La manera más sensata de abordar el final de curso es entorpecer lo menos posible la labor de los profesores y colegios.

La ministra de Educación de España, Isabel Celaá, anunció el pasado miércoles una serie de indicaciones sobre cómo abordar el final de curso que, supuestamente, había consensuado con los respectivos consejeros de cada comunidad. Sin embargo, apenas dos días después, varias administraciones regionales ya han anunciado que se desmarcan del Ministerio. En general, lo hacen porque no están de acuerdo con los criterios de evaluación, en los que ven una velada insinuación de “hacer la vista gorda” con los suspensos. Eso, en su opinión, sería injusto y contrario a la cultura del esfuerzo. Celaá ha negado que se trate de un aprobado general encubierto, explicando que lo que se persigue más bien es adecuarse a las extraordinarias circunstancias para no perjudicar a los alumnos más desaventajados. ¿Qué hay de cierto en cada parte? Circunstancias muy variadas Digámoslo desde el principio: el asunto de cómo acabar el curso académico es bastante complejo. Lo es porque las situaciones de las familias, los recursos de los colegios y las características de cada etapa educativa son distintas, y requieren, por tanto, enfoques también diversos. No es lo mismo una familia donde trabajan los dos padres que otra donde no, o una de mayor nivel sociocultural que otra, por no hablar de la disponibilidad de conexión a internet y de dispositivos electrónicos; no es lo mismo un colegio que antes de la pandemia hubiera desarrollado unos hábitos digitales en sus alumnos y profesores que otro que funcionara fundamentalmente “en analógico”; tampoco es igual 4º de Primaria que 4º de la ESO o 2º de Bachillerato. Ante un problema tan difícil, conviene especialmente ser cauto, pragmático y, sobre todo, muy honestos con uno mismo, lo que en parte significa reconocer que no hay una solución perfecta, y que las posturas contrarias parten de premisas legítimas. Todos podemos compartir, en principio, la noble intención de que “ningún alumno se quede atrás”, en palabras de la ministra. De la misma manera, todos los docentes estarán de acuerdo en que no se debería regalar el aprobado, porque desincentivaría el aprovechamiento de lo que queda de curso y además sería especialmente nocivo, a medio y largo plazo, para los alumnos desaventajados que a corto plazo quizás podrían beneficiarse. Es contradictorio decir que hay que tener en cuenta las circunstancias de cada estudiante y luego asegurar que la repetición debe ser menor El diablo, como casi siempre, está en los detalles. Y la ministra Celaá, que parece saberlo, no ha querido entrar en ellos. De lo que ha dicho hasta ahora se puede colegir, no sin dificultad por la ambigüedad de sus palabras, que lo que el gobierno quiere es que se relajen los criterios de promoción, de manera que la repetición sea “muy extraordinaria”. Es cierto que también ha dicho que se debe evaluar con justicia, pero, como si no se fiara de la capacidad de los maestros para juzgar prudentemente, en la misma entrevista añade que “la repetición debe ser menor porque los alumnos están viviendo situaciones complicadas y muy dolorosas”. ¿Repaso? ¿Hasta cuándo? Tampoco ha quedado muy claro cuál debería ser el contenido de lo que queda de curso. Parece que, más que avanzar materia nueva, el Ministerio insta a los docentes a repasar lo visto en los dos primeros trimestres. En cuanto a cómo ha de evaluarse, sea el contenido nuevo o el repaso, las palabras de la ministra van de lo completamente abstruso, como cuando habla de una evaluación “comprensiva, diagnóstica, e integral” o cuando pide que se dé prioridad “a lo formativo frente a lo académico”, a propuestas un poco más concretas, como que en cada asignatura se evalúen solo competencias básicas. ¿Y cuánto debe contar la nota de este periodo sobre el global del curso? Una vez más, no está claro. El Ministerio no quiere que la calificación general baje por la tercera evaluación; en todo caso, que sirva para subir. La intención de fondo puede ser justa (que los alumnos con problemas de conexión no se vean perjudicados), pero decir que “nadie ha de salir perjudicado” no es la mejor manera de expresarla. Si los profesores no cuentan con el recurso coercitivo del suspenso, es fácil pensar que pierdan precisamente a aquellos alumnos que más necesitarían de su acompañamiento cercano. Por otro lado, están los estudiantes sin especiales dificultades, pero conformistas: para ellos, este criterio sería una invitación a relajarse, una tentación ya de por sí fuerte dadas las circunstancias. Otro asunto confuso es la anunciada apertura de centros educativos en julio. Según qué comparecencia de Celaá, o incluso según qué momento dentro de una misma comparecencia, este periodo se dedicará fundamentalmente a actividades de ocio y deportivas o a repasar contenidos “formativos” (la ministra parece recelar de lo “académico”). A falta