Han pasado dos años desde la DANA que azotó a la Comunidad Valenciana. La tragedia puso de manifiesto la vulnerabilidad de las personas ante los desastres naturales, y la necesidad de prevención de cara al futuro, a fin de establecer medidas de minimización del riesgo.
Es una conclusión del IX Internacional sobre Derechos Humanos, titulado “Desastres y Resiliencia”, organizado por la Fundación Mainel y celebrado en Valencia los pasados 22 y 23 de octubre. Veinte especialistas del ámbito institucional, académico, comunicacional y social se congregaron para examinar las lecciones que dejó la DANA de 2024 y abordar las catástrofes desde el prisma de la repercusión en el ámbito de los derechos humanos.
Jorge Sebastián, presidente de la Fundación Mainel, explicó el propósito del evento de combinar “perspectivas globales y locales”, conectando el caso de Valencia con el del Perú, donde se sienten los efectos del fenómeno de El Niño.
No repetir los errores del pasado
El primer ponente del congreso, Josep Vicent Boira, catedrático de Geografía en la Universidad de Valencia, planteó “ir un poco más allá” del desastre de la DANA. “Hemos de ir desde lo manifiesto a lo oculto”, expuso, a fin de llegar al punto principal de la cuestión. Boira habló de tres crisis –humana, ecológica y política– que ocasionó el fenómeno meteorológico, y planteó posibles soluciones a cada una de ellas. Señaló que, a fin de no repetir los errores del pasado, se habrían de buscar soluciones “estructurales y supramunicipales”, ya que “si solo aspiramos a recuperar lo que había, estaremos preparando la próxima destrucción”, declaró.
Joan Llinares, experto en gestión pública y primer director de la Agencia Valenciana Antifraude, se refirió a “las responsabilidades de los poderes públicos, los derechos humanos y las lecciones que tanto cuesta aprender a partir de las vivencias que, de una forma recurrente, estamos sufriendo”. Llinares se preguntó: “¿Cómo es posible que una sociedad que a lo largo de la historia ha sufrido tantas inundaciones, que dispone de tantos estudios científicos, de tanta experiencia acumulada y de tantos instrumentos tecnológicos mostrara deficiencias tan graves en la protección de sus ciudadanos?”. Los 223 muertos en la DANA de 2024 exigen una explicación.
Desde el siglo XIV, recordó Llinares, el territorio valenciano ha sufrido más de cien inundaciones, todas documentadas. Por el clima y la orografía se sabe que ocurren cada cierto tiempo. Una de las más catastróficas, con unas seiscientas víctimas, fue la del 3 y el 4 de noviembre de 1864. A raíz de ella, el Parlamento encargó a dos comisiones de trabajo, formadas por ingenieros, que elaboraran informes y recomendaciones. Advirtieron que el peligro no estaba solo en los fenómenos meteorológicos, sino especialmente en el uso del suelo.
Gestionar el suelo
Pero en 2017, anotó Llinares, cuando se quiso aprobar un nuevo Reglamento Hidrológico, hubo una protesta general de los alcaldes de l’Horta Sud –la comarca afectada por la DANA de 2024– porque la norma iba a declarar inundables sus términos municipales y, en consecuencia, limitar los usos del suelo, en particular los urbanísticos. Aquella reforma se abandonó.
En 1864 se concluyó también que era necesario crear sistemas de alerta, que fueron lo que no funcionó 160 años después. Sin embargo, precisó Llinares, en 1982 hubo una buena respuesta a una riada mayor que la de hace dos años: la conocida como pantanada de Tous. No solo cayeron más de seiscientos litros por metro cuadrado en la cuenca alta del Júcar, sino que se derrumbó la presa de Tous, y río abajo el nivel de las aguas alcanzó hasta 16 metros. Sin embargo, murieron solo nueve personas. La clave fue la comunicación de los alcaldes entre ellos y con la Guardia Civil, que permitió advertir a la población de la avalancha que se avecinaba y ponerla a salvo antes de que las localidades fueran devastadas.
