Un grupo de familias cuyos hijos se autodeclaran “trans” se unen para pedir al gobierno y a la sociedad prudencia ante la disforia de género en adolescentes.
El próximo cierre de la clínica británica de identidad de género viene precedido por un informe sobre sus procedimientos irregulares, y acompañado de una posible demanda judicial por daños.
Tras años de un aumento de casos de disforia de género y de aplicación de terapias afirmativas, la tendencia comienza a experimentar un estancamiento por causas aún desconocidas.
Los padres de menores diagnosticados con disforia de género suelen sufrir presiones varias para que afirmen automáticamente a sus hijos en el “género sentido”.
Contra una sentencia anterior, un tribunal británico señala que los médicos, no los jueces, son quienes pueden determinar la madurez de un menor para autorizar tratamientos para cambiar de sexo.
El obispo de Arlington (Virginia), Michael F. Burbidge, presenta la enseñanza de la Iglesia católica sobre la identidad sexual, con algunas sugerencias pastorales.
El hospital infantil que realizaba los tratamientos admite que estos pueden tener “irreversibles consecuencias adversas”, y establece que cada caso se examine rigurosamente.
Asociaciones de profesionales de la salud advierten de las consecuencias negativas que tendría la norma del Ministerio de Igualdad, de aplicarse en su redacción actual.
Al igual que otras normas del mismo estilo, la “Equality Act” estadounidense está más interesada en exigir la adhesión a una ideología que en combatir la discriminación.
El borrador preparado por el Ministerio de Igualdad español provoca el rechazo de un amplio sector del feminismo y una división entre los socios de gobierno.
Un libro basado en entrevistas a chicas adolescentes con disforia de género denuncia que se les está incitando a cambios irreversibles en vez de ayudarles a superar su problema.
