Colombia y las FARC: Balance de una paz que no llega

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Duración lectura: 8m. 58s.
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Encuentro de la Secretaría Ejecutiva de la JEP con la Asociación de Mujeres Víctimas de la Desaparición Forzada del Guaviare en un acto en memoria de sus familiares desaparecidos (Foto JEP Colombia)

 

Barranquilla.— Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), el país y sus instituciones continúan buscando la forma de cumplirlo. Se trata de resarcir a las víctimas, impartir justicia y garantizar la convivencia política y social entre los ciudadanos y los antiguos guerrilleros. Alcanzar esas metas está resultando arduo.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) es el organismo que actualmente lleva sobre sus hombros gran parte del proceso que inició en 2012. Fue creada para juzgar a quienes cometieron delitos previos al 1 de diciembre de 2016 (la firma oficial del acuerdo fue el 26 de septiembre de 2016). La JEP tiene la responsabilidad de investigar los crímenes, delitos e imputar penas que, gracias a lo pactado, son flexibles y en la mayoría de los casos, con dispensa de cárcel.

La participación política de los rebeldes fue un asunto inherente al proceso de paz. Hoy, las FARC-EP son un partido político con el recién creado nombre de Comunes. Sin embargo, ni el partido, ni los excombatientes logran legitimidad ni respaldo social. Por ejemplo, actualmente el partido de las FARC ocupa en el Congreso 10 escaños de 280, esto es, el mínimo que les garantizó el acuerdo. De no ser por esto, habrían quedado fuera del órgano legislativo.

Adicionalmente, la información que reveló el tribunal especial sigue produciendo rechazo, al darse a conocer los detalles de los atroces crímenes cometidos por las FARC: homicidios, secuestro, desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento de menores, violencia sexual contra mujeres, entre otras infracciones al derecho internacional humanitario.

Una misión: justicia transicional

El origen del término justicia transicional se remonta a la década de 1990. Los académicos lo usaban en Estados Unidos para referirse a las formas en que los países resolvían sus conflictos cuando llegaba un nuevo gobernante al poder y había que responder por anteriores violaciones de derechos.

El centro de la justicia transicional son las víctimas y el reconocimiento de su dignidad

En el caso de la JEP, la justicia transicional reúne las medidas judiciales y políticas que buscan soluciones a las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como consecuencia del conflicto armado. Se hace mediante procesos penales, investigaciones, reparaciones –individuales o colectivas, materiales o simbólicas– y reformas jurídicas e institucionales.

El centro de la justicia transicional son las víctimas y su dignidad, enfocándose en sus historias y sobre todo, en reconocer su derechos a la verdad y a la justicia. ¿Cómo? Consolidando las bases para afrontar las causas del conflicto, mediante la creación de una institución y promoviendo la confianza en ella, motivando a los ciudadanos a participar en los procesos políticos y sociales.

La implementación del acuerdo, concretamente la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas son los retos más difíciles para el proceso de paz y para el país. La JEP nombró a los que se someten a esta institución como “comparecientes”, quienes además de reconocer la verdad y reparar, están obligados a no repetir sus crímenes.

Sanciones

Para acogerse a los beneficios jurídicos, los comparecientes se someten a un régimen de condicionalidad. Esto es, un parámetro para otorgar beneficios penales y flexibilizar sanciones, teniendo en cuenta el enfoque restaurativo que se pretende privilegiar con la JEP. Dicho régimen categoriza las sanciones en tres tipos: sanciones propias, sanciones alternativas y sanciones ordinarias.

Las sanciones propias se aplican a los victimarios que reconozcan la verdad y asuman su responsabilidad, y tienen una duración de 5 a 8 años de restricción de la libertad en establecimientos no carcelarios, y de 2 a 5 años para quienes hayan participado de manera indirecta en los crímenes.

Las sanciones alternativas se aplican a quienes reconozcan tardíamente la verdad plena, antes de que se produzca una sentencia. En este caso, se determina la privación de la libertad entre 5 y 8 años, esta vez sí, en centros carcelarios.

Hasta 2020, más de 75.000 personas entregaron sus armas y se reincorporaron a la sociedad

Finalmente, quienes sean hallados culpables por la Sección de Ausencia de Reconocimiento y no reconozcan la verdad, tendrán que enfrentar sanciones ordinarias, que pueden llegar hasta 20 años de prisión.

Así va el acuerdo

El periódico colombiano El Tiempo dio a conocer que entre 2001 y 2020, más de 75.000 personas entregaron sus armas y se han reincorporado a la sociedad. Los grupos más grandes de desmovilizados los conforman: las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 36.376 paramilitares desmovilizados durante el gobierno del anterior presidente Álvaro Uribe; 4.900 excombatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que abandonaron las armas de forma individual, y más de 13.000 integrantes de las FARC-EP, que fueron acogidos por el Acuerdo de Paz durante el mandato de Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe.

