Educación - Segunda parte de un análisis sobre los aspectos más relevantes de la nueva y polémica ley educativa española.

En la primera parte de este artículo analizamos lo que estipula la ley respecto a la elección de centro escolar, la financiación de la concertada, o la educación especial. En esta segunda entrega examinamos lo referente a la enseñanza diferenciada, el estatus del castellano y algunos aspectos curriculares, entre ellos la asignatura de religión. El texto de la LOMLOE no es, desde luego, continuista. Respecto a la LOMCE, la ley actualmente vigente y aprobada por el Partido Popular en 2013, plantea casi una enmienda a la totalidad (incluso exagerando algunos desacuerdos que son más formales que reales, como en el caso de las llamadas reválidas a final de Primaria y Secundaria, que nunca llegaron a funcionar como tales). Pero también se introducen cambios importantes respecto a la anterior ley socialista, la LOE (2006). Estos consisten, casi siempre, en la consumación de determinadas “inclinaciones” que se quedaban esbozadas en aquella, aunque sin llegar a materializarse. Conciertos vetados para la educación diferenciada Un ejemplo es lo que ocurre con la enseñanza diferenciada por sexos. En la LOE simplemente se afirmaba una preferencia por la escuela mixta o coeducación; una lectura ambigua que la LOMCE zanjó uno años después mediante un añadido al artículo 84 en el que se niega el supuesto carácter discriminatorio de la diferenciada, siempre que se desarrolle conforme a los tratados internacionales suscritos por España. En concreto, se refiere al artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. Tal Convención estipula que esta opción pedagógica solo se podría considerar segregadora si la educación recibida por chicos y chicas fuera de diferente contenido o calidad, algo que no ocurre, pues en ambos casos se sigue el mismo currículum y estándares de evaluación. En cualquier caso, y para asegurar un enfoque igualitario, la LOMCE obligaba a los centros diferenciados a “exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema”. Cumplido este requisito, “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. La ley Celaá elimina todas estas consideraciones y añade, respecto a la LOE, una disposición adicional (la número 25) por la que directamente se veta el acceso a conciertos a los centros de educación diferenciada, aunque sin motivarlo en un supuesto carácter segregador, sino en un vago afán “igualitario”. Esta imprecisión, que no deja de ser grave –pues se recorta una garantía con base constitucional sin aportar un fundamento preciso–, probablemente obedece al deseo del legislador de cubrirse las espaldas frente a un recurso de inconstitucionalidad: varias sentencias recientes del Tribunal Supremo y del propio Constitucional han refrendado que el modelo diferenciado no es discriminatorio per se (ver Aceprensa, 25-05-2017 y 23-04-2018), por lo que una afirmación en sentido contrario en la ley probablemente la pondría en peligro ante un eventual litigio. En cambio, al basar la prohibición en una afirmación positiva (fomentar la igualdad) en vez de negativa, el legislador se evita este problema. No obstante, como las consecuencias en la práctica son las mismas, es probable que de todos modos pueda ser invalidada por los tribunales. Sin ir más lejos, hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la entrada en vigor de una orden de la Generalitat aprobada el pasado mayo, por la que se denegaba el concierto a once escuelas diferenciadas (ver Aceprensa, 1-06-2020). Aunque por ahora solo se trata de medidas cautelares en tanto se dirime la cuestión de fondo, la jurisprudencia reciente hace esperar un veredicto favorable a los centros. Menos garantías para la educación en español Otro de los motivos por los que varios partidos han anunciado que recurrirán la ley Celaá ante los tribunales es que, en su opinión, el nuevo texto desprotege el uso del español como lengua vehicular, de manera que puede ser marginado en los territorios con otras lenguas cooficiales. Efectivamente, la LOMLOE elimina gran parte de la disposición adicional 38, añadida por la LOMCE a la anterior ley socialista, y que, entre otros asuntos, definía el castellano como “lengua vehicular en todo el territorio” y blindaba “una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable”. También se suprime la prohibición de que la política lingüística “sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación”, o el apartado en que se atribuía a la Alta Inspección del Estado la función de “velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de la lengua vehicular en las enseñanzas básicas”. Es razonable suponer que tales desapariciones obedecen a un deseo del ejecutivo de congraciarse con algunos de sus socios políticos de partidos nacionalistas. No obstante, la ley Celaá protege más la enseñanza en español de lo que lo hacía la LOE. Ahora, al menos, se reconoce el derecho de todos los alumnos a recibir enseñanza en castellano (aunque no se concrete en qué proporción) y se requiere a las comunidades autónomas que aseguren “el dominio pleno” o la “competencia en comunicación” tanto en castellano como en la lengua cooficial, en pie de igualdad. Se introduce la “perspectiva de género” como contenido transversal en todas las materias, en algunos casos de manera forzada Estas prevenciones podrían ser suficientes para que, ante un eventual recurso, el Tribunal Constitucional avalara la ley, pese a que objetivamente desaparecen protecciones frente a posibles abusos lingüísticos (que de hecho se han producido en algunos territorios). Valores cívicos y éticos, “historia democrática” y perspectiva de género El texto de la LOMLOE también trae importantes cambios en cuanto al currículum de las etapas obligatorias. Por ejemplo, se recupera de la LOE la obligatoriedad de cursar una asignatura de “Educación