Un “think tank” canadiense analiza cómo se ha deteriorado la tolerancia y qué se puede hacer para reforzar la libertad de conciencia.

Si en las sociedades que se dicen abiertas e inclusivas hubiera más tolerancia, no haría falta que el Estado se metiera a dirimir tan a menudo delicadas disputas sobre valores y estilos de vida. Es lo que argumenta un think tank canadiense, a la vista de tres casos ocurridos en la provincia de la Columbia Británica. En España, el gobierno de PSOE-Unidas Podemos ha repetido estas semanas un argumento que puede resumirse así: 11 años después de que la ley impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2010) reconociera el aborto como un derecho, este sigue sin estar garantizado en todos los hospitales públicos del país por culpa de los médicos objetores. En un informe titulado Our Inner Guide: Protecting Freedom of Conscience, el centro de investigación Cardus pone el foco en otro lado: más de 70 años después de que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) declarase la libertad de conciencia un derecho humano, esta sigue siendo ignorada por muchos tribunales, parlamentos y gobiernos. Este contraste aporta perspectiva y ayuda a entender que la protección de los derechos de conciencia no es una concesión graciosa del Estado, sino una exigencia derivada de una libertad fundamental. Pero hay quienes no terminan de creérselo y solo ven en ella un obstáculo para el ejercicio de otros derechos, un privilegio de los creyentes –como si los ateos no tuvieran conciencia– o incluso una licencia para discriminar. A esto hay que añadir un problema práctico: en sociedades cada vez más plurales, observa el informe, es inevitable que aumenten los desacuerdos acerca de lo que consideramos que está bien o mal. Es ley de vida: a más diversidad, más variedad de puntos de vista. De ahí que los autores planteen cómo “cultivar un ecosistema social” respetuoso con las diferencias en cuestiones morales, sin necesidad de recurrir siempre a los tribunales. Sufrimientos innecesarios Los investigadores de Cardus buscan soluciones a “los conflictos de intereses y derechos” que surgen entre los objetores y quienes padecen las consecuencias de la inacción. A la vez, recuerdan que en esas “crisis de conciencia” no todo el mundo se juega lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en la dramática situación en que se encuentra un médico que se debate entre ser despedido por rehusar practicar un aborto o ir en contra de unas convicciones que le definen. Si traiciona esas convicciones, “inevitablemente está comprometiendo su integridad y su identidad. Esta puede ser una experiencia terrible y desgarradora”. Algo que se podría evitar con una acomodación razonable. Obligar a alguien a actuar en contra de su conciencia vulnera su dignidad y puede acarrearle “daños morales y angustia”. Estos –continúa el informe citando a unos expertos– pueden manifestarse en una variedad de formas, en función de la persona y de la naturaleza de la coacción: frustración, ira, culpabilidad, ansiedad… Para algunos, dice otro especialista, la experiencia puede ser “devastadora e insoportable”. Límites Como cualquier otro derecho, la libertad de conciencia tiene límites. El informe menciona tres principios a tener en cuenta: no causar daño, no atentar contra la dignidad humana y no poner sobre los demás una carga desproporcionada. Por ejemplo, el dueño de un restaurante no podría invocar la libertad de conciencia para negar el cubierto a una pareja del mismo sexo por su orientación sexual. Además, la prestación de ese servicio no pone en juego la concepción del matrimonio. Caso distinto –al que no aluden los investigadores– es el del pastelero de Colorado Jack Phillips, que rehusó hacer una tarta para una boda gay no porque sus clientes fueran homosexuales, sino porque no quería participar en una ceremonia que va contra su idea del matrimonio. En este sentido, el informe aclara que “no aprobar los puntos de vista o el estilo de vida de una persona no daña la dignidad de esa persona”. Presiones del Estado En las democracias liberales, es improbable que el Estado fuerce directamente la voluntad de las personas para obligarlas a hacer cosas que no quieren