El silenciamiento de opiniones políticamente incorrectas en las universidades está empezando a retroceder por la resistencia de feministas críticas con la teoría de género.

Desde hace años ha ido extendiéndose en los campus, principalmente de EE.UU. y otros países anglosajones, la práctica de la “cancelación”: impedir la libre manifestación de ideas que los grupos y activistas woke consideran expresiones de odio. Pero el panorama comienza a cambiar, especialmente en cuestiones de transexualidad e identidad de género. La teoría de género ha encontrado oposición en la línea llamada gender critical, sostenida especialmente por feministas, que cuestiona la tesis de que la identidad de género sentida o elegida prevalece sobre el sexo biológico, de modo que una persona nacida hombre pero que se siente mujer, debe ser considerada mujer por todos los demás. Esta afirmación central de la teoría de género es criticada también por sus consecuencias: mujeres trans compitiendo en pruebas deportivas femeninas o utilizando baños y otros espacios reservados a las mujeres. Discutir estas ideas se había convertido en una acción políticamente incorrecta e incluso peligrosa. La práctica de “cancelar” a los críticos comenzó en Estados Unidos, pero en poco tiempo se ha expandido por todo el mundo. La Universidad de Cambridge anuló la invitación a una estancia de investigación a Jordan Peterson; la profesora Callie Burt, de la Universidad Estatal de Georgia, fue despedida de la junta editorial de la revista Feminist Criminology; la Universidad de Essex rescindió la invitación a dos académicas, Jo Phoenix y Rosa Freedman, por sus críticas a la teoría de género. Los anteriores son tan solo algunos ejemplos de cómo la “cultura de la cancelación” determina que algunas personas no deberían ser escuchadas, por sus opiniones personales o incluso por sus acciones en el pasado. Pero la tendencia empieza a cambiar y cada vez hay más ejemplos de personas e instituciones que se niegan a dejarse llevar por esta ideología que prohíbe el desacuerdo y elimina el diálogo. Ejemplos señalados son la escritora J.K. Rowling, los intelectuales de izquierda que firmaron una carta en la revista Harper’s o la declaración sobre los derechos de la mujer basados en el sexo que promovió un grupo feminista. Ahora parece que varias universidades e instituciones han tomado el mismo camino, pues han visto de qué manera esta nueva censura interfiere con su propia misión: avanzar en el conocimiento, fomentar el debate y el crecimiento intelectual. Rectificación en Essex Tras las cancelaciones en la Universidad de Essex, el vicerrector Anthony Forster decidió pedir a Akua Reindorf, un abogado especializado en materia de empleo y discriminación, que investigara el asunto. Sus conclusiones son iluminadoras: el informe muestra claramente que la universidad cometió un error al rescindir las invitaciones a ambas investigadoras, pues las instituciones universitarias tienen la responsabilidad de proteger la libertad de expresión dentro de la ley y de asegurar que diferentes voces y puntos de vista sean escuchados en los campus. Basándose en este informe, el vicerrector decidió pedir una disculpa pública a Phoenix y a Freedman. El vicerrector de la Universidad de Essex reconoce que empleados y estudiantes se sienten presionados a autocensurar lo que dicen y hacen Además, el reporte advertía de la función potencialmente censora de la organización LGTB Stonewall, en virtud de su acuerdo con la Universidad de Essex –y otras del país–. Stonewall funciona como un organismo auditor que otorga a las instituciones certificados de buenas prácticas en materia de derechos LGTB. Stonewall ha adoptado una postura intransigente en su defensa de la libre autodeterminación de género, según la denuncia de uno de sus fundadores. El informe de Reindorf señala que esta organización ha llegado a tener demasiada influencia, en perjuicio de la libertad académica y de expresión en el campus. Forster explicó también en un comunicado que se sintió “profundamente preocupado al leer los comentarios de empleados y estudiantes que decían sentirse presionados a autocensurar lo que decían y hacían por temor al modo en que manejamos en la Universidad el equilibrio entre la libertad de expresión y el compromiso con la diversidad, la igualdad y la inclusión”. Terminaba el comunicado explicando, como si fuera novedad, que una universidad debe ser un ambiente de aprendizaje a través de la confrontación entre puntos de vista, y eso significa que podemos encontrar ideas o argumentos que