En los últimos tres meses han encallado otras tantas propuestas de ley de suicidio asistido en Escocia, Francia e Inglaterra. En todos los casos, la negativa se ha debido a la percepción entre los parlamentarios de que los textos no ofrecían salvaguardas suficientes contra la denominada “pendiente resbaladiza” de la eutanasia.
El 17 de marzo el Parlamento escocés rechazó el “Proyecto de ley sobre la muerte asistida para adultos con enfermedades terminales”, patrocinado por el diputado liberal-demócrata Liam McArthur.
Pese a que el proyecto intentaba salir al paso de la posible presión que podían sufrir algunos enfermos vulnerables, en el rechazo ha pesado mucho el temor a la tendencia expansionista que se ha visto en otros países que han aprobado leyes similares, como por ejemplo Canadá, donde los requisitos para recibir la eutanasia se han ido ensanchando, y con ello el número de casos. La oposición de buena parte de la comunidad médica también ha sido determinante.
Inglaterra: un camino accidentado y polémico
En el Parlamento de Londres –que legisla para todo el Reino Unido, excepto en las materias cedidas a Escocia, Gales e Irlanda del Norte–, el proyecto de ley de suicidio asistido (llamado “Ley para el final de la vida de los adultos enfermos en estado terminal”) no ha podido completar el trámite parlamentario. Aunque la Cámara de los Comunes le dio su aprobación definitiva hace once meses, el texto ha decaído en la Cámara de los Lores, que no ha tenido tiempo de discutir las más de 1.200 enmiendas presentadas antes de que terminara el periodo de sesiones el pasado 24 de abril.
En parte, el retraso en la tramitación se ha debido al tipo de cauce legal empleado para ella. El texto era una private member’s bill; es decir, un proyecto presentado no por el Gobierno sino por iniciativa de una diputada, la laborista Kim Leadbeater. Al contrario que las leyes propuestas por el ejecutivo, que cuentan con un calendario de discusión delimitado y con procedimientos para “desatascar” el proceso en caso de que se dilate, las private member’s bills deben repartirse los pocos espacios de tiempo que se reservan para ellas; en concreto, algunos viernes. En función del apoyo con que cuente el texto entre los miembros de la Mesa del Congreso, se le concede más o menos prioridad, pero siempre dentro de esos breves periodos. En cualquier caso, la tramitación de este tipo de leyes suele ser más larga y accidentada.
El caso es que el proyecto de Leadbeater, pese al apoyo declarado de algunos medios influyentes como The Guardian o The Economist y del lobby proeutanasia, ha suscitado una importante división parlamentaria desde el principio, y esa contestación ha ido aumentando con el tiempo. Si en la votación preliminar recibió 55 más síes que noes, en la definitiva, en junio del año pasado, la mayoría se redujo a 22 diputados: 313 frente a 291.
Todos los grupos parlamentarios concedieron libertad de voto a sus miembros, por considerar que se trataba de un asunto que afectaba a la conciencia. Y precisamente ha sido el Partido Laborista, en el Gobierno, el que más dividido se ha mostrado, con 224 votos favorables y 160 en contra.
Esta división se ha manifestado incluso dentro del propio gabinete. Aunque la mayoría de sus miembros ha respaldado la ley, incluido el primer ministro Keir Starmer, seis han votado en contra, y otros dos se han abstenido. Entre ellos, algunos con puestos muy relevantes, por el lugar que ocupan dentro del ejecutivo o por la relación directa que guardan sus carteras con el tema debatido. Es el caso, por ejemplo, de Angela Reyner (entonces viceprimera ministra, cargo que ahora ocupa David Lammy, que se abstuvo), Wes Streeting (que acaba de dimitir como ministro de Sanidad para presentarse como candidato a suceder a Starmer) o Shabana Mahmood (ministra de Justicia entonces y hoy ministra del Interior), entre otros.
¿Suficientes salvaguardas?
Quizás previendo la división que iba a suscitar el tema en el Parlamento –no en vano ya van unos cuantos proyectos de ley de suicidio asistido que fracasan–, la propuesta de Leadbeater trató de despejar los recelos a lo que se conoce como la “pendiente resbaladiza” de la eutanasia (véase el caso de Noelia en España, que el periodista británico Brendan O’Neill señaló explícitamente como ejemplo de aquello a lo que podían conducir estas leyes).
“Es peligroso que se llegue a normalizar la idea de que a una cierta edad, o con unas determinadas enfermedades, eres una carga” (Shabana Mahmood, ministra británica del Interior
Para ello, el texto de Leadbeater establecía que la “asistencia a la muerte” solo podría concederse a pacientes con un pronóstico de vida de de seis meses o menos, con plenas facultades mentales, que hubieran manifestado su deseo de morir al menos en dos momentos diferentes y estuvieran “libres de toda coerción o presión” ajena. Además, el procedimiento tendrían que aprobarlo dos médicos, con un intervalo mínimo de siete días, y también un panel formado por un experto legal, un psiquiatra y un trabajador social. Por otro lado, en cuanto a la objeción de conciencia de los médicos, se señalaba que ninguno tendría la obligación de participar en estos procedimientos (tampoco de referir a otros facultativos que sí estuvieran dispuestos), ni de “probar” las razones religiosas o morales de su oposición, y que quedaba prohibido que esta postura implicara cualquier tipo de penalización en el trabajo.