hacer. Lo que sí hace a veces es amedrentar con amenazas de multas, retirada de licencias, denegación de fondos públicos, etc. Así ocurrió en el primero de los tres casos que recoge el informe. La Delta Hospice Society, una organización privada fundada en 1991 que brinda atención al final de la vida, abrió en la Columbia Británica un hospicio especializado en cuidados paliativos. Al principio, las autoridades sanitarias de la provincia se mostraron colaborativas: arrendaron el terreno y ayudaron a cubrir costes. Pero cuando en 2016 se legalizó el suicidio asistido en todo el país, comenzaron las presiones para que el hospicio adoptara esta práctica. Dentro de la institución, se desató una lucha de poder. En septiembre de 2019, la fundadora de la Delta Hospice Society y directora del hospicio, contraria al suicidio asistido, fue destituida del cargo por una junta que sí era partidaria de empezar a aplicarlo. Pero unas elecciones internas, celebradas dos meses después, devolvieron el gobierno de la institución a los contrarios al suicidio asistido. Estos recibieron un ultimátum por parte de las autoridades: o empezaban a practicarlo, o perderían el terreno alquilado. En junio de 2020, la Delta Hospice Society trató de reconvertirse en una institución de inspiración religiosa, lo que le hubiera permitido objetar al suicidio asistido gracias a una exención prevista para ese tipo de instituciones. Pero el Tribunal Supremo de la provincia paró el movimiento. En marzo de 2021, las autoridades asumieron el control del hospicio. Discrepantes, al banquillo Otras veces, las presiones no vienen del Estado, sino de los propios ciudadanos, que acaban judicializando los normales desacuerdos sobre estilos de vida que cabe esperar en una sociedad plural. Es el caso protagonizado por el grupo LGTB White Rock Pride Society y la parroquia católica Star of the Sea, ambas de la Columbia Británica. En 2019, el grupo solicitó a la parroquia usar el salón de eventos para un acto de recaudación de fondos destinados a “promover la inclusión, la diversidad y los derechos LGTB”. El evento organizado el año anterior en otro lugar había incluido performances de drag queens. La parroquia se negó a ceder el espacio, alegando que no quería fomentar una visión de la sexualidad y el matrimonio que es contraria a la suya. El grupo demandó a la parroquia ante el Tribunal de Derechos Humanos de la provincia, pues en su opinión la negativa suponía una discriminación en la prestación de bienes y servicios. En 2005, este mismo tribunal había sentenciado que una organización católica no estaba obligada a dejar sus intalaciones para una boda homosexual, lo que parecía un precedente importante para desestimar la nueva demanda. Pero el tribunal la ha admitido y el juicio empezará en enero de 2022. “La tolerancia es un elemento de la democracia liberal, no un beneficio discrecional que los poderosos conceden a los indefensos” Juez y parte El tercer caso comentado en el informe de Cardus lo protagoniza la abogada Shahdin Farsai. En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo de la Columbia Británica dictó una instrucción que exigía a los abogados y a las partes que intervienen en un proceso judicial referirse a las personas transgénero con los pronombres que estas hayan elegido. Dos meses después, en un artículo publicado en la revista jurídica Canadian Lawyer, Farsai cuestionó la parcialidad del Tribunal. Su principal argumento es que el uso de pronombres según la identidad de género sentida forma parte de un debate más amplio, que la sociedad todavía no ha resuelto. En palabras del informe: “Podría decirse que el Estado está tomando partido en el debate filosófico y científico subyacente sobre el significado del sexo y el género, y está exigiendo a los ciudadanos que se adhieran a la misma postura para poder acceder a los tribunales”. Cuando el artículo salió publicado en la web de la revista, se desató en las redes sociales una dura campaña de críticas contra Farsai. Más de doscientos juristas firmaron una carta de protesta enviada al editor, que terminó retirando el artículo tan solo dos días después de publicarlo. Redescubrir la tolerancia A la vista de estos tres casos, el informe hace