Filantropía - ¿Hay que conceder ventajas fiscales a las actividades filantrópicas y a sus donantes? Un reciente informe de la OCDE examina los argumentos a favor y en contra.

Ocuparse del bien público no es una prerrogativa exclusiva del Estado. La filantropía desempeña también un papel importante, si se tiene en cuenta que el sector sin ánimo de lucro representa el 5% del PIB en muchos países de la OCDE. Por lo general, los gobiernos estimulan la filantropía con incentivos fiscales. Pero los modos de hacerlo son variados y muchas veces discutidos. Un reciente informe de la OCDE, Taxation and Philanthropy, se presenta como el más exhaustivo análisis hasta ahora realizado sobre el tratamiento fiscal de la filantropía y las opciones posibles. Cuando en 2019 Amancio Ortega (el español más rico) hizo una donación de unos 310 millones de euros para equipar a la sanidad pública con máquinas avanzadas de radioterapia para enfermos oncológicos, no obtuvo un aplauso unánime. Las sociedades médicas y asociaciones de lucha contra el cáncer agradecieron esta colaboración. Pero fuerzas de izquierda como Podemos afirmaron que el sistema público de salud no debería financiarse con “limosnas de multimillonarios” y que lo que tenían que hacer los ricos era pagar sus impuestos (aunque nadie había dicho que Ortega no los pagara). Esta alergia a la filantropía es una postura bastante atípica en el mundo de hoy, ya que la mayoría de los países intentan estimular estas iniciativas con un tratamiento fiscal favorable. El informe de la OCDE, producido en colaboración con el Geneva Centre for Philanthropy, se basa en datos de 40 países, entre los que no figura España. EE.UU., a la cabeza Cuando las exenciones fiscales para la filantropía fueron introducidas a comienzos del siglo XX, había pocas entidades de este tipo y la mayor parte de sus ingresos procedían de donaciones. Hoy el sector ha crecido considerablemente, y muchas entidades filantrópicas dependen en buena parte de la autofinanciación, también a través de actividades comerciales e inversiones de su patrimonio. El volumen de las donaciones en porcentaje del PIB es especialmente grande en el mundo anglosajón, donde destacan EE.UU. (1,4% del PIB), Canadá (0,77%), Reino Unido (0,54%) y Nueva Zelanda (0,79%). En Asia, Corea (0,50%) e incluso la India (0,37%) van muy por delante de Japón (0,12%). El informe examina primero los argumentos a favor y en contra de los incentivos fiscales para las actividades filantrópicas y sus donantes. Ni el mercado ni el Estado Desde el punto de vista de la teoría económica, una razón para dar un estímulo fiscal a la filantropía existe cuando ni el mercado ni el Estado son capaces de proporcionar un bien público en una cuantía suficiente. Las becas para universitarios pueden ser un ejemplo. Los beneficios fiscales a la filantropía son preferibles a la subvención estatal para mantener la independencia del tercer sector Otro motivo económico en la misma línea surge cuando una actividad filantrópica tiene lo que los economistas llaman externalidades positivas, es decir, un efecto indirecto del que se benefician sin pagar unos terceros o la sociedad en general. Así, una actividad filantrópica en la educación beneficia no solo a los que la reciben, sino también a todos, en la medida en que creará una sociedad más culta y productiva. Una alternativa a los beneficios fiscales para estimular la filantropía es que el Estado conceda directamente subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan esas actividades. Esto puede ser conveniente cuando el Estado quiere ejercer un mayor control sobre el destino de los recursos. Pero también se discute el efecto que estas subvenciones directas del Estado pueden tener sobre los potenciales donantes privados. Estos pueden retraerse si piensan que ya han contribuido con sus impuestos. Pero otros creen que el hecho de que el Estado reconozca la utilidad de estas actividades con su subvención puede animar a los particulares a donar. No son ingresos de un negocio Otra razón para un tratamiento fiscal distinto de la filantropía subraya que solo pueden ser gravadas las actividades con ánimo de lucro. Una parte significativa de los recursos de estas entidades provienen de las cuotas de sus miembros, que no pueden ser tratadas como rentas. Y si, por ejemplo, la Cruz Roja hace una serie de gastos para atender un desastre, no puede decirse que estos sean como los gastos deducibles para desarrollar un negocio. Es verdad que algunas entidades sin ánimo de lucro, como hospitales o universidades, pueden obtener una buena parte de sus recursos de actividades mercantiles, pero en esos casos es relativamente sencillo determinar lo que son ingresos sujetos a gravamen. Una variante de este argumento destaca que los beneficios fiscales a la filantropía son preferibles a la subvención estatal para así mantener la independencia del llamado “tercer sector”. Las exenciones fiscales mantienen al gobierno al margen del funcionamiento de estas entidades y evitan que ellas tengan que estar pidiendo subvenciones públicas. Desde el punto de vista de la justicia distributiva, si la actividad filantrópica en cuestión beneficia a los hogares de bajos ingresos, puede haber una razón más para subsidiarla fiscalmente. Independientemente del tipo de beneficios fiscales, el mero hecho de que para beneficiarse de ellos los donantes tengan que desprenderse de parte de sus ingresos o de su riqueza, disminuye la desigualdad. El coste fiscal de la filantropía Pero también hay argumentos que cuestionan la necesidad de beneficios fiscales para la filantropía, o al menos en determinadas fórmulas. El punto de partida es que las concesiones