La necesidad de defenderse eficazmente de la agresión rusa lleva a Ucrania buscar dinero incluso debajo de las piedras. Se precisan medios de ataque, proyectiles, logística…, y al diputado Yaroslav Zhelezniak, presidente de la comisión de finanzas del Parlamento nacional, se le ha ocurrido una polémica idea: legalizar la producción, comercialización y tenencia de pornografía, para así poder colectar impuestos de la actividad y apoyar el esfuerzo bélico.
Como en el cuento de la lechera, el legislador ha hecho sus especulaciones y estimado que, con lo recaudado (unos 25 millones de dólares cada año), se podrían comprar 30.000 drones como esos que, día sí, día también, caen sobre objetivos económicos y militares rusos.
La propuesta de ley n.º 15294, encaminada a poner fin a la prohibición de la producción o tenencia de material pornográfico, ya dio un primer paso en julio, cuando su versión original obtuvo el voto favorable de 231 diputados en el Parlamento unicameral, frente a ocho que lo rechazaron. El trámite, pues, continúa, y pocos dudan de que saldrá adelante, máxime porque en el articulado de la norma se incluye también un recrudecimiento de las penas a aquellos que produzcan y/o distribuyan pornografía infantil.
Aunque la producción y el uso de la pornografía están prohibidos en Ucrania, las “creadoras” deben tributar por su actividad
“Se trata de dos cuestiones políticas completamente distintas –dice a Aceprensa Yuliya Sporysh, directora de la ONG Girls, que trabaja por la protección de mujeres y niñas–. Combinarlas, en nuestra opinión, es una estrategia legislativa deliberada: es mucho más difícil para los diputados votar contra un proyecto de ley si se presenta como orientado a ‘proteger a los niños’, incluso si al mismo tiempo abre la puerta al mercado de pornografía comercial”.
Por supuesto, la medida cuenta con el apoyo de las “creadoras de [este tipo de] contenido”. Se estima que unas 15.000 ucranianas suben sus desnudos a la plataforma, cobran por ello y, ¡sorpresa!, también tributan, a pesar de que les pueden aplicar penas de privación de libertad de hasta siete años. El Estado ha echado mano de los registros y estadísticas que le ha enviado desde el Reino Unido la empresa Fenix International, propietaria de OnlyFans, con los datos de casi 8.000 ucranianas dedicadas a esta práctica; se ha enterado de que estas ganaron 131 millones de dólares solo en 2023, y por supuesto, Hacienda quiere su parte del pastel.
Porque la actividad está prohibidísima, pero el que la prohíbe no tiene reparos en pasar el cepillo.
Un delito “sin víctimas”
Tejen redes de camuflaje para despistar a los drones y a otros medios de observación rusos, acopian medicinas y chalecos antibalas, envían camillas, alimentos y mantas a la primera línea de combate… Según un amplio reportaje en Le Monde, el 71% de la población civil ucraniana se ha implicado de modo voluntario en actividades de apoyo a la defensa del país.
En este clima de “todos a una”, pocos meses después de la invasión rusa de febrero de 2022, algunas entendieron que la pornografía podía ser su “voluntariado” y crearon TerOnlyFans, abreviatura de “Territorial Defence OnlyFans”. Las personas enlistadas en este peculiar servicio se ofrecen para enviarles fotos de desnudos a los usuarios de la plataforma, si previamente estos hacen una donación a la defensa del país y giran el comprobante de la transferencia a la modelo de su elección.
Además de esta faceta “patriótica” del porno, ya aprovechada por el diputado Zhelezniak, los defensores de darle carta blanca a la actividad argumentan que ello contribuirá a combatir la corrupción policial. “No es raro –señalan los autores de un artículo en The Kyiv Independent– que la policía trate a las creadoras adultas como ‘criminales peligrosas’, al irrumpir en sus casas y arrojarlas al suelo, antes de exigirles que firmen confesiones, para obtener un soborno o para cerrar el caso rápidamente”.
