“La educación pública se enfrenta a una crisis de proporciones épicas”. Con esta contundente afirmación titulaba Laura Meckler un artículo publicado en The Washington Post el mes pasado. Meckler aludía a una serie de indicadores: desciende la matriculación, aumentan los incidentes violentos y el absentismo, empeoran los resultados, faltan profesores, y cada vez hay más padres que acuden a los centros a quejarse, a veces de forma airada.
Realmente, entre estos factores no es sencillo distinguir causas de consecuencias. Por otro lado, algunos resultan de circunstancias recientes, como por ejemplo la pandemia, y otros obedecen a problemas que podríamos llamar estructurales, y que no pueden solucionarse únicamente desde la escuela, como la desigualdad social o la segregación urbanística. En cualquier caso, sí resulta significativa la reacción que están protagonizando muchas familias en los últimos meses, y que está generando una cierta sensación de “momento histórico” y “toma de conciencia”.
Básicamente, las quejas se refieren a tres aspectos: la deficiente respuesta de muchos centros públicos ante la pandemia –y las causas de esta respuesta–, la percepción de que la ideología woke se ha infiltrado en las aulas sin consentimiento de los padres, y la denuncia de que no se está haciendo todo lo necesario para mejorar el rendimiento académico, que lleva años bajando.
Pandemia, burocracia y sindicatos
El cierre de los colegios por el covid-19 puso a prueba la flexibilidad y la operatividad de cada centro. Ciertamente, no todos partían en la misma posición. En general, los situados en zonas más pobres contaban con el importante obstáculo de que muchos de los alumnos no disponían de un dispositivo electrónico o una conexión a Internet adecuada para poder seguir las clases online. Sin embargo, incluso comparando escuelas con un perfil socioeconómico similar, las públicas se desempeñaron peor que, por ejemplo, las charter schools, que también son gratuitas pero se gestionan de forma mucho más autónoma.
En Estados Unidos, la introducción de contenidos “woke” en los planes de estudio ha causado una polémica enconada
Algo similar parece haber ocurrido en España. Según un reciente informe referido a alumnos de secundaria del País Vasco, los de centros públicos experimentaron un estancamiento académico significativamente mayor que los de escuelas concertadas durante la pandemia y pospandemia, incluso después de descontar el efecto del factor socioeconómico.
Con todo, el principal motivo de queja entra las familias estadounidenses descontentas tiene más que ver con la excesiva duración del periodo de educación remota que con sus consecuencias. En concreto, muchas familias consideran que los sindicatos y las asociaciones de profesores de la red pública, al exigir unas condiciones de seguridad poco realistas para la vuelta a las aulas, han puesto sus propios intereses por encima del de los alumnos. En algún caso, solo la presión de los padres ha conseguido que se adelantara el regreso de la presencialidad.
Por otro lado, se quejan de que la excesiva burocratización de la red pública ha entorpecido el desarrollo de iniciativas en centros que podían haber reaccionado con una mayor prontitud.
Ideología “woke”
Otra de las fuentes de descontento entre muchos padres de la red pública es el adoctrinamiento en la ideología woke que, en su opinión, estarían recibiendo sus hijos.
El asunto es bastante polémico en sí mismo: quienes piensan así consideran que se está vulnerando su derecho fundamental a educar a los hijos según los propios valores; mientras, del otro lado, se acusa a estas familias de obstaculizar el deber escolar de fomentar el juicio crítico de los alumnos, y se señala a algunos grupos conservadores como los verdaderos urdidores de la oleada de protestas.
Pero, más allá de la batalla dialéctica, se han producido actuaciones desmesuradas por ambas partes que han enconado aún más el enfrentamiento. Algunos padres han tratado de boicotear –y a veces lo han conseguido– reuniones de distintas autoridades educativas. En algunos casos ha habido incluso detenciones por comportamientos amenazantes.
