Ahora se pide a las plataformas responsabilidades por estar pensadas para enganchar y porque conocían los efectos perjudiciales y los ocultaron.

Varios juicios en Estados Unidos y un expediente de infracción abierto por la Comisión Europea pueden poner contra las cuerdas a las redes sociales, por los daños que ocasionan a menores de edad. Ya no pueden ampararse en que transmiten lo que la gente publica, ni en que se esfuerzan por retirar contenidos nocivos. Ahora se les pide cuentas por la base misma de su éxito: que están concebidas para “enganchar” a los usuarios. A finales de marzo, dos sentencias en Estados Unidos han hallado culpables a distintas plataformas de tolerar a sabiendas perjuicios a los niños y adolescentes que las usan. El 24 de marzo, tras un juicio celebrado en Santa Fe (Nuevo México), Meta fue condenada a pagar 375 millones de dólares de multa. Según el fallo, Meta cometió dos infracciones de la ley estatal contra prácticas comerciales abusivas: dar información falsa o engañosa a los usuarios y diseñar sus redes para aprovecharse injustamente de ellos. Cada falta está penada con 5.000 dólares, y el jurado consideró que cometió cada una 37.500 veces, que es el número estimado de menores de edad perjudicados en Nuevo México. De ahí el monto de la sanción. La demanda fue presentada en 2023 por el fiscal general del estado. En ella decía que las redes sociales de Meta (principalmente, Facebook e Instagram) son “el destino preferido de predadores sexuales para intercambiar pornografía infantil y solicitar favores sexuales a menores”. La acusación se basaba en una investigación en la que agentes del estado crearon cuentas haciéndose pasar por niños y adolescentes. Así documentaron solicitaciones sexuales y qué hacía Meta al respecto. El jurado concluyó que, como alegaba el fiscal general, Meta no advirtió de los peligros que suponía el uso de sus plataformas, aunque los conocía, porque antepuso sus beneficios a la seguridad de los menores. En mayo próximo se verá en juicio sin jurado otro aspecto del caso de Nuevo México contra Meta. El juez tendrá que decidir si la compañía ha causado un perjuicio público y cómo tendría que compensar si así fue. Enganchada desde los 6 años Un día después, otro juicio celebrado en Los Ángeles terminó en condena a Meta y a Google, por los daños causados a una joven de 20 años, llamada Kaley, que las demandó por haber sufrido adicción a YouTube desde que tenía 6 y a Instagram desde que abrió una cuenta a los 9 (en este caso, saltándose el requisito de la edad mínima fijada, que es 13 años). Alegó que era incapaz de dejar de consultar esas plataformas, y eso le provocó depresión, ideaciones de autolesionarse y dismorfia corporal. Particulares, escuelas y administraciones públicas demandan a las redes por los daños que han sufrido o han tenido que atender a su costa El jurado dictaminó que Meta y Google se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores para mantenerlos enganchados y aumentar así sus ingresos por publicidad. En consecuencia, les impuso indemnizar a Kalley con 6 millones de dólares entre las dos. Ella demandó también por los mismos motivos a TikTok y a Snapchat; pero estas dos empresas no fueron a juicio porque llegaron a un acuerdo con Kaley. Macrojuicio en California En Estados Unidos está pendiente, para junio próximo, otro juicio, el mayor de todos, contra las mismas cuatro plataformas. El proceso comenzó cuando, en 2023, un distrito escolar de Seattle las demandó para que lo resarcieran por los gastos que le ocasiona la asistencia académica y psicológica a los alumnos aquejados de trastornos psíquicos y de conducta por usar las redes compulsivamente. Como en los anteriores casos, la denuncia sostiene que las empresas responsables afinan conscientemente sus algoritmos pata atrapar en sus redes a los menores. Después de Seattle se querellaron centenares de distritos escolares más, y también municipios y particulares. La Justicia decidió juntar la mayoría de esos casos en un proceso que fue asignado a un tribunal de Oakland (California). Como los demandados son los mismos y las imputaciones, iguales o casi, se hará una valoración de los hechos que servirá para todos; pero las querellas no se fusionan: a partir de los hechos probados, se fallarán por separado. En total, son más de dos mil demandas de todo el país. “Diseño adictivo” Y en Europa está en curso un procedimiento de infracción contra TikTok por los mismos motivos de fondo. Según el dictamen preliminar de la Comisión Europea, dado a conocer en febrero pasado, TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales (DSA) por su “diseño adictivo”. Entre otras, el dictamen menciona las siguientes características de la red que fomentan el uso compulsivo: el desplazamiento infinito (se puede seguir pasando el dedo sin que acaben nunca de salir contenidos); cuando se abre una publicación, la reproducción automática de la siguiente, sin que el usuario la pida; recomendaciones altamente personalizadas. A juicio de la Comisión, TikTok no evaluó adecuadamente los riesgos que tiene su uso, contra lo que exige la DSA. En especial, se refiere al peligro de que los menores pasen demasiado tiempo viendo la red durante la noche y al de que los usuarios en general abran la aplicación con excesiva frecuencia. Un cambio de enfoque Las redes todavía no “cantan derrota”. Los procedimientos en el tribunal federal de Oakland y en la Comisión Europea estén pendientes de resolución, al igual que muchas otras demandas presentadas en Estados Unidos. Y las condenas en Santa Fe y Los Ángeles serán recurridas. Aun así, todos esos casos son muestra de que ha cambiado la consideración pública y legal de las plataformas. Cuando comenzaron a acumularse indicios de que el uso de las redes sociales tiene efectos peligrosos, la primera reacción fue pedirles responsabilidades por los contenidos falsos o nocivos. Esto logró forzarlas a que establecieran controles e implantaran equipos de revisores; fue un avance importante, aunque