Santiago. El domingo 17 de diciembre se plebiscitó la segunda propuesta de Constitución, ofrecida a la ciudadanía chilena en reemplazo de la redactada en 1980, y reformada en 1989 y 2005. Por segunda vez consecutiva el proyecto fue rechazado, esta vez por un 55% de los votantes y con una participación del 81% del padrón electoral. La opción A Favor, que obtuvo el 44%, perdió en la mayoría de las regiones del país. Con esto Chile se convierte en el primer país en rechazar dos proyectos constitucionales seguidos.
El gobierno ha asegurado que no reabrirá un tercer proceso por al menos dos años. “El proceso constituyente se cierra acá”, declaró la ministra vocera del Gobierno. Así, luego de cuatro años de diseños, Chile opta finalmente por quedarse con la Constitución que el 2020 había decidido descartar.
Políticamente hablando, el triunfo no es fácil de adjudicar. De momento, el tono victorioso se lo lleva la izquierda, que lideró la voz de la opción En Contra. El progresismo alegó que este segundo proyecto, redactado mayoritariamente por consejeros electos de derecha, era un retroceso en derechos sociales, y en lo que comprendía como claves civilizatorias en materias de género y educación. En comparación con el primer texto que se presentó, que era de un progresismo refundacional, este segundo texto pareció sumamente conservador e insuficiente a ojos de la izquierda.
Sin embargo, también la derecha más dura optó por votar En Contra: estimó que el nuevo proyecto concedía demasiado a la socialdemocracia, y en todo caso, nunca quiso cambiar la Constitución fraguada en tiempos de Pinochet. Por otro lado, la ciudadanía se había mostrado crecientemente hastiada del proceso, y profundamente desinteresada de lo que ocurría con él. Para muchos de ellos, la alternativa En Contra podría haber operado como protesta general. En consecuencia, en el voto mayoritario habría al menos tres tipos de votantes muy diversos: quienes pertenecen a la izquierda progresista, quienes pertenecen a la extrema derecha, y quienes se encuentran radicalmente desvinculados del proceso constituyente y las fuerzas políticas, cualquiera sea su color.
Constitucionalmente hablando, Chile vuelve entonces al punto de inicio, y la carta magna actual continúa operando como base legislativa. Sin embargo, tanto el fracaso de este plebiscito como el del anterior corroboran una grave incapacidad e impotencia de la política para lograr acuerdos que conecten con las mayorías ciudadanas. Más allá de las lecturas triunfalistas, acomodaticias o derrotistas de los diversos sectores políticos, este asunto en particular supondrá un desafío importante para todos los partidos chilenos en adelante.