El derecho a ser dejado en paz

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En una época tan celosa de los derechos es curioso que se ponga en cuestión uno tan básico como el derecho a no intervenir en actos contrarios a las convicciones éticas personales. A menudo, los cambios legislativos en asuntos de familia, matrimonio, eutanasia, maternidad apelan a la autonomía individual, la libertad de conciencia, el respeto al pluralismo ideológico, la tolerancia. Sin embargo, a medida que se establece una nueva escala de valores, la resistencia del que no quiere sumarse a ellos perturba a la nueva ortodoxia.

Canadá: ¿médicos obligados?

En Canadá la cuestión está planteada con motivo de la ley sobre el llamado “suicidio asistido”. El año pasado el Tribunal Supremo canadiense declaró inconstitucional la prohibición del suicidio asistido (cfr. Aceprensa, 17-02-2015). Los jueces dieron al gobierno un año de plazo para regular esa práctica, y ahora el gobierno del liberal Justin Trudeau ha presentado su proyecto de ley para reconocer “la prestación de la ayuda médica a morir”.

Como siempre ocurre, las palabras no son inocuas, y el título parece sugerir que hasta ahora los moribundos carecían de ayuda médica. La novedad es más bien que la ley permitirá que el médico provoque la muerte, en principio a petición del paciente, aunque la experiencia de otros países como Holanda y Bélgica muestra que cada vez en más casos la eutanasia se aplica a enfermos que no están en condiciones de solicitarla.

Sea o no voluntaria, lo que no queda claro es si los médicos se verán obligados a intervenir en esta práctica. El proyecto de ley dice que correrá a cargo de los médicos, pero no habla para nada de la objeción de conciencia del personal sanitario. La autonomía del paciente está garantizada, pero la del profesional es silenciada.

Sin lugar para la objeción

Sin embargo, en una encuesta realizada por la Canadian Medical Association el pasado agosto, de los 1.407 médicos que respondieron, el 63% se manifestaba en contra de facilitar “ayuda médica para morir”, frente a un 29% que lo apoyaba (cfr. Aceprensa, 9-09-2015). Así que el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no es un tema menor en la aplicación de la ley.

De hecho, ya hay médicos canadienses que temen ser forzados a intervenir en tales prácticas o que la ley les exija remitir obligatoriamente al paciente a otro médico dispuesto a realizarlas.

Si se trata de respetar la autonomía de cada uno, lo lógico sería que el paciente buscara la colaboración del médico que compartiera sus convicciones

La razón invocada por los partidarios del suicidio asistido es que, como ahora es legal, el médico no solo no debe impedirlo, sino que tiene también el deber de facilitar que el paciente pueda acceder a él. Por lo tanto, si no quiere realizarlo él, tendría al menos que proporcionar la información y las gestiones para que la decisión del paciente se lleve a cabo. En cambio, los médicos objetores consideran que la obligación de remitir al enfermo a otro médico les hace cómplices de unas prácticas que consideran contrarias al sentido de la medicina.

La regla de que si la ley reconoce un derecho, el médico está obligado a prestarlo o a facilitar su obtención al margen de sus convicciones éticas, no deja de ser problemática. Si la ley reconoce el derecho a abortar dentro de un determinado plazo, sin poner condiciones, ¿una doctora podría negarse a realizar un aborto por razón del sexo cuando una pareja hindú no quiere una niña? ¿Está obligada a remitirles a otro médico dispuesto a hacerlo?

Curiosamente, los que quieren dictar el nuevo código moral al médico presentan la objeción de conciencia como una imposición de las creencias del médico al paciente. Una muestra característica de esta postura se encuentra en un artículo de uno de los más conocidos bioéticos canadienses, Udo Schuklenk, para quien “la objeción de conciencia no tiene lugar en la práctica de la medicina”.

Su idea es que el médico ha suscrito un contrato implícito con la sociedad, y que a cambio de un lucrativo monopolio en la provisión del servicio médico está obligado a proporcionar todas las prestaciones sanitarias que sean legales. “Forzar a los pacientes a vivir conforme a los valores de los objetores de conciencia constituye una inaceptable violación de los derechos de los pacientes”, asegura Schuklenk.

Anular la objeción es un modo de afirmar que el aborto o la eutanasia han entrado a formar parte de las normas sociales aceptadas

Lo que no explica es por qué obligar al médico a actuar conforme a los valores del paciente no supone infringir los derechos del médico. Si se trata de respetar la autonomía de cada uno, lo lógico sería que el paciente buscara la colaboración del médico que compartiera sus convicciones.

