En el curso de unos pocos días, una sentencia, un proyecto de ley y un decreto de Trump se oponen a que se equipare el género al sexo.

Donald Trump dijo en mayo del año pasado que, si ganaba las elecciones, “en el primer día” de su presidencia revocaría la medida de la Administración Biden de extender a la identidad de género y a la orientación sexual las protecciones previstas contra la discriminación por sexo en la educación. No ha tenido que cumplir su propósito, pues once días antes lo hizo por él un tribunal federal. En juego estaba el llamado Título IX, la ley de derechos civiles que prohíbe a escuelas y universidades dar trato desigual a los alumnos, por motivo de su sexo, en programas que reciben financiación federal. Afecta tanto a la enseñanza como a actividades extraescolares, becas y prestaciones accesorias. Forma parte de la reforma educativa de 1972. En abril pasado, el Departamento de Educación promulgó un nuevo reglamento de aplicación del Título IX que equiparaba la identidad de género y la orientación sexual al sexo, a esos efectos. Una consecuencia, la más temida por los contrarios, era que si un estudiante se identificaba como de género femenino –fuera transexual o no–, habría que admitirlo en los baños, los vestuarios y las competiciones deportivas reservadas a las alumnas. Recurso de seis estados Los fiscales generales de Tennessee y Kentucky, a los que se sumaron los de otros cuatro estados, presentaron una demanda contra el Departamento de Educación, alegando que no tiene autoridad para reinterpretar la ley de esa manera. Según ellos, solo el Congreso puede cambiar la característica protegida contra discriminación en el Título IX. Ese argumento no tenía el éxito asegurado en los tribunales, pues en 2020, en la sentencia Bostock, el Supremo había admitido lo mismo que pretendía el Departamento de Educación, solo que en el ámbito laboral, no en la enseñanza. En aquel caso, los jueces de la mayoría fallaron a favor de unos empleados despedidos por ser homosexuales o haber cambiado de sexo. La sentencia sostenía que tales despidos eran discriminación laboral por sexo y, por tanto, una aplicación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que la prohíbe. La minoría replicó que lo prohibido es la diferencia de trato por el hecho de ser hombre o ser mujer, no por motivo de homosexualidad o transexualidad, circunstancias que pueden darse tanto en mujeres como en hombres; equipararlas al sexo, entonces, es reformar la ley, no aplicarla. La Administración Biden justificó la reforma del reglamento invocando la necesidad de adaptarlo a la sentencia Bostock. Pero en lo relativo al Título IX, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre la cuestión. Solo intervino en una fase de la demanda contra el nuevo reglamento, para validar la suspensión cautelar ordenada, en junio pasado, por un juez federal de distrito a petición de los fiscales generales. En virtud de esa decisión, el reglamento no entró en vigor el 1 de agosto, que era la fecha prevista. Finalmente, el pasado 9 de enero, el juez de distrito anuló el reglamento. Contra este fallo, solo cabe un recurso del Departamento de Educación al Tribunal Supremo, y naturalmente, la nueva Administración Trump no lo pondrá. El caso del deporte femenino La semana siguiente, el 15 de enero, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para prohibir que reciban financiación federal las escuelas que admitan en los equipos deportivos femeninos alumnos transexuales o transgénero. Los motivos coinciden con los de la demanda de los seis estados contra el Departamento de Justicia. También se pretende evitar que un estudiante biológicamente masculino juegue con ventaja al competir con chicas. Los republicanos sienten que tienen el viento a favor. “La abrumadora mayoría de la gente –dijo el republicano Greg Steube, el proponente del proyecto– cree que no hay lugar para los hombres en el deporte femenino”. Uno de los primeros decretos que ha firmado Trump dispone que el sexo de la persona se ha de entender según su definición biológica Los demócratas, más que negar esa tesis, centraron sus críticas al proyecto en las consecuencias que traería. Para aplicarlo, alegaron, habría que comprobar el sexo de los alumnos sometiéndolos a preguntas invasivas o a humillantes exámenes anatómicos. Los republicanos replicaron que nada de eso hará falta: bastará consultar el sexo que figura en el certificado de nacimiento. Que los republicanos hayan llevado al pleno de la Cámara este proyecto en la segunda semana del nuevo Congreso, inaugurado el 3 de enero, es señal de la importancia que dan al asunto. Ya en la anterior legislatura aprobaron la misma iniciativa, pero no llegó a término porque el Senado, entonces con mayoría demócrata, no la admitió. Ahora los republicanos tienen la mayoría también en el Senado, pero el proyecto sigue teniendo pocas posibilidades. Sus 52 escaños no alcanzan para superar la minoría de bloqueo que se permite en esa Cámara: necesitarían 60 votos, y es muy difícil que puedan convencer a suficientes demócratas. En la de Representantes, solo se les unieron dos. De todas formas, se esperan otras medidas semejantes en el segundo mandato de Trump. En un vídeo difundido hace un año, Trump declaró que “la locura izquierdista de género que están imponiendo a nuestros niños es un acto de abuso de menores”. Y anunció un plan para detener “la mutilación química, física y emocional de nuestra juventud”. Al final, aunque no ha necesitado revocar el nuevo reglamento del Título IX, uno de los decretos que ha firmado el primer día de su mandato dispone que el sexo de la persona se ha de entender según su definición biológica. Un decreto sobre el género El mismo 20 de enero, tras jurar su cargo, el nuevo presidente Donald Trump firmó 26 decretos (executive orders). Uno de ellos alude al Título IX, pero tiene un alcance más amplio. Pretende, dice su título, “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el Gobierno federal”. El extremismo mencionado consiste, según el decreto, en “sustituir la realidad biológica inmutable del sexo por un sentido interior, fluido y subjetivo de sí, desvinculado de los hechos biológicos”, o sea, por la “identidad de género”. Promover esa tesis es lo que hace la “ideología de género”, que presiona para “permitir que los hombres se identifiquen como mujeres y accedan a espacios reservados y a actividades destinadas a ellas”, como baños, vestuarios, refugios para víctimas de maltrato doméstico, prisiones, etc. Pero “la identidad de género (…) no proporciona una base significativa para la identificación de la persona y no se puede reconocer como sustitutiva del sexo”. Una consecuencia de cambiar este por aquella, señala el decreto, es que las leyes y políticas pensadas para las mujeres resultan adulteradas: en vez de proteger sus necesidades y derechos específicos, los menoscaban. Contra eso, el decreto declara: “Es política de los Estados Unidos reconocer dos sexos: masculino y femenino”, que “no son intercambiables y están fundados en una realidad fundamental e incontrovertible”. Así pues, todo documento de identidad (pasaporte, visado…) emitido por el Gobierno federal habrán de reflejar fielmente el sexo –masculino o femenino– del titular. Los formularios que requieran consignar el sexo solo darán esas dos opciones, y no preguntarán por la identidad de género. Los edificios administrativos tendrán baños separados para hombres y para mujeres, y se designarán por el sexo. Junto con lo anterior, el decreto contradice la interpretación que hizo la Administración Biden de la sentencia Bostock al extender sus efectos al Título IX. Ahora, las agencias federales tendrán que corregir todas las demás aplicaciones que se hayan hecho a ámbitos distintos de la igualdad en el empleo. R.S. Corrección: La primera versión de este artículo decía que el número de decretos firmados por Donald Trump en su primer día de mandato eran 25, en vez de 26.

Para el Gobierno de Trump, hay hombres y mujeres, no identidades de género

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