Tras la revuelta contra la reforma de las pensiones, se adivina una crisis de representación política, con la resistencia a aceptar recortes del Estado del bienestar.
La primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, gobernará con el Partido Liberal y el Moderado, una coalición difícil de repetir en otros países europeos.
Ante la pérdida de empleos y la reducción de ingresos, la idea es que todos los ciudadanos reciban un pago del Estado para disponer de una renta que cubra sus necesidades básicas.
Una renta básica universal de un importe significativo exigiría más impuestos y una reducción de las prestaciones existentes, sin garantía de eliminar la pobreza.
El líder republicano, la tercera autoridad política de EE.UU., es un buen ejemplo del nuevo conservadurismo que reclaman algunos intelectuales de la derecha.
Las iniciativas de renta básica se reducen por ahora a algunos experimentos con poblaciones reducidas y en zonas pobres, que no han sido evaluadas con rigor científico.
Los socialistas más a la izquierda, como Bernie Sanders en EE.UU. o Pablo Iglesias en España, han elegido a Dinamarca como ejemplo a seguir. Pero sus propuestas casan mal con el pragmatismo nórdico.
En algunos países, el presunto abuso de algunas prestaciones sociales suscita el debate sobre cuál debe ser el límite al principio de solidaridad social.
Podemos quiere para España un nivel de protección social parecido al del norte de Europa. Pero no dice lo que cuesta ni si es viable en la actual coyuntura.
La Confederación de la Industria Británica presenta unas propuestas basadas en la idea de que para mejorar la satisfacción de los usuarios no hace falta gastar tanto dinero.
El programa Bolsa Família (Brasil) y los cupones de comida (EE.UU.) ofrecen dos ejemplos de cómo el Estado puede ayudar a mitigar la pobreza de millones de personas.