para la ciudadanía”, que ahora se llamará “Valores cívicos y éticos”. En Primaria será parte de uno de los dos últimos cursos, igual que en la LOE, pero ahora incorporará contenidos referentes a la “ciudadanía mundial” o el “valor social de los impuestos” que antes no aparecían; en Secundaria solo se dará en uno de los cuatro años (aunque la redacción no es clara, parece que será en el cuarto), uno menos que lo que estipulaba la LOE. Por otra parte, la ley Celaá incorpora numerosas referencias a una serie de contenidos transversales que se deberán desarrollar en el currículum, aunque sin especificar cuándo. Por ejemplo, se habla de competencia digital, valoración de los animales, formación afectivo-sexual, “aceptar el propio cuerpo” (habrá que ver cómo valora esto el movimiento trans), espíritu emprendedor o desarrollo sostenible, entre otros. También hay varios añadidos que piden fomentar la competencia cultural, con especial atención al ámbito artístico, humanístico y científico. Todos estos temas pueden ser, efectivamente, muy interesantes para lograr una educación integral. No obstante, con frecuencia vienen acompañados de la coletilla de la “perspectiva de género”, en algunos casos de forma muy forzada, como cuando se habla de la competencia digital. Lo mismo ocurre en otro asunto que ha despertado polémica: la mención de la “memoria democrática”, un contenido sin cauce específico (no se dice cuándo se estudiará ni dentro de qué asignatura) pero que “deberá plantearse, en todo caso, desde una perspectiva de género, haciendo especial hincapié en la lucha de las mujeres por alcanzar la plena ciudadanía”. Asignatura de religión En cuanto a la asignatura de Religión, se podría decir que la “ley Celaá” vuelve al marco fijado por la LOE, derogando los cambios introducidos por la LOMCE. Su regulación vuelve a quedar fuera del apartado dedicado a la programación curricular y se relega a una disposición adicional; de esta forma, su anclaje legal queda debilitado ante posibles “recortes” de horas. Así pues, con la nueva ley en la mano, la asignatura de Religión no es una entre las demás, sino una especie de añadido ajeno al sistema, solamente justificado por los acuerdos entre el Estado y el Vaticano. Por otra parte, se suprime de la LOMCE una parte de la disposición adicional segunda que atribuía a “las respectivas autoridades religiosas” la competencia para “la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables”; y de la LOE, el siguiente fragmento de la disposición adicional tercera: “En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente cada año”. La ley favorece la relación del la FP con el mundo laboral Para conocer más detalles sobre cómo queda la materia habrá que esperar al desarrollo de reales decretos. Es probable que estos se parezcan a los aprobados tras la LOE, que estipulaban que aquellos que no cursaran Religión recibirían “la debida atención educativa”, lo que acabó cristalizando en una “asignatura espejo” con un currículum exiguo y unos estándares de evaluación bastante ambiguos. Está por ver si, para los que sí escojan estudios religiosos, se recupera la opción de cursar “Historia y cultura de las religiones”, una materia interreligiosa que introdujo la LOE. La Conferencia Episcopal había propuesto un enfoque que incorpora aspectos de las propuestas del PP y PSOE: crear un área de Valores y cultura religiosa (dentro del currículo, no como un añadido adicional), y que dentro se integren distintas materias: religión católica o de otras confesiones, cultura de las religiones o ética. Sin embargo, este enfoque más integral no parece haber encontrado eco en el ejecutivo. Formación Profesional y otros asuntos La LOMLOE aporta pocas pero interesantes novedades sobre la Formación Profesional. La mayor parte de ellas tienden a mejorar la relación entre la enseñanza y el mundo laboral. Así, se establece que las Comunidades “diseñarán la oferta de grados teniendo en cuenta el tejido productivo autonómico”. Además, y aunque de manera excepcional, podrán ser profesores personas con títulos técnicos (no hace falta que posean grados universitarios o equivalentes), además de trabajadores del sector productivo relacionado con el grado. Por otro lado, “las Administraciones impulsarán acuerdos con los Colegios Profesionales u otras instituciones que contribuyan a mejorar la calidad de la formación permanente del profesorado”. Otro cambio polémico de la ley es la inclusión, dentro del Consejo Escolar de los centros concertados, de un representante del ayuntamiento. Para algunos, esta figura –que ya existía en los de titularidad pública– puede convertirse en una suerte de “comisario político” que limite la autonomía de los concertados. Aunque la ministra ha asegurado que su intervención se limitará a los asuntos económicos, no a los propiamente educativos, lo cierto es que la ley no establece esa diferencia. Además de todos los temas mencionados, la LOMLOE trae cambios en otros ámbitos: solo se podrá repetir dos veces en toda la etapa obligatoria (una, como mucho, en Primaria); podrá obtenerse el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, si el claustro lo considera oportuno; se declara el carácter educativo –y, por tanto, más regulado– del primer ciclo de educación infantil (no solo el segundo, como hasta ahora); se elimina del artículo 147 el compromiso de publicar los resultados de los colegios en las evaluaciones externas, y en cambio aparece una prohibición de utilizar estas para “clasificaciones de centros”; y por primera vez en una ley de educación, se establece que “los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para su puesto o una notoria falta de rendimiento” podrán ser retirados de su función y recolocados “en otras tareas que no requieran trato directo con el alumnado”.

Cómo queda la “ley Celaá” (II)

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