La misma ONG que logró el reconocimiento del suicidio asistido en los tribunales, ahora advierte que la ley se está aplicando de manera abusiva.

Las leyes de eutanasia disponen salvaguardas a fin de asegurar que sea un último recurso para personas que la pidan libremente y con plena conciencia. El vertiginoso aumento de casos en Canadá en pocos años, confirmado por las últimas estadísticas oficiales, ha llevado a recelar que se está actuando con manga ancha. Así se ha manifestado aun la misma organización que promovió la legalización de la eutanasia. Como se ve en el gráfico, la eutanasia siempre ha ido a más en Canadá desde que se autorizó en 2016. El dato más reciente, de 2023, supera un 15,8% el de 2022, después de tres aumentos anuales seguidos superiores al 30%. Las muertes por eutanasia han pasado del 2% del total en 2019 al 4,7% en 2023, proporción solo superada por los Países Bajos (5%), donde se practica desde veinte años antes. Pero el verdadero plusmarquista mundial es la provincia canadiense de Quebec, donde en el último año (2023-2024) la eutanasia subió un 9% hasta ser la causa del 7,3% de las defunciones. Semejante escalada despierta cada vez más preocupación en Canadá. El gobierno quebequés encargó el año pasado un estudio para averiguar por qué se ha alcanzado una tasa tan alta. Agujeros en la ley Mientras tanto, los indicios, en esa provincia y en todo el país, apuntan a que los requisitos se aplican de manera laxa. En parte, la misma ley parece haber creado los agujeros. En su primera versión marcaba una demora de 10 días desde que se dictaminaba a una persona apta para recibir la oficialmente llamada “asistencia médica para morir” (MAID en las siglas inglesas, AMM en las francesas) hasta que se le practicaba. Una reforma de 2021 suprimió esa condición, y también la de que la enfermedad fuera terminal. Cuando la muerte no está próxima, se impuso una espera de 90 días, a fin de dar tiempo para explorar opciones de tratamientos y cuidados; pero se puede abreviar si el paciente empeora o manifiesta signos de que va a perder su capacidad de consentir antes de que termine el plazo. Esta excepción puede haberse convertido en un coladero; al menos, un informe del coroner de Ontario (el funcionario encargado de investigar las muertes no naturales o no certificadas, y por tanto, los suicidios por MAID), señala que en más de uno de cada diez casos se incumplió, sin causa justificada, la moratoria de 90 días. En total, el coroner de Ontario ha detectado irregularidades en 428 casos de eutanasia habidos en la provincia de 2019 a 2023, la mayor parte (178) en el último año del periodo. Además del incumplimiento de plazos, hay defectos en la comprobación del consentimiento. Por ejemplo, se ha practicado la eutanasia a pacientes con antecedentes de demencia u otras deficiencias cognitivas, o de los que había dictámenes médicos contrarios sobre su capacidad. Ha habido casos de enfermos no terminales en que la eutanasia fue autorizada por médicos que no eran especialistas en la dolencia de base y, por tanto, no sabían con precisión el pronóstico ni las opciones de tratamiento. La organización que en su día promovió la legalización de la eutanasia, ahora advierte de que se está aplicando sin respetar las garantías previstas El coroner envió advertencias a todos los médicos o enfermeros que no respetaron los requisitos legales, que en 2023 fueron la cuarta parte de los sanitarios que practicaron la eutanasia en la provincia. Pero solo en cuatro casos se informó a las autoridades reguladoras, como el correspondiente colegio profesional, y en ninguno, a la policía. Ejemplos escandalosos Han acabado llegando a la opinión pública ejemplos escandalosos. Uno es el de una mujer en la cincuentena que tenía episodios de depresión y de ideaciones suicidas, y con hipersensibilidad a diversas sustancias químicas; le aplicaron la eutanasia prevista para enfermos no terminales después de que no consiguiera una vivienda adecuada a sus necesidades médicas. Otro es el de un hombre de cuarenta y tantos años, con una enfermedad inflamatoria intestinal, un historial de adicciones y trastorno psíquico: murió por eutanasia –posibilidad de la que le informó un psiquiatra–, sin que se consultara a la familia ni se le ofreciera tratamiento. Estos y varios más aparecen en el informe del coroner de Ontario. Noticias semejantes han contribuido a extender la preocupación por el modo en que se practica la eutanasia y el temor a que continúe expandiéndose. Lo que podría suceder si se sigue ampliando la ley. Desde noviembre pasado, en Quebec se permite a personas sanas firmar una petición anticipada de eutanasia para que se les aplique si pierden la capacidad de consentir. Lo mismo iba a plantearse hacer el gobierno federal, pero ahora tiene sus días contados desde que el primer ministro Justin Trudeau anunció su renuncia el pasado 6 de enero. Por otro lado, el proyecto de admitir la eutanasia también para enfermos psíquicos, que se iba a aprobar el año pasado, encontró resistencias y ha quedado aparcado hasta 2027. Más rigor, no más facilidades Pero hay quienes creen que no se necesitan más ampliaciones de la ley, sino mayor rigor en aplicarla. Esa es la postura que ha adoptado la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA), promotora de la demanda judicial que condujo a la sentencia por la cual, en 2015, el Tribunal Supremo canadiense declaró inconstitucional la prohibición del suicidio asistido y ordenó al Parlamento que lo regulara. El mes pasado, en declaraciones al National Post, la directora ejecutiva de la BCCLA, Liz Hughes, dijo que su organización “tiene conocimiento de informaciones preocupantes sobre personas a las que se ofrece la eutanasia en circunstancias dudosamente legales, así como sobre otras que se acogen a ella movidas por situaciones sociales intolerables”. Por tanto, añadió, el gobierno debe “establecer, vigilar y hacer cumplir las protecciones necesarias para asegurar que las personas decidan libremente”. Para terminar, resulta interesante un comentario incluido en el último informe nacional: que la MAID parece estar convirtiéndose en una especialidad para algunos profesionales sanitarios. Pues en 2023 fueron 2.200 (médicos el 94,5% y el resto, enfermeros) los que practicaron eutanasias, y de ellos, 89 (el 4%) aplicaron el 35% del total, o sea, 5.345, una media de 60 por cabeza. Esto empieza a recordar lo ocurrido con el aborto, que se hizo función prácticamente exclusiva de médicos que trabajan en clínicas especializadas y no hacen otra cosa.

La escalada de la eutanasia en Canadá suscita sospechas

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