Tampoco desde el otro bando se ha contribuido a apaciguar el debate, más bien lo contrario. A finales del año pasado se filtró una carta enviada por la Asociación Nacional de Consejos Escolares al presidente Biden, en la que se utilizaba la expresión “terrorismo doméstico” para referirse al comportamiento agresivo de algunas familias. Por otro lado, en las pasadas elecciones al estado de Virginia, el contendiente demócrata declaró que los padres “no deben decir a los colegios qué deben enseñar”, refiriéndose a los contenidos relacionados con la ideología woke. Esta frase, que recuerda a la de la exministra de Educación en España (“los hijos no son de los padres”), encendió los ánimos de muchas familias y, según los analistas, fue determinante para que este candidato terminara perdiendo las elecciones en un territorio tradicionalmente demócrata.
Según un informe, las escuelas concertadas del País Vasco han respondido mejor a la emergencia sanitaria por su mayor autonomía y por la necesidad de satisfacer a las familias
De esta forma, el enfrentamiento por la ideología woke u otros contenidos relativos a la educación en valores se ha vuelto cada vez más agrio. Se agradecen, por eso, los intentos conciliadores. Por ejemplo, el de una profesora de la red pública de Arizona, que, en un artículo reciente, defendía las llamadas “leyes de transparencia curricular”, que obligan a los profesores a publicar los contenidos impartidos en clase. Según ella, la escuela debe fomentar el pensamiento crítico en los alumnos, y esto solo se puede conseguir exponiéndolos a distintas teorías, a veces rivales. Sin embargo, “ante la creciente polarización de los planes de estudio, y ante la creciente alarma de los padres –a menudo con razón– por los contenidos, nos corresponde poner algún tipo de salvaguarda en estos debates. Los padres merecen saber lo que sus hijos escuchan, discuten y aprenden en la escuela, donde pasan la mitad del día y a menudo más”.
Estancamiento académico
En la investigación sobre el diferente desempeño de las escuelas públicas y concertadas vascas durante la pandemia, los autores formulaban tres posibles causas para el fenómeno: el mayor sentido de urgencia de estas últimas, consecuencia de la necesidad de corresponder al gasto hecho por las familias; su mayor grado de autonomía, que les permitió responder más ágilmente; y que contaban con más preparación en cuanto al uso de herramientas digitales.
Mientras que los dos primeros factores se refieren al funcionamiento interno del colegio –aunque de alguna manera también están condicionados por elementos externos–, el tercero apunta a la diferencia de recursos entre unas escuelas y otras. En Estados Unidos, existe un gran debate en torno a la financiación de los centros públicos, que muchos consideran insuficiente, y que se manifiesta sobre todo en la escasez de profesores.
En realidad, como han comentado algunos analistas, existen diferencias de recursos no solo entre los centros privados y públicos, sino también dentro de estos últimos. En parte, la brecha se explica por la segregación urbanística. La mayoría de la financiación en las escuelas públicas proviene de los impuestos recaudados a nivel local, y, en concreto, de las tasas a la propiedad. Esto hace que las situadas en barrios ricos, donde se recauda más por este concepto, gocen de más recursos, aunque luego los fondos aportados por las autoridades estatales y federales traten de compensar las desigualdades. Para paliar el problema, en las últimas décadas se han aprobado varias reformas en el mecanismo de financiación, pero sus efectos aún no han equilibrado las cuentas, y las sucesivas crisis económicas de los últimos años han vaciado las arcas de los gobiernos.
Remedios
No obstante, otros expertos señalan que la culpa del pobre desempeño y del empeoramiento del clima escolar en las escuelas públicas no obedece solo, ni siquiera mayoritariamente, al factor económico.
En este sentido, se ha hablado de la necesidad de mejorar la disciplina y cultivar un ambiente de altas expectativas académicas, y para ello reforzar la autoridad del profesor; de flexibilizar el acceso y el despido de nuevos docentes, al estilo de las charter schools; de consolidar un currículum estable y centrado en las destrezas fundamentales, y en concreto, de aumentar el tiempo dedicado a la instrucción lingüística, talón de Aquiles de los estudiantes desaventajados. También se propone ensanchar la libertad de los padres para elegir centro; u obligar a las escuelas a ofrecer con transparencia los datos que permitan saber el rendimiento relativo –conforme a los años anteriores– de cada una, y aun de cada profesor.
Algunas de estas medidas, que son consideradas anatema en parte de la izquierda y los sindicatos de profesores, eran reclamadas hace unas semanas dos altos cargos del Progressive Policy Institute, un think tank tradicionalmente ligado al partido demócrata.