Gabriel Boric y la constituyente chilena: de las expectativas a la frustración

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Duración lectura: 9m. 3s.
Ceremonia de clausura Convención Constitucional Chile

Ceremonia de clausura de la Convención Constitucional de Chile, 4 de julio de 2022 (CC Sfs90)

 

El “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” que suscribieron la mayoría de las fuerzas políticas chilenas en noviembre de 2019 se vio como la única salida a la compleja situación que se vivía entonces en el país. Meses después se inició el proceso constituyente y el pasado lunes 4 de julio se presentó la propuesta de texto constitucional, que en septiembre se aprobará o rechazará mediante un referéndum.

Entre tanto, hubo un cambio de presidente, se renovó la Cámara de Diputados y parte del Senado, y se han ido dando cauce democrático a muchas de las demandas ciudadanas. Sin embargo, la paz social –prometida en el acuerdo de 2019– sigue siendo la gran ausente en la sociedad chilena.

Los 100 días de gobierno de Gabriel Boric y la presentación de la propuesta de nueva Constitución son una ocasión propicia para realizar un balance de los últimos años del devenir político chileno.

Comienzos accidentados

“Un despegue con turbulencias”. Con estas palabras, Boric definió el comienzo de su gobierno. Tuvo problemas en la conformación de su gabinete, él y algunos de sus ministros han hecho declaraciones que suscitaron agrias polémicas, se ha visto poco control de la agenda legislativa y existe poca cohesión ente los partidos de su propia coalición, conformada –entre otros– por comunistas, socialistas y frenteamplistas (un partido similar al Podemos español).

Por su parte, el trabajo de la Convención Constitucional se vio opacado desde sus inicios. El acto inaugural comenzó con un bochornoso abucheo al himno nacional y, semanas más tarde, Rodrigo Rojas, uno de los vicepresidentes del órgano e integrante del colectivo “La Lista del Pueblo”, renunció al reconocer haber cometido un grave fraude. Después de ser desenmascarado por una investigación periodística, Rojas admitió haber inventado que sufría cáncer, para posicionarse en la vida política.

Las esperanzas suscitadas por el nuevo gobierno y el trabajo de la Convención generaron unas expectativas muy altas, que al poco de andar se tornaron en su contra. Según la encuesta Cadem, Boric llegó al Palacio de La Moneda con una aprobación ciudadana del 50%, pero a la quinta semana de trabajo su desaprobación era mayoritaria, y a principios de julio llegó al 60%. Nunca se había visto una baja de popularidad tan abrupta en los últimos gobernantes de Chile.

Algo similar ocurre con el proceso constitucional. Se inició con un plebiscito histórico, con la aprobación de casi el 80% de los votos; sin embargo, el panorama es totalmente distinto en vistas al plebiscito de salida: varias encuestas de fines de junio muestran que tiene más rechazo que apoyo y los chilenos miran el trabajo de los convencionales con desconfianza y preocupación.

Malabares imposibles

Muchas de las promesas de campaña de Boric giraron en torno a una nueva forma de hacer política, pues buscaba recuperar la confianza de la ciudadanía hacia la clase dirigente. Su ethos se vio pronto en entredicho por algunos hechos concretos que desvelaron una realidad más oscura.

La falta de coherencia del gobierno le ha impedido detener el alza de las situaciones de violencia

Quizás el más simbólico de sus cambios de postura ha sido el relacionado con el cargo de primera dama, institución que ha acompañado a la figura del presidente desde los comienzos de la República. Se trata de un cargo protocolar y honorífico que dispone de un gabinete remunerado para realizar proyectos sociales. Durante la campaña, Boric había afirmado expresamente que iba a abolir esta institución; sin embargo al comenzar su gobierno cambió de parecer y su conviviente asumió el cargo. Pero la polémica no terminó ahí. La misma semana en que cumplía 100 días de gobierno se hizo pública una resolución que cambiaba el nombre de la función, pasando de “primera dama” a “Irina Karamanos”, el nombre de la pareja del presidente. Luego de las críticas transversales, el gobierno justificó la situación señalando que se trató solo de un error administrativo y revocó el cambio de nombre, aunque la pareja del presidente continúa cumpliendo esa función.

Otro cambio de posición que le ha supuesto mucho desgaste político ha sido la posibilidad de retirar los ahorros de los fondos de pensiones. Durante su periodo como diputado, Boric fue un acérrimo defensor de garantizar a los ciudadanos esta posibilidad, pero al llegar al gobierno y dimensionar el impacto macroeconómico que esas medidas traían consigo, cambió de parecer. Esto le generó problemas con parlamentarios de su coalición, perdió credibilidad y popularidad ante la ciudadanía, aunque se ganó el reconocimiento de los economistas expertos en la materia.

