Decía el filósofo que lo primero que conocemos es aquello de lo que se nos priva: la injusticia nos resulta más evidente que la justicia. Por eso, a veces, los libros que más necesitamos no son los que nos prometen un refugio confortable, sino aquellos que, con dureza y rigor, nos muestran los cimientos que se están resquebrajando bajo nuestros pies, tal como ocurre en nuestro presente.
Erosiones del Estado de derecho, coordinado por María José Roca Fernández y Luis Míguez Macho, es precisamente eso: un diagnóstico colectivo que no levanta la voz, pero que inquieta, sobre la salud de las democracias, especialmente la española.
En el libro colaboran académicos, juristas, magistrados y fiscales, quienes recorren los tres poderes del Estado y sus relaciones, abordando, entre muchos otros temas de gran calado, todo lo que estructuralmente puede mejorarse. Aunque se refieren a España, sus consideraciones resultan aplicables a otros países. En el volumen se analizan, por ejemplo, las distorsiones que afectan a la función parlamentaria, como el abuso de las proposiciones de ley, las enmiendas sin conexión con el proyecto principal o el recurso desmedido de los reales decretos, previstos para urgencias.
Desde el punto de vista del poder ejecutivo, se llama la atención sobre la falta de respeto institucional hacia otros poderes, la escasa ejemplaridad en la administración y el resurgimiento de figuras jurídicas que debilitan el control judicial. ¿Y el poder de los jueces? Hay, eso es evidente, una crisis en el seno del Consejo General del Poder Judicial y tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Por otro lado, de modo más general, se aborda el aborda el debilitamiento de la libertad de expresión, los retos de la digitalización y la debilidad del procedimiento democrático.
La obra cierra con una mirada a Europa: los informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de la independencia judicial, instrumentos interesantes para proteger el Estado de derecho, pero que, como advierte su epílogo, no tienen eficacia sin el compromiso activo de la sociedad civil.
Lo que subyace a todos estos análisis es una idea que los juristas tienden a dar por supuesta y que este libro se encarga de recordar: el Estado de derecho no se sostiene solo con normas positivas. Necesita también que quienes ejercen el poder acepten de verdad sus deberes y sean conscientes de sus límites. La virtud de esta obra es no limitarse a señalar, sino también proponer soluciones realistas, diseñadas por quienes tienen experiencia, con la convicción de que el deterioro puede revertirse siempre que todos se impliquen. Un ensayo, pues, imprescindible para hacerse una idea de la crisis institucional en la que estamos inmersos.