de confirmación oficial, parece que será de oferta obligada para las comunidades autónomas –aunque seguramente no tengan que abrir todos los centros– y de elección voluntaria para las familias. El Ministerio ha descartado que sean los profesores titulares los que impartan esta formación. Lo harán “voluntarios”. Siendo realistas, lo más probable es que estas actividades se configuren finalmente como una especie de campamentos urbanos organizados por las Administraciones, lo que no significa que esto no sea un servicio útil para muchas familias; pero presentarlos como una medida compensatoria del cierre de las escuelas por la pandemia resulta un poco ingenuo: ni la temperatura es la aconsejable para dar clases, aunque sean de refuerzo, ni el personal de las ONG puede desempeñar esa función, ni seguramente resulta adecuado para la salud mental de los niños meterles en aulas después de un largo periodo de cuarentena. Además, si se va a promover una evaluación “benévola”, luego no va a ser fácil convencer a muchas familias de que sus hijos necesitan repasar contenidos. Aprovechar las circunstancias Desde luego, las comparecencias de Celaá en los últimos días no pasarán a la historia como un ejemplo de comunicación en tiempos de crisis. En primer lugar, por una cuestión de “foco”: después de centrar la atención en el asunto de la evaluación, ha transmitido un mensaje ambiguo pero que genera suspicacias, como si estuviera recomendando a los profesores que tuvieran “manga ancha” con sus alumnos, pero sin decirlo claramente. Hubiera sido más sensato no haberse pronunciado sobre el tema, dejar las cosas como estaban, y permitir que fueran los profesores los que, con su conocimiento de las circunstancias particulares de cada alumno, juzgaran con sentido común. Al recordarles que deben ser “benévolos”, la ministra les pone entre la espada y la pared con respecto a los padres: unos sospecharán que están inflando las notas injustamente (menos las de su hijo, claro), mientras que otros se agarrarán a la recomendación ministerial para presionar por el aprobado. En vez de centrarse en la evaluación, la ministra habría hecho mejor en recalcar otro aspecto que seguramente hubiera sido mejor recibido por profesores y familias: la posibilidad de aprovechar el tercer trimestre de curso para repasar lo visto anteriormente, y así facilitar que todos los estudiantes se pongan a tono. Quizás haya algunas familias –una minoría, en mi opinión– que consideren que de esta manera se abandonan para siempre unos contenidos, y que esta falta lastrará significativamente el progreso de los estudiantes. Un informe reciente llegaba incluso al absurdo de calcular el porcentaje de salario que los alumnos perderán en un futuro debido a este parón. Las actuales circunstancias ofrecen la posibilidad de afianzar los contenidos fundamentales de cada asignatura y así recuperar a los perdidos A mi juicio, estos planteamientos se basan en un concepto “industrial” del proceso de enseñanza. Cualquier profesor sabe que un buen repaso a final de curso contribuye a fijar los contenidos y destrezas fundamentales, y que esto es probablemente más útil para los alumnos que apurar el tiempo para llegar al final del temario. ¿Cuántos maestros se quejan de tener que ir con la lengua fuera? Si las circunstancias nos fuerzan a bajar la marcha, aprovechémoslo. Además, la mayoría de los temas se vuelven a explicar en cursos posteriores. Es cierto que en Bachillerato, sobre todo en 2º, existe la presión de preparar la selectividad. Una vez más, creo que hay que ser sensatos: no pasaría nada por eliminar contenido, por lo menos este año. No entorpecer la labor de los profesores Si es cierto que se puede criticar la ambigüedad de la ministra, también lo es que no tenía una tarea fácil, y que algunas de las críticas son más aparentes que reales y no están exentas de sus propias contradicciones, como cuando el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid dice que en su región la evaluación “va a tener efectos académicos aunque sin perjudicar a nadie”, algo no muy diferente en esencia de lo que propone Celaá. Y es que hay que reconocer que el final de curso se ha convertido en una auténtica “patata caliente”. Por ello, lo mejor que pueden hacer los distintos actores políticos, de un lado y de otro, es entorpecer lo menos posible de palabra o de obra la labor de los profesores y los colegios, que son quienes mejor pueden hacerse cargo de la complejidad de la situación. Lo cierto es que ya lo hacen cada año cuando se acerca el final de curso. Facilitemos su tarea todo lo posible (por ejemplo, con el reparto de dispositivos digitales a los alumnos desfavorecidos), y confiemos en su criterio. Quiero creer que la mayoría de ellos saben perfectamente que tan nocivo puede ser el aprobado general como la obsesión por el temario.

La “patata caliente” del final de curso

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