La preocupación por el desequilibrio entre la baja natalidad y la prolongación de la esperanza de vida y sus efectos en las pensiones, contrasta con el reconocimiento de un derecho al aborto que elimina el 20% de los embarazos.

La Comisión Europea está cada vez más preocupada por el envejecimiento demográfico y su repercusión en las pensiones. Esta misma semana ha publicado un Libro Verde cuyo mensaje es que “con las tendencias actuales la situación es insostenible”. Soluciones: conseguir que la edad efectiva de salida de la vida laboral (actualmente 61,4 años) se aproxime a la edad legal de jubilación, y alargar esta hasta los ...70 años. En España, la edad efectiva de abandono de la actividad laboral está en 62,6 años, y el gobierno ya ha anunciado su intención de prolongar la edad legal de jubilación hasta los 67. A este paso, los viajes del INSERSO ya no serán para llevar a los mayores a Benidorm, sino a su puesto de trabajo vitalicio. La creciente sensibilidad hacia este problema se nota también en los medios de comunicación. “Su hijo es un bien de interés público”, titula un reportaje de El País (7-07-2010). Con datos y opiniones de especialistas, da la señal de alarma sobre el desequilibrio entre la baja natalidad y la larga esperanza de vida, lo que pone en riesgo el Estado de bienestar: las pensiones, la atención a las personas dependientes, el gasto sanitario y educativo. Los políticos pueden prometer cualquier cosa en sus declaraciones, pero los datos demográficos son contundentes y nada flexibles. Para apuntalar el Estado de bienestar, necesitaríamos alcanzar una tasa de fecundidad en torno a 1,9 hijos por mujer, como tienen Francia y los países nórdicos. En cambio, tenemos 1,46. La inmigración contribuye a aumentar la natalidad (un 20% de los nacimientos son de madre extranjera), pero los demógrafos saben que no basta para aumentar la tasa de fecundidad. Las inmigrantes no son tan numerosas como para elevar ese índice, y además tienden a ir adoptando los patrones españoles de natalidad más reducida. Así que no queda más remedio que estimular la natalidad. Si en los viejos tiempos se trataba de tener hijos para engrandecer la patria, ahora se trata de tenerlos para la Seguridad Social. Pero tampoco es una imposición: en todas las encuestas las españolas dicen que desearían tener más hijos. En el citado reportaje, se pide que todos cambien para fomentar la natalidad: el Estado, con más prestaciones familiares y plazas de educación infantil; los empleadores, con medidas de conciliación entre trabajo y familia; y las propias familias, con una responsabilidad compartida entre marido y mujer para la crianza de los hijos. Lo dicho: “su hijo es un bien de interés público”, que todos hemos de proteger. El aborto, contra el Estado de bienestar Pero uno vuelve la página y se encuentra con el debate sobre la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, y el hijo pasa a ser un bien de interés exclusivamente privado, del que la mujer puede disponer sin dar explicaciones. Aquí no cabe ni lo de la responsabilidad compartida con el padre. Sin entrar en otras consideraciones éticas, no cabe duda de que las vidas eliminadas por el aborto son otro embate a los pilares del Estado de bienestar. Los 115.812 abortos de 2008 suponen uno por cada cinco embarazos. Uno de cada cinco nuevos españolitos que no aportarán sus brazos y sus cabezas al progreso del país. También habrían supuesto un gasto en su infancia y juventud, pero el aumento de población joven en un país envejecido siempre tiene un efecto positivo. Tampoco cabe pensar que las mujeres que abortan están cargadas de hijos. Los datos dicen que el 66% no tenían ninguno, y el 23% solo uno. Si se trata también, como explican los demógrafos, de favorecer que las mujeres tengan hijos más jóvenes, el derecho al aborto va precisamente en la dirección opuesta: las más elevadas tasas de aborto se dan entre los 20-24 años (21,05 por mil mujeres) y de los 25 a 29 años (16, 49 por mil). Sin embargo, lo que preocupa a El País en esa otra página es que la facilidad para abortar sin dar explicaciones no encuentre ningún obstáculo: ni objeción de conciencia, ni limitaciones de dinero público, ni control riguroso de las clínicas abortistas. En concreto están muy preocupados con el caso de Navarra, donde el gobierno foral mantiene que, como allí no hay médicos dispuestos a realizar abortos, seguirá derivando a las mujeres que quieran abortar a otras regiones limítrofes, aunque les paga los gastos. Esta actitud “obstruccionista” les pone de los nervios a la izquierda y a los colectivos feministas. Dicen que esto crea un gran obstáculo al ejercicio del derecho al aborto, aunque habida cuenta de que las pamplonicas se desplazan a San Sebastián (87 km.) en menos de una hora para ir a la playa, no parece un gran incomodo hacer lo mismo para abortar. Pero se comprende que, tratándose de Navarra, a estos colectivos les importa más el fuero que el huevo. En cualquier caso, la actitud del gobierno socialista en este punto es emblemática de las contradicciones de cierta izquierda. Ha comprendido que con la economía no se juega, y por eso anuncia la reforma de las pensiones y la subida de la edad de jubilación, como un ejercicio de responsabilidad ineludible. Al mismo tiempo, ante unas cifras de abortos disparadas desde hace años, reconoce como un derecho y una prestación del sistema de salud un gesto de muerte que quita cada año un 20% a la natalidad del país. Así, lo que el Ministerio de Trabajo intenta consolidar es socavado por los Ministerios de Igualdad y de Sanidad.

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