Además, el monopolio que se concede al médico en la provisión del servicio sanitario es para asegurar que tiene la competencia necesaria para mantener y mejorar la salud del enfermo. Pero cuando se trata justo de lo contrario, el monopolio no tiene razón de ser, y un cursillo práctico de “últimos auxilios” podría capacitar a cualquiera para aplicar la eutanasia.

Aunque la ley lo permita

Sin embargo, la postura de Schuklenk es no solo radical, sino también amenazadora para los médicos disidentes. Para él, los médicos que sientan que no puede aplicar la eutanasia o remitir a los pacientes a otro médico, tendrían que dejar la profesión y dedicarse a otra cosa.

Pero, según esta lógica, un abogado estaría también obligado a asumir la defensa de cualquier detenido que solicitara sus servicios. Como en todo proceso penal un ciudadano tiene derecho a ser defendido por un abogado, este no podría negarse aunque no quisiera aceptar ese caso. Sin embargo, para conciliar el derecho del detenido y la libertad profesional del abogado, la sociedad ha previsto el turno de oficio ejercido voluntariamente por los abogados que se comprometen a defender al acusado que les corresponda.

La idea de que el médico está siempre obligado a proporcionar los servicios que la sociedad admite, muestra su peligrosidad cuando se aplica también a sociedades con otros valores y leyes. En algunos países, el médico estaría obligado a amputar la mano por robo, a realizar la ablación del clítoris, a supervisar la pena capital o los latigazos por adulterio.

La pretensión de que el médico está obligado a remitir al paciente a otro médico dispuesto a realizar lo que a él le parece inaceptable, nos pondría también en situaciones conflictivas.

Pfizer, el gigante farmacéutico estadounidense, acaba de anunciar la prohibición del uso de sus fármacos para la inyección letal de la pena capital. No quiere que unos fármacos pensados para cuidar la salud, puedan ser utilizados para provocar la muerte. Más de veinte compañías europeas y norteamericanas han puesto ya una restricción similar. ¿Puede decirse que están imponiendo sus convicciones a los 32 estados americanos donde la pena capital es legal? ¿Están obligados a buscar otros laboratorios que estén dispuestos a vender tales sustancias a estos estados? ¿Podrían los estados pedir a los laboratorios objetores que se abstengan de vender otros fármacos en su territorio?

Mantenerse al margen

Otra forma de poner obstáculos al ejercicio de la objeción de conciencia es circunscribirla a una acción concreta, en vez de garantizar que el profesional no se verá envuelto en todo el procedimiento objetado. Así es la política que se está llevando a cabo en el Reino Unido para obligar a las comadronas a atender a la mujer en caso de aborto. El Colegio Británico de Comadronas acaba de poner un discreto aviso en su página web para advertir, sin ninguna consulta previa, que las comadronas solo pueden mantenerse al margen por razones de conciencia de las acciones “directamente implicadas” en el aborto. Por lo demás, tienen la obligación de participar en todos los cuidados de la paciente que se somete a un aborto.

Philippa Taylor, directora de Política Pública en el Christian Medical Fellowship, ha comentado que, aunque uno no realice directamente un robo, puede ser condenado como cómplice si proporciona información, medios o asistencia a los autores directos. En el caso de las comadronas, son profesionales “formadas para salvar la vida del nasciturus, no para destruirla ni para ser involucradas en este proceso”. Y no deja de ser paradójico que el organismo que debe representar a profesionales comprometidas con traer al mundo nuevas vidas, les exija que intervengan en lo contrario.

Pero una vez que se legaliza el aborto, aunque la ley reconozca la objeción de conciencia, pronto se empieza a poner en cuestión. El pasado abril hubo una áspera polémica en Italia porque el Comité Europeo de Derechos Sociales –un organismo de la Unión Europea– advirtió a Italia que no estaba garantizando el derecho al aborto por falta de médicos dispuestos a realizarlo. En realidad, la aplicación de la ley del aborto de 1978 es mucho más laxa que lo que prevé el texto. Aunque el aborto solo es libre durante las 12 primeras semanas, después es posible si peligra la salud de la madre, y siempre que hace falta se invoca el riesgo psicológico para justificar el aborto aunque sea en el segundo trimestre.

Lo que molesta a los partidarios del aborto es que en 2014 el 70% de los ginecólogos, el 50% de los anestesistas y el 46,5% de otros profesionales sanitarios se declaraban objetores. También hay que tener en cuenta que la ley no obliga a los profesionales a intervenir en abortos ni a las clínicas a tener servicios donde se realicen. El número de médicos dispuestos a practicar abortos ha descendido ligeramente, de 1.607 en 1983 a 1.490 en 2013, mientras que el número de abortos se ha reducido a la mitad desde 1983 para quedar en 102.760.

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