El rechazo en las urnas a los acuerdos entre el gobierno y las FARC obliga a ambos actores a renegociar sus términos y fuerza la pregunta de si es necesario “votarlo todo siempre”.

El llanto de los partidarios del Sí, tras el referéndum del 2 de octubre sobre el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las insurgentes FARC, ha sido una imagen recurrente desde el momento del conteo de votos. Es como si un manto de oscuridad envolviera irremediablemente al país, empujado de vuelta al pantano de la violencia. No parece, sin embargo, que tenga por qué ocurrir de esa manera. Tras la derrota del plan de paz en las urnas, es de notar que ninguno de los actores implicados ha sido trágico en sus declaraciones. Por el contrario, dejan asomar algo de optimismo. El presidente Juan Manuel Santos ha señalado que el cese el fuego continúa vigente y que se reunirá a la mayor brevedad posible con el sector político partidario del No (a estas horas quizás ya lo haya hecho). Mientras, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, asegura que los suyos mantienen su “voluntad de paz” y que persisten en que, en adelante, solo utilizarán el arma de la palabra. A inicios de septiembre, un 66% de los colombianos percibía que la situación del país había empeorado; las urnas pudieron servir para manifestárselo al gobierno Por su parte, en la acera opuesta, el senador y expresidente Álvaro Uribe ha evitado, a diferencia de ocasiones anteriores, referirse a los insurgentes como “narcoterroristas”, ha pedido protección para estos, y ha dicho querer “aportar a un gran pacto nacional”, esto es, sentarse con el gobierno a reformular los términos del acuerdo, de manera que permita, para los culpables de delitos graves, “un alivio judicial” que no constituya precisamente impunidad. Con seguridad, tener a la mesa a los partidarios de una reforma del acuerdo puede ser positivo, pese a que, según el presidente Santos, él mismo se gastó la voz todos estos años pidiendo a Uribe, infructuosamente, sentarse a conversar sobre la negociación. Dejadas atrás las urnas, llega la mano del senador, y Santos seguramente no la rechazará. Pero el fiasco que supone la derrota –aunque por la mínima– de la opción del Sí, luego de tanto aparato, abrazos, bombo y titulares de prensa, merece cuando menos una introspección. La abstención de los confiados A la luz del resultado, ¿se puede decir que la mayoría de la población colombiana está en contra del Acuerdo de Paz y en pro del conflicto? No parece. Las propias cifras de la consulta lo muestran: siguiendo la tendencia –la abstención ha sido tradicionalmente alta en la historia democrática del país–, apenas el 37% del censo electoral acudió a las urnas. El otro 62,6 % se quedó en casa, a la espera de que otros decidieran por ellos. De los que no se levantaron del butacón, ¿quiénes fueron mayoría? Pues todo parece indicar que los partidarios del Sí. Las encuestas daban por mayoría una victoria de quienes apostaban por el acuerdo con las FARC –la de Datexco, para el diario El Tiempo, reflejaba una diferencia a favor del Sí de 55% vs 36%–, por lo que, si alguien tenía que poner toda la carne en asador en esta liza eran los oponentes, con Uribe a la cabeza. Obligados a darlo todo, así parecen haberlo hecho, mientras que los del Sí, tan seguros de que arrasarían, no vieron la necesidad de cimentar personalmente esa todavía hipotética seguridad. La reelección de Santos, en 2014, ya constituía por sí misma un respaldo en las urnas al proceso de paz Para ilustrar lo anterior, basta ver el porcentaje de abstenciones en los territorios donde ganó el Sí, que han estado, dicho sea de paso, entre los más agobiados por el conflicto con las FARC; zonas rurales en las que se valora más la paz, a diferencia de las ciudades, donde la guerrilla pudo golpear menos. En el departamento de La Guajira, 80,6% de abstención; en Bolívar, 76,7%; en Atlántico, 75,9%, y así en otros seis. Entre los colombianos residentes en el exterior la apatía fue aún mayor: un 87% de estos se abstuvieron de participar. Y pudiera aventurarse una explicación: además de la ausencia de guerra en su entorno inmediato, la insistencia de los medios de prensa de buena parte del mundo en que el referéndum era cosa ganada, no invitó a muchos a acudir a los centros de votación, porque “¿para qué?”