Una resolución recién aprobada pide que rehusar intervenir en abortos sea considerado como denegación de atención sanitaria debida.

(Actualizado el 28-06-2021) Que Europa y el mundo entero ha sufrido una grave crisis sanitaria, que aún dura, es palmario. Pero el informe aprobado el 24 de junio por el Parlamento Europeo cifra todo en la salud reproductiva, y a través de ella pretende elevar el aborto al rango de derecho humano y suprimir la objeción de conciencia. Lo que pide esta iniciativa no legislativa, cuyo ponente es el eurodiputado croata Predrag Fred Matić y se aprobó por 378 votos contra 255 (con 42 abstenciones y 30 ausencias), es un cúmulo desordenado de objetivos de sanidad e igualdad de género, unos vagos y otros específicos, con numerosas repeticiones. Pero, a propósito de casi todo, va saliendo el estribillo: la eliminación de todas las restricciones al aborto, incluida la objeción de conciencia. Los promotores han querido dar a esas reivindicaciones un tono de urgencia enganchándolo al carro de la pandemia. Aparte de las muertes y secuelas causadas por el covid-19, el desbordamiento de los sistemas de salud ha dejado sin atención a muchas personas aquejadas de otras afecciones. Han salido particularmente perjudicados los pacientes de cáncer, los enfermos crónicos, los que necesitaban intervenciones quirúrgicas, así como otros con trastornos psíquicos que no han acudido a consulta. El informe Matić no trata nada de eso. Según el texto, lo peor está en otro ámbito. Dice: “Se está constantemente intentando instrumentalizar la crisis sanitaria del covid-19 y servirse de ella como pretexto para adoptar más medidas restrictivas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos” (considerando AA). Sin competencias El informe reconoce que la UE no tiene competencias directas en sanidad, y que solo un Estado miembro prohíbe el aborto (Malta) y otro no lo admite más que en casos excepcionales (Polonia). Sin embargo, en varios pasajes, el texto se expresa como si el recurso al aborto y a la anticoncepción estuvieran en grave peligro en Europa, por restricciones legales y por obstáculos sociales, culturales y de otro tipo. El que más se subraya es la objeción de conciencia: por su causa, señala la exposición de motivos, “las mujeres no tienen acceso al aborto, un derecho que tienen reconocido por ley, porque el personal médico les deniega la asistencia médica y los hospitales públicos no ponen en marcha sistemas públicos de remisión”. Y eso es algo que “ocurre todos los días en el conjunto de la Unión”. El informe pretende negar la legitimidad de la objeción de conciencia presentando el aborto como una atención médica que no se puede negar Para eliminar ese impedimento, el informe pinta el aborto, siempre, como una atención obligada. Por ejemplo, en el art. 47 insta a los Estados miembros a que “reconozcan la práctica del aborto como un servicio urgente y médicamente necesario”. Pero esto no cuadra con el art. 35, donde el aborto aparece, en cambio, como una opción de la mujer, por lo menos en la fase temprana del embarazo. Contra la objeción personal o institucional El informe intenta armar jurídicamente su ataque a la objeción de conciencia incluyendo el aborto entre los derechos humanos. No tiene apoyo en ninguna declaración o convención internacional para hacerlo expresamente, y por eso atribuye el carácter de derechos humanos a la salud sexual y reproductiva, en la que incluye el aborto. Pero no sin incongruencias. Por una parte, sostiene que los derechos sexuales y reproductivos están “reconocidos como derechos humanos” por varios tratados (considerando C): el Convenio Europeo de Derechos Humanos, La Convención de la ONU contra la Discriminación de la Mujer, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Dónde, concretamente? El informe no lo precisa, y en realidad no hay en esos textos base para semejante afirmación. En otros lugares, en cambio, la rebaja. “La salud reproductiva y sexual de las mujeres está relacionada con varios derechos humanos” (considerando AD). “La salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en los derechos humanos fundamentales” (art. 50), cosa que se puede decir en general de los derechos no fundamentales. Aunque la argumentación jurídica sea confusa, el mensaje es muy claro. El aborto es un derecho, y si un profesional sanitario rehúsa practicarlo, eso “debe considerarse una denegación de atención médica en lugar de una apelación a la denominada ‘objeción de conciencia’” (exposición de motivos). Así, el informe “lamenta que, en ocasiones, la práctica común en los Estados miembros permita a los médicos, y en algunas ocasiones a instituciones médicas enteras, negarse a prestar servicios sanitarios sobre la base de la denominada cláusula de conciencia, que conduce a la denegación del aborto por motivos de religión o de conciencia” (art. 37). El informe no tiene fuerza vinculante, pero su valor es más que simbólico. Se podrá invocar para que las instituciones comunitarias y los gobiernos u organizaciones nacionales presionen para limitar la objeción de conciencia al aborto. En casi toda la UE el aborto es fácilmente accesible; ahora se trata de anular a los disidentes. Rafael Serrano “El informe Matić no da voz a los anhelos de la mujer” Concha Lozano. Bruselas. La diputada Margarita de la Pisa ha destacado entre quienes defendían la inadmisibilidad del informe Matić en el Parlamento Europeo por falta de rigor y por referirse a algo en lo que no tiene competencia la UE. A su juicio, ni siquiera han cuidado la narrativa del informe. Esta eurodiputada española de VOX, integrada en el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, asegura que se ha hecho todo lo posible para que el documento no llegara al pleno del Parlamento. “Nos ha costado muchísimo involucrar a otros eurodiputados pero sólo cuando han visto la repercusión en la imagen que podía tener en sus grupos políticos, han empezado a reaccionar”. “Este informe –señala en declaraciones a Aceprensa– quiere acabar con todo lo que somos, se basa en la deconstrucción del ser humano y no aspira a darle voz a los anhelos de la mujer”. Dice De la Pisa que informes como el de Matić consideran la maternidad o los hijos como un problema, casi como una enfermedad, cuando olvidan que la maternidad es esencial a la feminidad. Y también es necesaria para que dejen de caer estrepitosamente los índices de natalidad y se frene el envejecimiento de la población. Uno de los apartados del informe se refiere a los “anticonceptivos como pilar de igualdad”, algo que a juicio de De la Pisa es totalmente inconsistente. Los promotores del informe insisten en destacar las diferencias entre sexos, en vez de buscar aquello que nos une. “Leer el informe Matić es decepcionante, desmotivante. No habla ni de compromiso ni de responsabilidad; todo lo que tenga que ver tener hijos lo presenta como una carga, un problema. Considera a la mujer como víctima, pero lo que hace es abocarla a la soledad”. La eurodiputada y su grupo trataron de presentar una moción de resolución alternativa al informe Matić, en la que básicamente se recoge la falta de competencia del PE para legislar sobre estos asuntos y hace hincapié en la soberanía de cada Estado miembro para aprobar leyes a este respecto. “En otro momento intentamos unirnos a la moción presentada por el PP, pero al final tampoco reflejaba nuestro planteamiento provida y volvía a recurrir a los derechos de salud reproductiva, entre los que, como todo el mundo sabe, se considera incluido el aborto”. El informe Matić refleja, a juicio de De la Pisa, que casi ya no se hace política en el Parlamento: parece que se quiere imponer dogmas con los que es muy difícil disentir. También hace objeciones al informe Constance du Bus, del Institut Européen de Bioéthique (IEB), organización con sede en Bruselas. “Pese a que el informe y la resolución carecen de fuerza vinculante para los Estados miembros de la Unión –dice a Aceprensa–, ciertamente constituyen un instrumento de presión para liberalizar una práctica que tiene consecuencias perjudiciales, tanto físicas como psíquicas, para las mujeres, y en otro orden, para toda la sociedad”. El informe Matić resulta además dudosamente compatible con la normativa europea en materia de derechos fundamentales, subraya el IEB en la valoración que publicó tras la votación en el Parlamento. Sobre todo, la resolución contrasta con el “derecho a la objeción de conciencia, tal como está reconocido en el art. 10.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Sostener que el ejercicio de este derecho frente al aborto equivale a denegar asistencia médica “se aparta claramente de la manera como lo interpreta el Derecho europeo sobre derechos humanos y choca con el respeto a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios”.

El Parlamento Europeo ataca la objeción de conciencia al aborto

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