Chile, uno de los pocos países donde no existe el divorcio, asiste a un amplio debate sobre los proyectos de ley para legalizarlo presentados al Parlamento. El Congreso Nacional estudia también otras propuestas sobre temas relativos al derecho de familia, como las causas de nulidad matrimonial, la filiación o el pago de pensiones en caso de separación. Además, varios diputados han solicitado la reimplantación del aborto terapéutico. Estas iniciativas han ido llegando al Parlamento en los últimos cuatro años y están aún pendientes de debate.
Sobre el divorcio se han presentado dos proyectos, y se ha anunciado la introducción de dos más por parte de sendos grupos de parlamentarios, democristianos en uno de los casos. En general, los promotores los justifican afirmando que, al no existir posibilidad legal de disolver el matrimonio, las rupturas se consuman mediante un recurso fraudulento a la nulidad civil, y que, por la misma causa, hay un número desproporcionado de uniones de hecho. Las proposiciones difieren sobre los plazos y procedimientos para dictar sentencia de divorcio.
Los intentos de introducir el divorcio son objeto de polémica. Entre quienes se han manifestado en contra destaca Pedro Morandé, pro-rector de la Universidad Católica de Chile y miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Morandé objeta que legalizar el divorcio supondría que el Estado no reconocería a personas adultas, con plena capacidad y libertad, la facultad de asumir un compromiso vitalicio. Ningún matrimonio sería ya indisoluble ante la ley, de modo que «el Estado dejaría de ser testigo de un acuerdo entre dos personas libres, para convertirse en instancia que determina y hasta impone los términos del acuerdo. Significaría (…) que el Estado estaría por encima de las personas concretas».
Por otra parte, se ha dicho también que -como muestra la experiencia extranjera- el divorcio no evita el aumento de uniones de hecho, sino que ambos fenómenos aumentan en paralelo.
En cambio, parece cierto que en Chile proliferan las declaraciones de nulidad civil obtenidas mediante fraude de ley. Por eso, seis diputados democristianos han presentado un proyecto que suprimiría como causa de nulidad la incompetencia del funcionario del registro civil encargado de certificar el matrimonio, punto en el que se apoyan la mayoría de los fraudes. En su lugar, el proyecto prevé unas causas de nulidad tomadas de impedimentos reconocidos en el Derecho Canónico: un grave defecto del juicio acerca de los derechos y deberes esenciales que comporta el matrimonio, así como la incapacidad, por causas psíquicas, para asumir las obligaciones esenciales de los casados. Además, se propone que en las causas de nulidad civil intervenga el Ministerio Público con la función de asegurar que no haya fraude.
Aun sin divorcio, también en Chile hay problemas con el pago de las pensiones alimentarias asignadas en las sentencias de nulidad o separación. Un proyecto de ley presentado al Parlamento propone especificar la condición de alimentante en los documentos personales de los implicados, de modo que se les pueda más fácilmente exigir la pensión en caso de impago. Según otro proyecto, los tribunales podrían imponer multas a los deudores.
Sobre el régimen de la filiación se han presentado dos proyectos. La legislación vigente establece que, en la herencia, al hijo ilegítimo reconocido voluntariamente corresponde una parte equivalente a la mitad de la del hijo legítimo. Si el reconocimiento es forzado, el hijo tiene derecho a pensión alimentaria, pero no a herencia. Los proyectos de reforma pretenden equiparar jurídicamente a unos y otros hijos, aunque con algunas salvedades.
En cuanto al aborto, un proyecto de seis diputados, casi todos socialistas, propone que se vuelva a legalizar el llamado supuesto terapéutico (para salvar la vida de la madre), que fue abolido en 1989. Chile es uno de los 17 países del mundo que prohíben el aborto en cualquier circunstancia.