fiscales tienen un “coste”, es decir, que reducen los ingresos del Estado, y así trasladan la carga fiscal a otros contribuyentes. Algunos dicen incluso –aunque esto es más controvertido– que esta disminución reduce la responsabilidad fiscal para obtener determinados objetivos sociales o económicos. Este tipo de análisis considera las exenciones fiscales como subsidios gubernamentales y los evalúa como gasto público. Hay quien arguye que el donante habría dado en cualquier caso, aunque no hubiera beneficios fiscales. Y como su conducta no ha cambiado, no puede decirse que haya habido una pérdida de renta merecedora de una compensación fiscal. Mayor influencia para los más ricos Otro tipo de objeción señala que el modo de concebir la exención fiscal puede favorecer grandes donaciones por parte de un reducido número de filántropos, en vez de pequeñas donaciones de muchos contribuyentes pequeños. Esto choca con la premisa básica de un sistema fiscal progresivo, ya que las exenciones beneficiarán más a los contribuyentes más ricos. Por otra parte, está comprobado que las donaciones de los grupos de rentas más altas tienden a concentrarse en entidades dedicadas al arte, la educación y la cultura, mientras que las de donantes de rentas más bajas se dirigen a iniciativas religiosas y de asistencia social. En el capítulo de objeciones hay que mencionar también la que asegura que la gente más rica, operando a través de fundaciones privadas, tiene la posibilidad de influir más en las decisiones públicas. En otras palabras, el poder de gastar dinero da un significativo poder político. Esto se aplica de modo especial a los grandes filántropos, sobre todo en la sociedad de EE.UU. Bill y Melinda Gates o George Soros no necesitan ganar más dinero, pero pueden influir en importantes decisiones políticas con su financiación. Restricciones a la competencia También se ha dicho que las operaciones comerciales de entidades sin ánimo de lucro pueden gozar de una ventaja injusta cuando compiten con otros negocios que ofrecen el mismo tipo de bienes y servicios. Podría ser, por ejemplo, el caso de hospederías regentadas por comunidades religiosas, que tienen un tratamiento fiscal privilegiado porque llevan a cabo objetivos filantrópicos más amplios. En estos casos, la legislación de EE.UU. y de otros países procuran distinguir entre las actividades relacionadas con el objetivo filantrópico y las actividades comerciales no relacionadas, que tendrían que pagar los mismos impuestos que los demás proveedores. Por otro lado, las exenciones fiscales no están sujetas a una revisión periódica, a diferencia de lo que ocurre con las subvenciones. Así que, una vez recibidas, los beneficiarios no están obligados a justificar la concesión. Además, las grandes fundaciones no tienen que dar cuentas a los consumidores ni, a diferencia de los políticos, pueden ser descartadas, aunque sí tienen que justificar sus actividades ante las autoridades fiscales. El “soft power” de Bill Gates Los argumentos arriba citados se refieren a actividades en el propio país, pero buena parte de las iniciativas filantrópicas tienen lugar hoy más allá de las propias fronteras. El informe de la OCDE aborda aparte estas “contribuciones voluntarias de donantes privados de un país a receptores en otros países”. Un rasgo característico de estas donaciones es que su origen está muy concentrado. De las 143 fundaciones incluidas en la muestra de 40 países, el donante más importante en la ayuda a países en desarrollo es con mucho la Fundación Bill y Melinda Gates, y el 81% de toda esta ayuda en el periodo 2013-2015 fue proporcionada por solo 20 fundaciones. ¿Tiene sentido que los donantes y contribuyente de un país se preocupen por ayudar a los de otros países, cuando sigue habiendo necesidades en su propia casa? Los argumentos a favor de incentivos fiscales para este tipo de filantropía son de dos tipos. Unos subrayan el “imperativo moral” de ayudar a países menos desarrollados: si la lucha contra la pobreza, la educación o la sanidad son objetivos laudables en el propio país, también deberían justificar un trato fiscal especial para los que dan dinero con estos fines en el extranjero. Las exenciones fiscales tienen un “coste”, pues reducen los ingresos del Estado Otros apelan al “propio interés”. Así como la ayuda al desarrollo por parte de los Estados permite ejercer un soft power mediante una influencia cultural y económica, también el estímulo a la filantropía privada podría incluirse en este ascendiente. Además, el país de donde proceden los donantes está interesado en que en los países de la región haya estabilidad y bienestar, para evitarse problemas a sí mismo. Es el tipo de argumento que se suele esgrimir en Europa para proporcionar ayuda a los países africanos de donde procede la emigración irregular. Pero también pueden encontrarse razones para no conceder estímulos fiscales a esta filantropía trasnacional. Un posible argumento es que las exenciones fiscales son un coste para el país donante, sin que obtenga un beneficio comparable al de la filantropía en el propio país. La falta de supervisión sobre el modo en que se gastan esas contribuciones privadas es otro motivo de preocupación. Las entidades que operan en el extranjero pueden encontrar dificultades adicionales para acomodarse a otro régimen legal, o para hacer concesiones a gobiernos cuya corrupción es endémica, o para afrontar los costes derivados de su relación con la población local. Estos costes van a reducir el dinero dedicado al auténtico objetivo de las donaciones, lo cual puede disuadir a los donantes de este tipo de filantropía.

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