Con todo, estas salvaguardas no han convencido a muchos parlamentarios, que seguían viendo en la ley una puerta abierta a la promoción indirecta del suicidio en personas especialmente vulnerables, con dolores agudos y sin acceso a cuidados paliativos, o que pueden sentir que son una carga para sus allegados o que su vida ya no tiene sentido.
En este sentido se expresaba Shabana Mahmood. Refiriéndose a la ley, explicaba que “si cruzas esa puerta ya no hay vuelta atrás. Es peligroso que se llegue a normalizar la idea de que a una cierta edad, o con unas determinadas enfermedades, eres una carga”. Wes Streeting, compañero de partido y de Gobierno, señalaba sus dudas de que se pudiera aprobar una ley como esta cuando una buena parte de los pacientes que necesitarían cuidados paliativos no tienen acceso a ellos: “¿Están estos cuidados lo suficientemente desarrollados en nuestro país para que se pueda hablar de una decisión completamente libre del paciente?”.
Especial oposición a la ley han mostrado distintos colectivos de personas con discapacidad, que sentían que el texto podía trasladar una gran presión a este tipo de personas. Tanny Grey-Thompson, medallista paraolímipica en varias ocasiones y actualmente miembro de la Cámara de los Lores, explicaba que la aprobación del suicidio asistido “cambiaría significativamente nuestra relación con los doctores”.
Otra voz influyente en el debate ha sido la de la actriz y cómica Liz Carr, aquejada de una enfermedad degenerativa, que se ha convertido en una de las grandes activistas internacionales por los derechos de los discapacitados y en contra de la eutanasia. Su documental Better Off Dead? (“¿Mejor muertos?”) ha removido muchas conciencias y ha puesto sobre la mesa los casos, con voz y rostro propios, de enfermos que han tenido que escuchar muchas veces esta pregunta.
Una previsible vuelta a empezar, pero con final incierto
El estancamiento del proyecto en la Cámara de los Lores ha sido visto por algunos, entre ellos la propia Leadbeater, como un bloqueo deliberado y “prácticamente antidemocrático”, y ya ha anunciado que piensa presentar de nuevo la ley en el nuevo curso parlamentario, que acaba de empezar. Eso sí, el procedimiento volvería a la casilla de salida, y Starmer ya había dado a entender que, en caso de que esto ocurriera, volvería a rechazar la vía de la Government bill, por lo que la tramitación sería de nuevo larga.
Es cierto que, según la Parliament Act de 1949, la Cámara de los Lores no puede bloquear o rechazar dos veces el mismo texto, por lo que la aprobación en los Comunes bastaría para que el proyecto se convierta en ley. Con todo, también es cierto que pocas veces se ha acudido a este recurso extraordinario, y nunca para una private member’s bill. En cualquier caso, el cambiante escenario en la política británica (el laborismo pierde apoyos a raudales y el primer partido en intención de voto, el de Farage, es el que cuenta con más rechazo a la eutanasia entre sus votantes) puede dar un vuelco a la situación.
Francia: sí a los cuidados paliativos, no al suicidio asistido
Un caso paralelo es el de Francia, donde también la cámara alta ha vuelto a frenar, el 13 de mayo, el proyecto de ley sobre el fin de la vida aprobado por la cámara baja e impulsado por el presidente Emmanuel Macron. La nueva negativa del Senado, tras la de principios de año, ha sido acentuada quizá por la radicalización de la Asamblea Nacional en segunda lectura. El Senado comenzó rechazando de plano el articulo 2, que definía el procedimiento de la ayuda médica y tipificaba los casos en que se aplicaría (151 votos contra 118). El “no” se extendió luego a los demás artículos.
El Parlamento francés ha aprobado el proyecto de ley de cuidados paliativos, pero no el de suicidio asistido, que se comenzó a tramitar en paralelo
En cambio, el Senado reforzó el proyecto sobre la prestación de cuidados, que se aprobó prácticamente por unanimidad (325 contra 18). Como se recordará, el primer ministro François Bayrou decidió en su momento dividir en dos textos legales distintos el tratamiento jurídico del fin de la vida.
Ha prosperado la línea del presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, contrario al permisivismo y la ambigüedad del proyecto. A su juicio, contempla al enfermo que sufre una dolencia incurable como un peso muerto, una carga para la sociedad y para sus próximos. Por tanto, no acepta el reconocimiento de un “derecho a la ayuda para morir”, sino la alternativa de una asistencia médica reservada a los pacientes con los días contados.
Ante la divergencia radical entre Asamblea Nacional y Senado, tiene la palabra el Gobierno, que puede convocar una comisión mixta paritaria que concilie las diversas posiciones, antes de someter la decisión definitiva a las cámaras. Esto alargaría de nuevo la tramitación, y el ejecutivo querría una solución definitiva antes de las vacaciones parlamentarias de verano: podría elegir dar la última palabra a los diputados, para sacar adelante la última reforma de la presidencia de Macron en temas de sociedad.
No se descarta, en fin, la opción de un referéndum: un senador de LR, contrario a la reforma, habría reunido más de 185 firmas de parlamentarios, número suficiente para lanzar el procedimiento de referéndum de iniciativa compartida. De todos modos, es un proceso complejo, e inédito desde la creación de esa figura en 2008, aunque fue mencionado públicamente por el propio presidente de la república hace un año.
También en Eslovenia se rechazó la legalización de la eutanasia, pero en este caso por referéndum, después de que el Parlamento la aprobara.