una serie de recomendaciones: unas dirigidas a los ciudadanos; y otras, a los legisladores y a los responsables de las políticas públicas. A los primeros les recuerda que “no basta con promulgar leyes o ratificar políticas que protejan la conciencia: también debe producirse un cambio en las actitudes personales”. Antes de que intervenga la ley, hace falta que los ciudadanos “aprendamos o reaprendamos la importancia de los derechos de conciencia”. También debemos “redescubrir y reafirmar el adagio vive y deja vivir”, un lema –cabe añadir– que a veces se ha usado como palanca para la permisividad, pero que ahora es necesario reivindicar como escudo frente a la intolerancia. Es fácil respetar a quienes piensan y viven como nosotros, prosigue el informe. Pero la tolerancia se mide, precisamente, ante personas con “puntos de vista que rechazamos o a los que nos oponemos de forma activa”. Esta capacidad de dejar en paz a los discrepantes “es un rasgo esencial de una sociedad libre y democrática, no un signo de que esa sociedad funciona mal”. E insiste: “La tolerancia es un elemento de la democracia liberal, no un beneficio discrecional que los poderosos conceden a los indefensos”. Un ideal exigente Frente a quienes dulcifican la diversidad, el informe recuerda que, “por su propia naturaleza, la tolerancia es un principio incómodo, pues exige de nosotros que permitamos la expresión de puntos de vista que consideramos ofensivos, erróneos e incluso aborrecibles”. La libertad de expresión nunca es absoluta. Pero lo cierto es que, si falta holgura para que entren los puntos de vista que desafían a los dominantes, no hay democracia liberal. Esta es una de las condiciones que deben aceptar los ciudadanos de esas democracias: “Unas veces, nos beneficiamos de esta situación; y otras, soportamos su carga”. En las democracias desarrolladas, lo habitual es que ese ideal se practique de forma pacífica: la gente vive y deja vivir. Pero, de cuando en cuando, hay quienes se empeñan en que todos piensen lo mismo en una serie de asuntos controvertidos, como en el caso de la abogada Shahdin Farsai. La sociedad se desliza entonces hacia “la tiranía de la mayoría o, como mínimo, hacia la tiranía de una minoría intolerante dentro de la mayoría”. Defender la diversidad Para evitar este peligro, los investigadores subrayan que la tolerancia es algo que se debe construir en todos los ámbitos de la sociedad, “desde los salones del poder hasta las aulas universitarias y los pasillos de los lugares de trabajo, y más allá”. De hecho, como observa Brian Bird en un comentario al informe, todo el mundo debería estar interesado en que se respete la libertad de vivir según las propias convicciones, pues la reflexión moral “es una parte esencial del ser humano”. Además, solo así es posible “que lleguemos a ser el tipo de sociedad que aspiramos a ser: una sociedad inclusiva, libre, diversa y democrática”, añade Bird, profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Columbia Británica. Por el contrario, “cada vez que se ataca la libertad de conciencia, tiembla el suelo bajo una democracia liberal”. No es una exageración. Los investigadores de Cardus insisten en que si los ciudadanos viviéramos estos principios, no haría falta recurrir tan a menudo al Estado para que haga de árbitro en cuestiones sensibles. Ponen el ejemplo del pleito iniciado por la White Rock Pride Society: las leyes antidiscriminación sirven para evitar discriminaciones injustas, “no para obligar a otros a adoptar la propia visión del mundo”. Contra la obligación de remitir Junto al cambio de actitud de los ciudadanos, el informe recoge varias recomendaciones destinadas a reforzar la protección jurídica de la libertad de conciencia. La más importante es la que pide reforzar las objeciones de conciencia en las profesiones sanitarias (médicos, enfermeros, farmacéuticos…), que es el ámbito más conflictivo hoy día en Canadá. En general, explican los investigadores, los trabajadores sanitarios ya han conseguido la libertad de negarse por motivos de conciencia a realizar ciertas prácticas y a dispensar determinados medicamentos. Pero les queda por conquistar la libertad de negarse a encontrar a una persona que esté dispuesta a