Otro asunto de gran complejidad es la situación que se vive en la Araucanía, un territorio del sur del país donde comunidades mapuches demandan la restitución de tierras que consideran suyas y algunos grupos realizan actos terroristas. Mientras era diputado, durante su campaña y en las primeras semanas de gobierno, Boric se mostró contrario a mantener la presencia de fuerzas militares en la zona para resguardar la seguridad. Sin embargo, su política de diálogo ha sido muy insuficiente para contener la violencia de aquellos grupos, y finalmente debió declarar un estado de excepción constitucional para seguir contando con el apoyo militar en la zona.

Esta ambigüedad se ha visto también en la condena de los hechos violentos de octubre de 2019. Boric suele referirse a quienes fueron detenidos en las quemas de iglesias, estaciones de metro, saqueos y otros hechos vandálicos como los “presos de la revuelta”, y una de sus primeras medidas fue retirar las querellas en su contra. Aunque recientemente haya declarado que la violencia no es el camino para impulsar cambios sociales, lo cierto es que la falta de coherencia del gobierno le ha impedido detener el alza de las situaciones de violencia, asunto que se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía.

Las nuevas reglas las impone la izquierda

El inicio del camino constitucional comenzó con la ilusión de construir un gran pacto social y una recuperación de la deliberación política. Cambiar la Constitución originada en el gobierno de Pinochet se presentó como la única forma de solucionar los problemas del país y de realizar los cambios que la ciudadanía reclamaba.

A pesar del deseo de alcanzar esos consensos, un sector de la izquierda rápidamente tomó una actitud de revanchismo. Si la derecha había impuesto su modelo desde 1980, ellos serían ahora quienes establecerían las reglas del juego sin contrapeso, ya que tenían las mayorías para hacerlo. Así, poco a poco se fueron imponiendo lógicas identitarias, reivindicando agendas particulares y extendiendo la presencia del Estado en todas las esferas de la vida.

La inédita consagración a nivel constitucional del derecho al aborto limita hacia el futuro toda discusión

En el texto propuesto para reemplazar la Constitución se modifica la función del Estado, desde un modelo subsidiario a uno social. Este cambio de paradigma permitiría garantizar derechos sociales e ir transitando hacia un Estado del bienestar. Aunque existe bastante consenso en la conveniencia de avanzar hacia un aparato público que otorgue más protección social, preocupa la falta de limitaciones al ejercicio del poder y que se elimine, por mencionar un ejemplo, el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

En la configuración del sistema de gobierno, se propone pasar de un Estado unitario a uno regional; de un presidencialismo fuerte a uno atenuado; a un bicameralismo asimétrico donde el Senado deje de existir y se cree una Cámara de las regiones con pocas atribuciones. Sin el contrapeso del Senado, que actualmente se renueva parcialmente cada cuatro años, la nueva distribución de poderes podría llevar a que un presidente gobierne sin contrapeso si cuenta con una mayoría simple en la Cámara de Diputados.

Otro asunto muy discutido ha sido la nueva configuración del Estado como entidad plurinacional. Siguiendo modelos como los de Bolivia y Ecuador, con poblaciones indígenas muchísimo mayores que las de Chile, se propone potenciar las políticas de restitución de tierras y reservar escaños en el Parlamento a las comunidades indígenas, así como darles mayor autonomía y un sistema de justicia propio, que daría lugar a un pluralismo jurídico.

Se garantizan también los derechos sexuales y reproductivos de la mujer: la propuesta señala que el Estado debe asegurar “a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos”, remitiendo luego a la ley para su regulación. Esta inédita consagración a nivel constitucional del derecho al aborto limita hacia el futuro toda discusión únicamente al establecimiento de plazos y causales, y restringe también la objeción de conciencia al buscar garantizar el ejercicio de este derecho “libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.

La deliberación constitucional continuará

Un fenómeno interesante que ha surgido en la polarizada situación política chilena es el de los “Amarillos por Chile”. Este grupo de ciudadanos de centro y centroizquierda, identificados con un color que ha pasado a significar moderación, apoyó el inicio del proceso constituyente; sin embargo, al ver el desarrollo de este, comenzó a alertar sobre los puntos que consideraba perjudiciales para el país y hace unas semanas se pronunció en contra de la propuesta de nueva Constitución.

Otra declaración importante ha sido la del expresidente Ricardo Lagos. Durante el gobierno del mandatario socialista (2000-2006) se realizó una de las mayores modificaciones a la Constitución vigente: tanto es así, que reemplazó la firma de Augusto Pinochet por la suya. El 5 de julio afirmó, ante la poca representatividad de la nueva propuesta constitucional, estar “convencido de que el desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana”.

El próximo 4 de septiembre los chilenos acudirán a las urnas para aprobar o rechazar la nueva Constitución. En cualquiera de los dos casos, aún deberá pasar mucho tiempo para generar un gran pacto que una verdaderamente a los chilenos y que permita la tan anhelada paz social.

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