La Santa Sede y otros países han sido presentados como los "intransigentes" en la Conferencia de El Cairo por negarse a aceptar "fórmulas de compromiso" sobre el derecho al aborto. El compromiso consistía en decir, por una parte, que el aborto no debe ser estimulado como medio de planificación familiar; y por otra, que los gobiernos deben considerar el aborto "inseguro" como un problema importante de salud pública, lo cual supone implícitamente que bastará legalizarlo para que sea seguro.
La solución elegida para ampliar la despenalización del aborto en España no ha procurado sorpresas. Fuentes del gobierno venían insistiendo en que se quería encontrar una fórmula basada en un sistema de plazos, en el que la mujer tuviera la última palabra. Lo más llamativo del proyecto es su ataque a la objeción de conciencia de los médicos.
