La edad en que los menores pueden tener capacidad legal para hacer determinadas cosas está evolucionando de modo contradictorio. En asuntos que tienen que ver con la seguridad y la salud, la ley es cada vez más protectora y eleva la edad; en cambio, la rebaja para la autonomía sexual.

A medida que los padres pierden o abdican de su autoridad en la educación de los hijos, y la escuela se demuestra incapaz de sustituir a los padres, los trastornos de conducta juvenil van en aumento y, al final, se acaba recurriendo al Código Penal.