Las escenas de este tipo se multiplicaron precisamente a raíz de la decisión de Fenix International que facilitó la identidad de tantas mujeres: para que la policía les diera un respiro, muchas tuvieron que pagarles sobornos a los agentes o hacerles favores sexuales. Los partidarios de la legalización sostienen que, cuando esta se certifique, miles de ucranianas dejarán de ser blanco de extorsión y podrán seguir en lo suyo sin temor a complicarse, al tiempo que las autoridades se ahorrarán recursos hasta ahora destinados a perseguir la pornografía, y podrá dedicarlos a otros fines.
La actual prohibición “es una carga innecesaria para el sistema legal en un momento en que deberíamos centrarnos en defender el país”, se queja Lesia Mykhalenko, abogada que ha representado a más de 100 creadoras de Onlyfans. “El Estado –añade– financia grupos de investigación, revisiones judiciales, jueces, asistentes, fiscales y expertos para responsabilizar a las creadoras de contenido para adultos por delitos que no tienen víctimas”.
Según este punto de vista, no habría materia alguna de infracción, solo una habitación cerrada, una cámara de vídeo o de fotos, una mujer dueña de su libertad y una plataforma digital donde colgar el material con el pleno consentimiento de la filmada. ¿Cuál sería el problema?
“El consentimiento no elimina la coacción”
Quizás mejor hablar, no de uno, sino de varios problemas. Entre los más obvios está la imposibilidad de certificar al 100% que el material pornográfico ha sido grabado realmente con plena libertad de la mujer; que esta no ha sufrido coacción alguna para que lo haga.
Respecto al teórico asentimiento en estos casos, la directora Sporysh señala baches en la ley propuesta. “El proyecto define los límites de la responsabilidad penal únicamente en función de la presencia o ausencia del ‘consentimiento’ de la persona retratada, sin tener en cuenta que el consentimiento puede obtenerse mediante coacción, deuda, chantaje, manipulación o explotación de una situación de vulnerabilidad”.
“Según nuestra experiencia en la prevención de la violencia de género y la trata de personas –agrega–, el consentimiento formal suele darse precisamente en situaciones de explotación, y no elimina, por sí solo, la coacción. Despenalizar la producción y distribución comercial de imágenes sin definir previamente qué constituye un consentimiento legítimo, informado y revocable nos priva de una herramienta legal que actualmente protege a las mujeres precisamente en estas situaciones”.
El consentimiento no implica, por supuesto, exorcizar la decisión de todo efecto dañino. Una minuciosa investigación publicada por Reuters hace un par de años, “OnlyFans Exposed”, documentó en un reportaje de siete partes las graves violaciones que se cometen contra la integridad física y psicológica de muchas mujeres involucradas “libremente” en el negocio de OnlyFans: atropellos y abusos por parte de parejas sentimentales o mánagers que las obligan a posar desnudas; situaciones de aislamiento, tortura y esclavitud sexual; casos de agresiones sexuales contra menores de edad, etc.
Los mánagers de las creadoras de OnlyFans pueden llevarse entre el 50% y el 70% de lo ganado por aquellas
“OnlyFans –señala la agencia británica– afirma que prohíbe la prostitución y la ‘esclavitud moderna’, que incluye la trata de personas y el trabajo forzoso. Asegura que sus moderadores revisan todo el contenido del sitio y que están capacitados para identificar y denunciar casos sospechosos de trata. OnlyFans ha liderado ‘la atención a la seguridad de las personas en el ámbito del contenido para adultos’, declaró la directora ejecutiva, Keily Blair”.
La directora dijo entonces que “todo el contenido [de la plataforma] es revisado por moderadores humanos con ayuda de la IA”, sin embargo, entre los casos documentados por Reuters se incluyó el vídeo de una modelo que, a pesar de insistirle a su interlocutor en que no deseaba mantener relaciones sexuales, este la había obligado a ello. “Si realmente estuvieran moderando ese video, lo habrían visto y oído”, dijo el abogado de la chica.
