Todavía hoy, cuando se habla del “modelo sueco” se sigue pensando en un modelo que, sin nacionalizar los medios de producción, socializa los resultados con altos impuestos, fuerte intervención estatal y provisión de servicios sociales a través de instituciones públicas. Pero ese modelo ya solo existe en los libros de historia. Su rápida transformación desde los años noventa es lo que nos cuenta este clarificador libro de Mauricio Rojas, un chileno que llegó a Suecia como asilado político en 1974, y que hoy es profesor de Historia Económica en la Universidad de Lund y diputado del partido liberal desde 2002.
Rojas explica primero el auge y caída del Estado del bienestar sueco entre los años sesenta y noventa del siglo XX. En esta vía socialdemócrata al socialismo, la carga tributaria total se duplicó entre 1960 y 1989, pasando del 28% al 56% del PIB, mientras que el gasto público aumentó del 31% al 60% del PIB. Al mismo tiempo, el Estado controlaba completamente la provisión de servicios del bienestar, y combatía las iniciativas independientes.
Pero ya desde los años setenta el modelo empieza a acusar problemas que van agravándose: crecimiento económico más lento, retroceso respecto a otros países desarrollados, pérdida de puestos de trabajo, estallido del déficit público, malestar por los altos impuestos que desaniman de trabajar… Esta crisis provocó el cambio político de 1991, cuando llegó al gobierno el conservador Carl Bildt (1991-1994), impulsor de las reformas del Estado del bienestar, que luego serían asumidas por los socialdemócratas.
“El eje fundamental de las reformas emprendidas en lo que respecta a los servicios del bienestar de responsabilidad pública -explica Rojas- ha consistido en la ruptura de los monopolios estatales sobre la provisión de los mismos”. Con la financiación pública, directa o indirecta, el Estado garantiza que los servicios lleguen a todos; pero la provisión del servicio está abierta a la iniciativa privada (cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas), y el ciudadano puede ejercer su libertad de elección con el sistema de vouchers o vales de bienestar.
El primer y más clamoroso ejemplo es el vale escolar que rige para toda la educación preescolar, primaria y secundaria, con el que se puede elegir la escuela de preferencia dentro del sector público o entre las escuelas independientes. Estas escuelas no pueden exigir pagos extras, pero tampoco lo necesitan, porque la diferencia entre el monto del vale escolar y lo que reciben las escuelas públicas es solo de un 2,4% para la enseñanza primaria y de apenas un 1% en la secundaria.
Esta financiación equitativa y una amplia libertad para la creación de escuelas han cambiado el panorama escolar: antes el 99% de todos los alumnos iban a escuelas públicas; después se han creado centenares de escuelas independientes, que acogen al 8,3% de los alumnos de primaria y al 15% de secundaria a nivel nacional (pero donde hay más posibilidad de elegir, como en Estocolmo, los porcentajes suben al 16,1% y al 27%).
Ha surgido así un pujante sector de empresas que, sin dejar de lado el aspecto comercial, forman parte del sistema de prestación de servicios financiados con fondos públicos, en enseñanza, sanidad, guarderías, atencíón de ancianos, educación de adultos… Una tendencia que en España, con manifestaciones mucho más tímidas, es habitualmente denunciada por la izquierda como “inadmisible privatización” de los servicios públicos.
Rojas se extiende también sobre las reformas de las transferencias del Estado y particularmente sobre la del sistema de pensiones que creó dos sistemas complementarios: uno colectivo y básicamente de reparto; y otro individual y de capitalización. En este y en otros aspectos se advierte el pragmatismo que ha presidido el proceso de reformas.
La reinvención del Estado del bienestar ha dado lugar a lo que Rojas llama el Estado posibilitador. Sería este un término medio entre el Estado mínimo del bienestar, centrado en grupos sociales vulnerables, como ocurre en EE.UU., y el modelo maximalista que aspira a asumir la mayor responsabilidad posible por el bienestar de los ciudadanos, como era antes el de Suecia. El Estado posibilitador sería, según Rojas, una combinación de “la responsabilidad pública por la equidad con un pujante capitalismo del bienestar y una libertad ciudadana de elección cada vez más amplia”.
Pero sin olvidar que el Estado posibilitador exige todavía impuestos relativamente altos. En 2006 la carga tributaria suponía un 50,1% del PIB (en comparación, era un 36,7% en España). El Estado del bienestar nunca es gratis, si bien cuando funciona mediante monopolios públicos suele ser más caro.