lo que se refiere a su jornada laboral y su salario (incluyendo los sexenios, como ha propuesto el Consejo Escolar del Estado), así como aumentar la partida de “otros gastos de funcionamiento” para que cubra en estos colegios los mismos gastos que la Administración financia en los de titularidad estatal. No hacerlo, y al mismo tiempo criticar los supuestos “privilegios” de la concertada, demuestra una gran incoherencia y una profunda falta de respeto por los datos.

La desigual financiación de escuelas públicas y concertadas

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