. Por supuesto que, además de los medios, buena parte de la responsabilidad indirecta puede recaer sobre las empresas encuestadoras –que de algún lugar aquellos sacan sus datos y elaboran sus conclusiones–. Los pronósticos errados de las grandes firmas “gurúes” en recientes eventos, como la consulta sobre la salida del Reino Unido de la UE –donde Ipsos-Mori daba a los eurófilos un cómodo 54% vs. 46%–, apuntalan la idea de que las consultoras deben hacer cuanto antes un replanteamiento de sus métodos de acopio de datos. La representatividad, a un rincón Queda, por otra parte, la pregunta de si el presidente Santos no pudo haber evitado todo esto. ¿Era mandatorio efectuar un referéndum sobre un texto largamente negociado, para que una negativa por la mínima terminara paralizándolo? La respuesta es no. El diario El Espectador, en su análisis de la situación actual, recuerda que varios expertos en la legislación colombiana recomendaron al jefe de Estado no convocar un plebiscito sobre ese asunto porque, de hecho, la ciudadanía ya lo había avalado indirectamente cuando votó a favor de su reelección en 2014. Un tema clave en su campaña electoral había sido, precisamente, llevar a puerto seguro las negociaciones con las FARC y alcanzar la paz definitiva. Con más del 50% del voto en la segunda vuelta, el mandato ciudadano podía darse ya por conferido. En los territorios más agobiados por el conflicto con las FARC, ganó el Sí, pero la abstención fue mayor Santos, sin embargo, no escuchó. Prefirió seguir la tendencia –cada vez más en boga en la esfera de lo político–de someterlo todo al examen popular directo, como si la representatividad parlamentaria no fuera un instrumento legítimo para considerar qué destino dar a propuestas de gran calado. Ahí está, de nuevo como ejemplo, el Brexit: pese a que muchísimos británicos de a pie no dominaban todos los detalles de una relación tan multifactorial entre Reino Unido y la UE, ni todas las consecuencias de desgarrar de un tirón un tejido que se había hilado pacientemente durante 4 décadas, el Primer Ministro David Cameron llevó el asunto a las urnas. Perdió y se largó a su casa, pero ha dejado tras de sí le déluge. Con seguridad, buena parte de los brexiters no se han enterado –algunos no se interesarán jamás por enterarse– de las desventajas económicas a largo plazo o de las implicaciones de seguridad que han posibilitado con su voto. Un nuevo referéndum… o no Por otra parte, los referéndums suelen tomarse como la ocasión para hacerles saber a los gobernantes “lo mal que lo están haciendo” en cuestiones que, por norma, nada tienen que ver con el asunto que se plantea. Le sucedió a Jacques Chirac en 2005, cuando los franceses rechazaron la propuesta de Constitución Europea, en buena medida, y más que por el texto en sí, por la antipatía que les generaba el presidente conservador. El expresidente Uribe quiere que se modifique el Acuerdo de Paz para que permita un “alivio judicial”, no la impunidad, para los culpables de delitos graves En el caso colombiano, también la gestión del país ha desgastado a Santos. Un sondeo de Gallup, citado por El Colombiano a principios de septiembre, revelaba que, pese a los cantos de esperanza que se venían entonando respecto a la paz, al presidente no le servía de mucho, pues un 66% de los encuestados desaprobaba su gestión y cundía la percepción de que la situación del país en temas de salud, combate a la corrupción, seguridad pública había empeorado, al tiempo que se disparaba el costo de la vida. No es extraño, pues, que a la primera ocasión de hacérselo notar al presidente, los votantes así lo hayan hecho. Ahora bien, respecto al proceso de paz, ¿qué hay en el horizonte ahora mismo? Lo inevitable: una renegociación del mismo acuerdo, que no ha quedado desautorizado ni mucho menos por ese No tan escasamente mayoritario. Los expertos subrayan, no obstante, y así lo vio en su momento la Corte Constitucional, que el texto surgido de esa nueva negociación puede ser llevado también a un plebiscito “si así lo decide el Ejecutivo y el Congreso” (p.7, 2º párrafo). Lo dicho: si “lo desean”. O no. En todo caso, es todavía pronto para las lágrimas. Ninguna puerta se ha cerrado definitivamente.

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