Contrapunto
En apenas dos meses después del atentado de las Torres Gemelas, hemos visto caer en EE.UU. libertades que parecían muy arraigadas. La «sospecha de vinculación terrorista» es ahora suficiente motivo para que un inmigrante sea detenido durante 7 días, sin respeto para el habeas corpus. Un permiso judicial más amplio permitirá intervenir todos los teléfonos que puedan ser usados por un sospechoso, y lo mismo se aplicará a la vigilancia sobre el correo electrónico. Se ha suspendido el secreto de las comunicaciones entre un detenido y su abogado. El último descubrimiento de la Administración Bush son los tribunales militares, para juzgar a un sospechoso «cuando existan razones para creer que pertenece a Al Qaeda, que ha participado en actos de terrorismo internacional o que ha albergado a sabiendas a terroristas».
Será el propio Bush quien determine quién será entregado a los tribunales militares. Serán juicios a puerta cerrada. Las pruebas se mantendrán en secreto, para no comprometer las fuentes y métodos de inteligencia. Pueden dictar condenas de cadena perpetua y pena de muerte. Sin apelación posible. El derecho a tener abogado sigue reconocido (¿por ahora?). En definitiva, no sólo se sustrae el juicio a la justicia ordinaria, sino que los derechos del acusado quedan más restringidos que en un tribunal militar normal.
Si otras restricciones a las libertades habían sido vistas como algo admisible en la lucha antiterrorista, la idea de los tribunales militares ha empezado a desatar las críticas. «Los no ciudadanos -escribe William Safire, comentarista del New York Times- tienen que hacer frente a un Ejecutivo que ahora es instructor, acusador, juez, jurado, carcelero y verdugo». Senadores y diputados, indignados porque la Casa Blanca no les ha consultado, han solicitado un debate público para discutir la legalidad de tan draconiana medida.
El secretario de Justicia, John Ashcroft, ha intentado aplacar las críticas diciendo que se trata de una medida para extranjeros, no para ciudadanos norteamericanos. Lo cual implica que los extranjeros no merecen las mismas garantías que los nacionales. También asegura que la medida responde a una situación de «emergencia extraordinaria». Pero como, por otro lado, Bush no se cansa de repetir que «la guerra será larga», es de temer que la excepción sea lo ordinario durante un tiempo indefinido.
En estos casos siempre se dice que la «gente decente» no tiene nada que temer de unas medidas pensadas contra los terroristas. Pero las garantías judiciales están precisamente para evitar que la gente decente sea erróneamente condenada. Si pensamos que en EE.UU. al menos 87 condenados a pena de muerte han quedado en libertad al demostrarse su inocencia gracias a la prueba del ADN, es inevitable mirar con recelo unos tribunales expeditivos que pueden condenar a muerte en un juicio con muchas menos garantías.
Sin duda, en la tradicional tensión entre libertad y seguridad, era inevitable que los atentados del 11 de septiembre inclinaran la balanza hacia el lado de la seguridad. Pero una cosa es perder la libertad de llevar navajas en el equipaje de mano en los aviones, y otra perder el derecho a un juicio con garantías o al habeas corpus. El sistema político de EE.UU. siempre se ha basado en controles y equilibrios entre los distintos actores, para impedir un poder arbitrario. Ahora, el peligro terrorista parece justificar un desequilibrio.
Pero un énfasis en la seguridad sin controles democráticos puede resultar contraproducente. Como escribía ya en septiembre The Economist, «George Bush calificó acertadamente los atentados como ‘un ataque contra la libertad'», hecho por gente que se había aprovechado de las libertades reconocidas en una sociedad abierta. «Ahora, mientras los gobiernos occidentales se apresuran a cubrir estas lagunas jurídicas, muchos temen que sin quererlo lleven a término lo que empezaron los terroristas, y restrinjan las libertades que están intentando proteger».
En realidad, aunque para EE.UU. sea una situación nueva el descubrimiento de su vulnerabilidad, su emergencia no es tan inédita. Otros países han tenido y tienen que enfrentarse a grupos terroristas y guerrillas que, en proporción, han causado más pérdidas de vidas humanas y han dañado más la economía y la organización social que lo que ha sufrido EE.UU. por el ataque de Al Qaeda. Basta pensar en lo que ha sido la guerrilla en Centroamérica, o Sendero Luminoso en Perú, o lo que siguen sufriendo Colombia, Argelia o Sri Lanka.
Ahora vemos que EE.UU. empieza a recurrir a medidas draconianas que antes reprochaba a gobiernos que debían afrontar graves amenazas de grupos armados. Con los parámetros que antes empleaba el Departamento de Estado al hacer su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, la actual Administración Bush habría salido mal parada. Y lo peor que podría ocurrir es que las libertades se convirtieran en los «daños colaterales» de la lucha antiterrorista.
Ignacio Aréchaga