Este acuerdo se convirtió en un proceso colectivo de reincorporación, con garantías económicas y sociales, para que los desmovilizados pudieran concretar su nuevo proyecto de vida en la sociedad civil.

Según la Agencia para la Reincorporación, se tiene registro de más del 90% de los 13.000 exintegrantes de las FARC-EP vinculados al proceso. De ellos, 3.220 viven en hogares que les concedió el Estado en espacios adaptados para ellos y 8.816 se encuentran fuera de estos territorios. Afirman que se han invertido más de 24.000 millones de pesos para cumplir con las garantías de esta población.

Reincorporación de guerrilleros

En la actualidad, el reto más difícil para los vinculados al proceso de paz –tanto los comparecientes como el Estado– es no abandonar el proceso. ¿Cómo lograrlo? El cumplimiento de las garantías de las dos partes es lo más importante, adicionando el apoyo para realizar proyectos en los que los excombatientes sean los líderes y ejecutores.

La Agencia de Reincorporación asegura que hasta 2021 se han emprendido aproximadamente 2.300 proyectos productivos: 86 colectivos y 2.214 individuales, constituidos por ex miembros de las FARC-EP. De esos proyectos se han originado más de 400 organizaciones que se dedican a exportar café, a producir cosméticos o artesanías, y hasta a actividades turísticas.

El negocio de la droga hace que siga habiendo grupos armados para custodiar los cultivos y lucrarse con el narcotráfico

Algunos se han vinculado a programas de desminado humanitario, trabajan como escoltas de la Unidad Nacional de Protección, se dedican a liderar programas para la protección y vigilancia medioambiental, y otros han optado por participar en la política.

Sin embargo, un reciente informe de Naciones Unidas denunció 248 homicidios atribuidos a este proceso, desde que se firmó la paz en 2016, 73 de ellos en 2021.

Fallas en el proceso

Más de 12.000 ciudadanos se han sometido a la jurisdicción, entre ellos exguerrilleros, miembros de la fuerza pública e incluso agentes del Estado. Sin embargo, pese a todo este esfuerzo nacional, existen fallas que se evidencian en los más de 300 milicianos que han decidido regresar a la lucha armada.

Hoy, siguen siendo constantes las denuncias de amenazas y asesinatos de activistas y líderes comunitarios. Sumado a que más de 300.000 víctimas no han encontrado que el acuerdo ayude a resarcir su situación y mucho menos, su dolor. Entre otros problemas, se reconoce que el tráfico y cultivo de drogas no permite que el avance sea efectivo: mientras exista este negocio, habrá grupos nuevos armándose o rearmándose, para custodiar los cultivos y sostenerse con el tráfico.

Muchos factores adversos en un camino que aún sigue siendo desafiante. La paz estable es un anhelo sin fecha de realización, ni certezas; sin embargo, la mayoría de los colombianos, incluso el gobierno del presidente Iván Duque, se ratifican en que las consecuencias jurídicas y políticas del acuerdo son asuntos de Estado que hay que acatar. Lo que recuerda una sonada frase del presidente Santos cuando reconoció los obstáculos del proceso: “Es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta”. Y desde esta perspectiva, los colombianos y las instituciones recogen la fuerza para enfrentar el posconflicto, ahora en tiempos de pandemia.

 

El largo camino a los acuerdos

El 20 de junio de 2010 Juan Manuel Santos resultó elegido presidente de Colombia. Lo hizo con el compromiso de continuar con la política de la “seguridad democrática” de su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, con quien fue ministro de Defensa por cerca de cuatro años. En el gobierno de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, el Ministerio de Defensa era el cargo de mayor importancia y visibilidad después del presidente.

El luego presidente Santos no tardó muchos meses en alejarse de las ideas de Uribe. Fue así que decidió presentarle al país una nueva agenda de gobierno con el propósito de firmar un acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP.

El 4 de septiembre de 2012 Juan Manuel Santos dio a conocer oficialmente que iniciaba el cuarto proceso de paz en la historia de Colombia. Como era de esperar, el presidente Uribe fue el más crítico. Desde ese día se convirtió en el mayor opositor del gobierno de su exministro y sus políticas de negociación con la guerrilla de las FARC-EP.

Después del proceso de negociaciones y con el fin de darle legitimidad a lo acordado, Juan Manuel Santos decidió hacer una consulta a los colombianos a través de un plebiscito celebrado el 2 octubre de 2016, haciendo la siguiente pregunta que debía ser respondida con un Sí o con un No: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. El 49,79% votó Sí y el 50,21% dijo No. Este resultado dio origen a una nueva versión del acuerdo.

La oposición a los acuerdos de paz fue liderada por el expresidente Álvaro Uribe, con el argumento de que ofrecía garantías para los exguerrilleros además de impunidad por los delitos cometidos.

Unos días después de que se conocieran los resultados del plebiscito, Santos recibió el Premio Nobel de Paz 2016, por el fin de un conflicto que duró más de 50 años con la guerrilla de las FARC-EP. A.P.