hacer lo que ellos rechazan, algo a lo que les obliga la ley. Alegan que facilitar ellos mismos, a través de gestiones personales, el acceso a unos servicios y unos medicamentos contrarios a sus convicciones éticas les convierte en cómplices. Frente a las remisiones obligatorias, proponen crear una oficina pública que se encargue de coordinar los procedimientos controvertidos. Este organismo sería el responsable de hacer las derivaciones. Otra opción es crear una base de datos online, de fácil acceso, que informe al público a qué médicos pueden acudir si quieren esos servicios. A diferencia de los registros para objetores, en este caso quienes se retratan son los sanitarios que no tienen inconvenientes morales. A esta recomendación se le puede objetar que un registro de este tipo podría usarse para discriminar profesionalmente a los que no se apuntan. También plantea dudas sobre el derecho a la intimidad. Sobre esto, los investigadores de Cardus no ven inconveniente pues, como explican, Ontario ya cuenta con una base de datos oficial “con criterios de búsqueda personalizables, como el sexo y el idioma del médico”. ¿Y el Canadá vaciado? El informe admite que ni la oficina pública ni la base de datos servirían para las localidades rurales, donde no siempre hay médicos dispuestos a practicar abortos o suicidios asistidos. En este punto, los investigadores son muy claros: el problema no es la objeción de conciencia, sino la desigual calidad de acceso al sistema sanitario que se da entre regiones. “No es realista que el Estado pueda proporcionar un acceso instantáneo o libre de problemas a la atención sanitaria. Si se tolera esta realidad a causa de limitaciones de financiación o de geografía, ¿por qué negarse a tolerarla en aras de un derecho humano básico [la libertad de conciencia]? ¿Qué razón de peso hay para facilitar el acceso al aborto o el suicidio asistido en mayor medida que a la quimioterapia, la cirugía cardíaca o la diálisis? Muchos canadienses deben viajar para obtener estos servicios”. Y añade: “La negativa a tolerar el ejercicio de la libertad de conciencia en la atención sanitaria es particularmente difícil de justificar, dado que, como aceptó el Tribunal Divisional de Ontario, no existe ‘ningún estudio ni prueba directa que demuestre que el acceso a la atención sanitaria es o ha sido un problema causado por los médicos que objetan, por motivos religiosos o de conciencia, a derivar a sus pacientes’” (The Christian Medical and Dental Society of Canada v. College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2018). Otras recomendaciones del informe son la protección de la objeción de conciencia de las instituciones –no solo de las personas físicas–, lo que es consecuente con el hecho de que cada vez valoremos más la diversidad: es razonable que pacientes con determinadas objeciones morales puedan confiar su salud a profesionales sanitarios de convicciones similares a las suyas; tratar a la libertad de conciencia según su naturaleza propia, no como si fuera libertad religiosa; no condicionar la tutela judicial al uso de los pronombres de género, etc. Bueno para el progreso moral A modo de alegato final, los investigadores hacen un llamamiento a los poderes públicos, para que actúen con prudencia y humildad ante los asuntos morales controvertidos. Especialmente, cuando se estén planteando aprobar alguna restricción a la libertad de conciencia en nombre del progreso. En no pocas ocasiones, les recuerdan, el verdadero progreso ha llegado de la mano del “ejercicio personal de la conciencia”. Personas como Martin Luther King o Nelson Mandela tuvieron el coraje de alzarse contra prácticas que, en su día, se consideraban legítimas. Gracias a su firme denuncia de la discriminación racial y la segregación, hoy reconocemos como injustas esas prácticas. Para que una sociedad pueda llegar a reconocer sus errores, es preciso que se dé ese cuestionamiento. “La libertad de conciencia no solo protege las convicciones fundamentales, sino que también promueve el crecimiento moral, tanto de las personas como de las sociedades. La conciencia, aunque inherentemente individual, es vital para el bien común”.

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