nos parezcan objetables e incluso ofensivos. De otro modo, decía el vicerrector, se fomenta una atmósfera de miedo en la que las personas no se atreven a expresar sus opiniones y se crea una verdadera espiral del silencio. Una situación semejante ha detectado en Alemania un estudio del Instituto de Demoscopia Allensbach: la mitad de los ciudadanos no se sienten cómodos expresando su opinión sobre temas socialmente controversiales. Cancelación y libertad académica: el contraataque La resistencia a la “cancelación” ha ido tomando auge, y no solo en el Reino Unido. En Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Rhode Island, la profesora Donna Hughes, experta en estudios de la mujer, publicó un artículo donde criticaba la teoría de género. Como era de esperar, grupos de estudiantes y profesores exigieron su despido y la universidad respondió con una amenaza: la libertad de expresión tiene “límites” y animó a los estudiantes a realizar quejas sobre ella. Como respuesta, Hughes contrató a un abogado, y al poco tiempo la universidad rectificó y le reconoció su libertad de expresión. También en Australia ha habido reacciones. La profesora Lawford-Smith, de la Universidad de Melbourne, lanzó recientemente una web donde las mujeres podían expresar sus experiencias en espacios femeninos compartidos con mujeres trans. (Poco después, más de cien colegas de ella firmaron una carta en la que la acusaban de promover “ideologías dañinas”.) Detrás de la cultura de la cancelación parece haber, además de miedo y una sensibilidad extrema a las ofensas o a la discrepancia, pereza intelectual Y esas muestras de audacia no vienen únicamente del profesorado. Este año, un grupo de estudiantes feministas de la Universidad de Cambridge organizó un acto para dar voz a académicos que hubieran sido excluidos de otros eventos por sus ideas críticas a la teoría de género. Una de las promotoras afirmaba haber perdido algunos amigos por ese motivo, pues hablar abiertamente de estos temas genera mucho miedo a ser tachado de tránsfobo. Pero poco a poco los roles se han invertido y cada vez hay más casos de académicos que se atreven a alzar la voz respecto a estos asuntos. En diciembre de 2020, Kathleen Stock, de la Universidad de Sussex, una de las más reconocidas críticas de la teoría de género, recibió un reconocimiento por parte del gobierno por sus servicios a la educación. Esto ha sido una muestra pública de apoyo a la libertad de expresión, que se confirma con el anuncio del gobierno de que prepara nuevas regulaciones que refuercen la libertad académica en las universidades. Sensibilidad extrema Pero la regulación externa no será suficiente para solucionar el problema. Detrás de esta cultura de la cancelación parece haber, además de un miedo y una sensibilidad extrema a las ofensas o a la discrepancia, pereza intelectual. Para la educación superior se trata de una tendencia preocupante: según un estudio de David Acevedo publicado por la National Association of Scholars, en Estados Unidos y Canadá ha habido más de 170 cancelaciones académicas en el último decenio. Acevedo explica que la cancelación académica usualmente ocurre de la siguiente manera: 1) un profesor, administrador o estudiante dice o escribe algo considerado herético para los progresistas; 2) otros profesores y estudiantes se escandalizan y exigen castigo; 3) se aplica el castigo. La pena impuesta puede ser una suspensión o incluso el despido; para muchos representa un retroceso en la carrera académica y una buena dosis de humillación pública. La lista de los “cancelados” elaborada por Acevedo es cuanto menos sorprendente de leer. Uno de los casos más recientes es el de la profesora Hannah Berliner Fischthal, de la Universidad St. John, quien fue excluida por decir “la palabra que empieza por N” (referencia a un término peyorativo para las personas negras) al leer en voz alta un pasaje de la novela de Mark Twain El bobo Wilson. Lo que queda claro es que la amenaza es real: cuando los investigadores no pueden contradecir ni retar a la ortodoxia progresista, se pierde la capacidad de buscar desinteresadamente la verdad. El debate académico se pierde y se sustituye por política barata. Las recientes acciones de universidades como la de Essex son ilustrativas: no podemos cancelar la cultura de la cancelación con más leyes o reglas; la victoria ha de venir del sentido común y del reconocimiento de las instituciones civiles de su propia esencia: buscar la verdad a través del diálogo racional.

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