En Argentina, un nuevo Protocolo pretende eliminar de facto cualquier impedimento para efectuar el aborto, aun cuando el Código Penal lo sigue castigando.
La necesidad del contar con los padres para abortar, la subida de la edad de consentimiento sexual y de la edad para contraer matrimonio, son las propuestas del gobierno.
Tras la retirada de la “ley Gallardón”, queda por ver qué decide el Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la ley del aborto de 2010. Por el momento, ya se intenta condicionar al Tribunal con motivaciones políticas.
Ante las dificultades para aprobar la ley del aborto, el gobierno ha reaccionado con el mismo pragmatismo que la mujer que interrumpe su embarazo, porque han cambiado las circunstancias.
Cuando se promueve una visión negativa de la maternidad, es difícil convencer a los empresarios de que las embarazadas no son un lastre para sus negocios.
