La nueva ley francesa obliga a las redes sociales a retirar los contenidos en las 24 horas siguientes a una denuncia.

La ley recién aprobada por el Parlamento francés para combatir contenidos ilícitos en Internet –terrorismo, incitación al odio, pornografía infantil– es similar a la alemana pero más dura. Exige de las plataformas respuesta inmediata a las denuncias, sin control judicial. Los críticos alegan que restringe la libertad de expresión por vía administrativa y fomenta la autocensura. Existe malestar contra las fake news, la manipulación informativa, las mentiras… a veces procedentes de quienes se escandalizan del fenómeno, ciertamente agudizado gracias a Internet. Los políticos reaccionan promoviendo reformas jurídicas –incluso penales– que pueden acaban creando problemas sin aportar de hecho soluciones: leyes que limitan la libertad de expresión, pero son incapaces de reducir la malicia; no evitan la mentira, sino solo provocan la censura externa o la autocrítica íntima de los informadores, tanto los profesionales como los ciudadanos. Con demasiada frecuencia, lo “políticamente correcto” se transforma en “políticamente impuesto”. Se ha repetido que las redes sociales nacieron para fomentar la convivencia y la intercomunicación, pero han favorecido también una cultura de excesivos odios y simplificaciones, que reafirman las propias convicciones mientras niegan radicalmente las ajenas, sin espacio para la discusión. El prejuicio se impone a la razón. Y muchos no están dispuestos a pagar el precio de exponer las propias convicciones, si chocan con minorías activas y agresivas. El mensajero, responsable del mensaje Se comprenden las críticas suscitadas en Francia contra la llamada ley Avia (por el nombre de la diputada Laetitia Avia, del partido de Macron, LRM), que acaba de ser aprobada definitivamente por la Asamblea Nacional el 13 de mayo. En síntesis, traslada la responsabilidad del problema de los excesos de usuarios de las redes sociales a las plataformas que los acogen y a los buscadores. La oposición critica que la ley restringe la libertad de expresión sin control judicial El país vecino cuenta con un envidiable Consejo Constitucional, que acaba de dar muestra de su eficiencia en el contexto de la pandemia actual: los recursos contra la ley de prórroga del estado de emergencia sanitaria, aprobada parlamentariamente el 9 de mayo, fueron resueltos 48 horas después, a favor de la constitucionalidad del texto, excepto en dos disposiciones, relativas al aislamiento prolongado de enfermos sin intervención de un juez, y a la extensión del dispositivo de localización de los contactos de cada infectado. Los legisladores consideran que las grandes plataformas y las webs pueden ser aún más rápidas: les conceden 24 horas para retirar de las redes textos o imágenes denunciados por sus contenidos manifiestamente ilegales –en particular, incitación al odio y la violencia, y los insultos racistas o religiosos–, bajo apercibimiento de multas que podrían llegar hasta 1,25 millones de euros. Menos tiempo aún tendrán –solo una hora– si es la policía la que denuncia un contenido por “terrorista”: en caso de que la web o plataforma no lo borre en ese plazo, la policía podrá exigir a los proveedores de acceso que la bloqueen; todo eso, sin necesidad de orden judicial. Lógicamente, los promotores de la ley se justifican alegando la necesidad de evitar la que consideran impunidad on line de los contenidos de odio. Por su parte, la oposición denuncia que se limita desproporcionadamente la libertad de expresión, a favor en este caso de entidades privadas. Conceder a las plataformas el poder de juzgar sobre la legalidad o ilegalidad de un texto, unido a la amenaza de graves sanciones, les llevará a suprimir, por precaución, también contenidos legales. Insisten en la necesidad de la intervención de un juez, como garante de las libertades ciudadanas. Las mismas plataformas, aunque por su parte combaten los contenidos ilícitos con más o menos éxito, se han opuesto a la ley por considerar que les adjudica una responsabilidad excesiva. La mayoría en la Asamblea Nacional francesa defiende el equilibrio de la disposición, que establece también otras obligaciones de las plataformas: la transparencia de medios y resultados; el aumento de la cooperación, especialmente con los jueces; la mayor atención a los menores…; todo, bajo la vigilancia no del poder judicial, sino de un organismo administrativo, el Consejo Superior Audiovisual. Dudas jurídicas y prácticas Respecto del procedimiento, la oposición considera inaceptable que se haya aprobado esta ley, la primera sin relación directa con la pandemia, en un momento en que está reducida numéricamente la presencia de los diputados en el hemiciclo. Muy probablemente, llevará al Consejo Constitucional las razones de las enmiendas del Senado –donde Macron no tiene mayoría– que buscaban proteger la libertad de expresión, pero no fueron admitidas en segunda lectura por la Asamblea. Por lo demás, sigue en el aire la tipificación jurídica de los “contenidos de odio” (para algún denunciante lo son, solamente porque contradicen su opinión o critican sus convicciones personales). No parece fácil, ni quizá posible, crear un “tipo” de comportamientos personales que, desde los clásicos, se estudiaron como “pasiones”. El odio recuerda la dificultad permanente en el Derecho penal español para demostrar el animus iniurandi, como constitutivo del delito de injurias. ¿Cómo probar que las palabras, por fuertes que sean, denotan un animus ilegal? No se pueden criminalizar las intenciones morales. Una gran amenaza para las democracias occidentales es la mentira. No se ha aprendido la triste lección de la tragedia soviética, aún no superada en la sociedad rusa. Pero el problema no es el mensajero (Internet), sino los autores de las mentiras. La expansión de la veracidad excede con mucho las posibilidades de los ordenamientos jurídicos. Habría que contentarse –a falta de auténticos avances éticos– con la observación de la realidad: los habituales de la red conocen fundamentos y trucos, o modos de presentar o modificar fotos o discursos, antes aun de la invasión de la inteligencia artificial y la escritura predictiva. Ha caído la falacia de que vale más una imagen que mil palabras: resulta demasiado fácil cortar y pegar símbolos y frases... Quizá la mejor defensa contra la mentira es la duda.

La represión del odio en la red se traslada a las grandes plataformas

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