Por otra parte, estaría el cuestionable modo en que se distribuyen los ingresos obtenidos del “trabajo”. Según cifras de la propia web de OnlyFans, la plataforma tiene globalmente más de 377 millones de usuarios y unos 4,6 millones de creadoras que suben vídeos y fotos de pago. La empresa se queda con el 20% de los ingresos totales, que en 2024 excedieron los 7.200 millones de dólares, mientras que el 80% restante no queda limpio de polvo y paja para ellas.
En junio, la BBC tuvo acceso a varios contratos firmados por “creadoras de contenido” y por sus mánagers, y atestiguó que estos últimos pueden llevarse entre el 50% y el 70% de lo ganado por aquellas. En algunos casos, según narran varias modelos, los mánagers tienen acceso a las cuentas bancarias de ellas y desvían dinero hacia sus propias cuentas, o bloquean directamente el acceso de las titulares. Intentar reclamarles o querer dejarlo todo atrás puede tener un alto precio en amenazas, acoso, extorsión y palizas.
Conque el “delito sin víctimas” del que hablaba la abogada Mykhalenko gravita entre la ingenuidad y el pensamiento mágico.
Un escaso sentido de la oportunidad
De una parte, la aprobación final de la norma pro-porno ampliaría las bases para el deterioro moral en un país ya muy tocado por la necesidad material. Si la ley sale adelante, en palabras de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, “convertirá a Ucrania en un Pornhub, donde se ganarán cientos de miles de millones de grivnas desmoralizando a nuestra sociedad”.
De otra, en medio de una guerra sin visos de tregua, con la incertidumbre de si el edificio en que se vive amanecerá en pie o desplomado tras el impacto de un misil nocturno, con la angustia por la lejanía y el peligro que corren en el frente los familiares varones…, se advierte el escaso sentido de la oportunidad que exhibe la mayoría legislativa a la que le ha parecido que este es buen momento para que las mujeres ucranianas incursionen “libremente” en ese mundillo.
“El momento elegido hace que la decisión del Parlamento ucraniano sea particularmente preocupante –nos dice la activista feminista María Dmytrieva–. Ucrania se enfrenta a una grave crisis demográfica y les está pidiendo a las refugiadas y a sus hijos que regresen. Pero las mujeres afectadas por el desplazamiento, la pobreza, la pérdida de vivienda e ingresos, la ocupación y la separación familiar se enfrentan a mayores riesgos de trata, de reclutamiento online y de explotación sexual”.
En opinión de Dmytrieva, resulta incoherente y particularmente cínico invitar a las mujeres a retornar, mientras se debilitan las barreras legales que pudieran protegerlas de una industria que se beneficia precisamente de vulnerabilidades ahora acentuadas por el conflicto.
Yuliya Sporysh abunda en la idea: “Las mujeres y adolescentes que ya se encuentran en situaciones de fragilidad; desplazadas por la guerra, desempleadas o económicamente dependientes, corren un mayor riesgo de ser reclutadas o coaccionadas para trabajar en una industria que ahora tendrá menos obstáculos legales para su crecimiento comercial”.
Y nos invita a reparar en un punto: “Existe también un aspecto específico de Ucrania, relacionado con la guerra, que merece especial atención: fuentes rusas ya han difundido material que muestra violencia sexual contra prisioneros de guerra y civiles ucranianos de los territorios ocupados. El mercado comercial de pornografía, que opera sin la verificación obligatoria del origen, de la identidad o del consentimiento de las personas que aparecen en las imágenes, supone un riesgo real de convertirse en un canal para la distribución y monetización de material relacionado con crímenes de guerra, lo que implicaría la revictimización de personas que ya han sufrido graves daños”.
En efecto: hacen falta los drones que pide el diputado Zhelezniak. Pero si van a salir de la pornificación y la humillación monetizada de sus conciudadanos –y conciudadanas–, probablemente terminen estallando en la muy traumatizada Ucrania de posguerra.
