Sobreseído el caso de las sedaciones terminales del Hospital de Leganés, llega ahora este libro reportaje de Cristina Losada, que se propone “rescatar vivos y enteros los hechos acaecidos en las Urgencias del Severo Ochoa”.
Losada siguió el caso desde primera hora y ha tenido acceso a informes médicos, así como a las denuncias anónimas y otros documentos relevantes. Además, ha mantenido numerosas conversaciones con familiares de los pacientes que murieron tras las sedaciones y con profesionales del hospital que se oponían a las dudosas prácticas del doctor Montes.
El resultado es un libro que muestra cómo la investigación por mala praxis en un hospital que la autora califica de “centro piloto o estandarte de la política sanitaria del partido socialista”, puede ser oscurecida y dificultada por “la opaca y gelatinosa propaganda”.
Cristina Losada, que actualmente es columnista de Libertad Digital y colaboradora de la Cope, conoce bien el funcionamiento de la maquinaria propagandística de la izquierda desde su juventud en la sección troskista de la Liga Comunista Revolucionaria. Lo que en este relato cuenta es cómo, fruto del respaldo político del PSOE e IU, “los posibles autores de mala praxis asumieron el papel de víctimas, y las víctimas, cuando no eran por completo olvidadas, fueron presentadas como beneficiarias”:
Así, la legítima investigación sobre setenta y cinco casos de sedaciones terminales fue interpretada y transmitida a la opinión pública, por el aparato mediático socialista, como un ataque a la sanidad pública y un intento de la Comunidad de Madrid de privatizar el centro hospitalario.
En octubre de este año, al tiempo que veía la luz el reportaje de Cristina Losada, la editorial Aguilar publicaba El caso Leganés, un libro donde Luis Montes con la colaboración del periodista Oriol Güell da su versión del caso. Allí se lee: “Casi sin hablarlo, empieza a cristalizar entre nosotros la idea del ataque a la sanidad pública. Alguien, por oscuras razones, ha soltado una bomba contra el servicio más sensible del hospital, y Lamela, cogiéndolo al vuelo, no ha hecho otra cosa que lanzar un ataque en toda regla contra uno de los hospitales más emblemáticos de la red pública de Madrid”.
Hechos llamativos como el notable incremento de muertes en Urgencias, la creación en ese servicio de un box para sedaciones terminales, las elevadas dosis de fármacos y su peligrosa combinación, la muerte prematura de algunos pacientes que no hubieran fallecido de haber sido tratados o la ausencia en algunos casos de consentimiento familiar, acabaron archivados y desestimados por considerarse que no se podía establecer una relación causal entre sedaciones y muertes.
Desde la primera denuncia anónima en 2002 hasta el sobreseimiento en 2007 se contabilizan una investigación de la Comisión de Mortalidad del Severo Ochoa que detectó irregularidades y una inspección médica que, si bien no encontró razones objetivas inequívocas, determinó la elaboración de un protocolo y la creación de una comisión de seguimiento, que halló incumplimientos en Urgencias.
Una nueva denuncia anónima lleva a una nueva inspección médica, ordenada por la Consejería de Sanidad, así como la constitución de un comité de expertos que identifica setenta y tres casos de sedaciones fuera de lex artis y señala una relación causa-efecto entre las irregularidades y los fallecimientos. Se produce una querella y dos denuncias más de familiares de pacientes fallecidos tras las sedaciones. Un informe forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es denunciado por manipulación por parte de uno de los peritos, y un nuevo informe pericial encargado al Colegio de Médicos por el Juzgado de Instrucción número 7 establece treinta y cuatro casos de mala práctica.
Pese a todo, al faltar datos en los informes médicos y no existir autopsias que esclarecieran inequívocamente la verdad, la conclusión judicial fue que no era posible afirmar o negar con certeza absoluta que la causa directa de la muerte de algunos de los pacientes fuera la sedación. El caso fue sobreseído en 2007 y a comienzos de 2008 la sala decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó que se suprimiera del auto toda mención a mala praxis médica.
Seis meses después, Montes dirigía un seminario a favor de la eutanasia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que concluyó con un manifiesto firmada por él en la que se defendía que el “derecho a una muerte digna” pasaba por “la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia” (cfr. Aceprensa, 15-07-2008).
El doctor Montes continúa actualmente como anestesista del hospital de Leganés, pero, como dice Cristina Losada en Morfina roja, “tampoco es cierto que haya sido todo en vano. Se ha acabado con aquellos procedimientos y se ha avanzado en la protocolización de las sedaciones terminales. Montes continúa en el Severo Ochoa, pero no ocupará cargos de confianza… a menos que el PSOE decida premiarle con alguno”.