la purga nunca ha sido completa, probablemente porque es imposible. Pero ese enfoque no llega más allá, porque las plataformas no tienen responsabilidad directa en lo que por medio de ellas publican los usuarios. Algunos de estos han sido llevados a juicio y condenados por su actividad en las redes (acoso, incitación a la violencia, pornografía infantil…); pero así se ha parado los pies a solo una pequeña minoría de los indeseables. Y en Estados Unidos, las reclamaciones judiciales por contenidos son vía muerta. Lo confirmaron en 2023 dos sentencias del Tribunal Supremo que, en aplicación de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, de 1996, absolvieron a varias plataformas acusadas de albergar publicaciones que promovían el terrorismo. De los contenidos al funcionamiento Los recientes casos, en cambio, ponen el foco no en los contenidos, sino en el mismo funcionamiento de las plataformas. La sentencia de Los Ángeles y los demandantes en el proceso de Oakland y en otros muchos aún en curso, así como la Comisión Europea, afirman que las redes más usadas están pensadas para ser adictivas. Eso no es evidente. Una cosa es que las redes empleen características que incitan al uso intensivo y otra distinta que provoquen adicción. En el juicio de Los Ángeles, Adam Mosseri, director de Instagram, alegó que no es lo mismo una “adicción clínica” que un “uso problemático”; la responsabilidad legal no puede ser idéntica en uno y en otro caso. No hay acuerdo sobre si existe la adicción a las redes sociales, que no está reconocida por las organizaciones médicas y sanitarias de referencia De hecho, las redes sociales, hoy por hoy, no figuran entre las causas de adicción reconocidas por las organizaciones médicas y sanitarias. La OMS solo considera que se da adicción en un producto digital: los videojuegos. El caso de las redes sociales es discutido. La propia OMS, en un informe de 2024 de su Oficina Regional para Europa sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes, señala que hay efectos negativos, pero también otros que son positivos. Y en unas recomendaciones de 2025, de la misma Oficina, advierte que no hay unanimidad sobre quién tiene la responsabilidad principal de proteger a los menores: los padres, los poderes públicos o las plataformas. La discusión en torno a las redes sociales es la que hay también con respecto a otras llamadas “adicciones comportamentales”: a la pornografía, a las compras, a las apuestas por internet, a las novelas eróticas… En esos casos, para desarrollar una adicción –dicen los especialistas–, no basta tener un uso problemático: hace falta que concurran factores biológicos, sociales y psicológicos, junto con circunstancias personales. A eso aludió la defensa de Meta en el juicio de Los Ángeles: había que establecer si las plataformas fueron, o no, el elemento determinante en los trastornos psíquicos de Kealy, pues el historial médico muestra que tenía otros problemas: baja autoestima, acoso, una familia disfuncional… Lo sabían y no reaccionaron Además del “diseño adictivo”, se ha abierto otra línea de ataque contra las redes, y de ella parece más difícil defenderse. Es la misma que se empleó con éxito contra las tabacaleras desde los años noventa del siglo pasado. Los tres procesos norteamericanos coinciden en acusar a las plataformas de que conocían los perjuicios que estaban sufriendo los menores, pero los ocultaron y no pusieron remedio. Los demandantes se basan en documentos internos de las empresas, de los que han ido apareciendo muchos desde que The Wall Street Journal publicó los “papeles de Facebook”. La mayoría del público, según una encuesta hecha en 30 países, es favorable a que se prohíban las redes sociales a los menores de 14 años El propio Mark Zuckerberg, presidente de Meta, reconoció ante el tribunal de Los Ángeles que su compañía tardó demasiado en instaurar controles a los menores. En efecto, hasta 2019 Instagram no pidió la fecha de nacimiento para abrir una cuenta; hasta 2021 no extendió el requisito a los usuarios que se habían unido antes, y hasta 2022 no implantó un sistema para verificar la edad declarada. Consecuencias La presente “ofensiva judicial” puede traer consecuencias serias a las plataformas. No tanto las multas e indemnizaciones, que serán probablemente lo de menos para unas empresas con ingresos anuales de centenares de miles de millones de dólares. Lo peor es que los nuevos cargos contra ellas les obligarán a cambiar su lucrativa arquitectura. Si la Comisión Europea se sale con la suya, TikTok tendrá que aplicar modificaciones como anular el desplazamiento infinito, activar interrupciones automáticas tras cierto tiempo de uso –especialmente por las noches– o ajustar el sistema de recomendaciones, para que sean menos tentadoras. Medidas de ese tipo, junto con mayores restricciones a menores o aun la prohibición de que lo usen –como ha decretado Australia y se plantean otros países, Francia y España entre ellos–, llevarán a que disminuya el tiempo de uso y, por consiguiente, bajen los ingresos por publicidad. También influye la opinión pública. Cada vez más personas son conscientes de que el uso intensivo de las redes sociales puede ser dañino, y las noticias sobre casos trágicos y las revelaciones que afloran en los procesos judiciales refuerzan la convicción. En una encuesta de Ipsos hecha el año pasado en treinta países, en todos ellos la mayoría se manifestó a favor de prohibir las redes sociales a los menores de 14 años. Los vientos contrarios en los tribunales, en los gobiernos y en la sociedad, probablemente no harán naufragar a las plataformas, que en términos de usuarios siguen siendo inmensamente populares. Cabe esperar que la presión para que sean más responsables las lleve a minimizar los efectos perjudiciales y potenciar los beneficiosos. Lo que también depende de cada uno, para sí y para sus hijos.

Los nuevos procesos contra las redes sociales las acusan de adoptar un “diseño adictivo”

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