“La primera obligación de cualquier poder público es la protección de las personas, y garantizar las condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad” (J. Llinares)
El ejemplo de Tous, según Llinares, muestra los principios de actuación en una emergencia, entre ellos la anticipación y la diligencia, en cooperación entre las administraciones públicas, y la información a los ciudadanos. Y, después de una riada, hace falta responsabilidad y evaluación, para saber qué ha fallado y prevenir la siguiente. Así, algunos municipios afectados por la pantanada de 1982, después cambiaron la ubicación de sus núcleos urbanos o dispusieron que en adelante solo podrían expandirse hacia las zonas altas.
Llinares dejó claro que, desde su posición como funcionario, es consciente de que “la primera obligación de cualquier poder público es la protección de las personas, y garantizar las condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad”.
Un problema mundial
Susana Borrás, catedrática de Derecho Internacional Público, planteaba el enfoque de los derechos humanos ante las catástrofes, y ofreció una reflexión más crítica. “Los derechos humanos no desaparecen en un momento de desastres”, sostenía. Propuso cómo los fenómenos meteorológicos mundiales extremos representan “el panorama de riesgo más preocupante a nivel mundial”, dado que muchos de ellos están relacionados con situaciones de conflictividad humana y violencias, y responden a cuestiones políticas. Borrás afirmaba que los derechos humanos son “universales e inherentes a todas las personas”, pero destacaba que, en el momento de hacerlos efectivos, hay algunas intersecciones.
“El Informe Mundial de Desastres –añadió– advierte que, de 2020 a 2024, millones de personas han sido afectadas por desastres, ha habido más de 100 millones de desplazamientos internos”. Borrás afirmaba que esta es “una realidad global que nos interpela a todos”, y que puede tener consecuencias devastadoras “sobre el planeta y la especie humana”, alegando la necesaria diligencia en la protección por parte de las administraciones públicas.
Emilio Chuvieco, catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá, habló sobre las bases científicas y las consecuencias éticas del cambio climático. Sostuvo que el cambio “está presente, y la respuesta no puede ser únicamente científica o tecnológica, también implica decisiones éticas y responsabilidades compartidas”. Chuvieco resaltó que “la ciencia informa, pero no decide”, por lo que es necesaria la aplicación de un principio de precaución y distribución justa de las responsabilidades.
La Universidad de Piura, en el Perú, colaboró con el congreso. Antonio Mabres, profesor emérito y exrector, explicó las similitudes entre la catástrofe de la DANA y el fenómeno de El Niño. Este calentamiento de las aguas del Pacífico afecta a regiones como Piura, una de las provincias más pobres del Perú. Mabres reclama “aprender a convivir con El Niño e incorporar el riesgo a la planificación, las inversiones y las decisiones públicas”.
Guillermo Dulanto, catedrático de Economía en la Universidad de Piura, señaló que la economía peruana es seis veces más pequeña que la española, lo que multiplica la repercusión de los desastres, con graves impactos en la infraestructura de transporte, que cortan la actividad social. Y denunció la falta de capacidad de los trabajadores encargados de la gestión pública, y la consecuente necesidad de una “reforma integral del Estado peruano, para pasar a un sistema más moderno”.
Responsabilidad de informar
El congreso abordó la información sobre desastres y emergencia climática, con intervenciones de periodistas y académicos. Fèlix Tena, de À Punt Mèdia, pidió “recordar a las víctimas, que ya no pueden hablar”. Subrayó que la responsabilidad de los medios de comunicación no se limita a informar durante el desastre, sino también antes y después.
María Luisa Sánchez Calero, profesora de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, exploró qué significa realmente comunicar bien: “Proteger en una emergencia e informar bien no sólo es contar lo que ocurre, sino que implica que la ciudadanía comprenda el riesgo y sepa cómo actuar. Comunicar eficazmente no sólo es informar; es alertar e instruir, contar qué debe hacer el ciudadano”.
