Para acertar con las políticas familiares, pregunten a las familias

La región estadounidense del Sun Belt, que comprende los estados del sur del país de este a oeste, está aumentando su población por encima de la media nacional. En esto influye la inmigración –tanto interna como extranjera– y también el mayor número de nacimientos. Las autoridades políticas de estos territorios han hecho del empuje demográfico una causa, y compiten por presentarse como el estado con medidas más favorables para las familias y las empresas.

Un reciente estudio del Ethics and Public Policy Center y el Institute for Family Studies ha analizado cuáles son esas medidas y qué entienden los habitantes de estos estados por políticas family-friendly y business-friendly. Conocer de primera mano sus impresiones, y especialmente las de los padres, puede servir, en primer lugar, para entender el crecimiento demográfico de la región, y también para que los legisladores puedan tener en cuenta las demandas reales de las familias.

De toda la región del Sun Belt, los investigadores se han fijado específicamente en cinco estados, por su mayor crecimiento demográfico: Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee. Todos están aumentando su población a un ritmo que dobla el de la media nacional, o incluso lo triplica, como en el caso de Texas. En todos hay, actualmente, mayoría republicana en los parlamentos (en tres de ellos esto lleva ocurriendo mucho tiempo; en otros dos, no tanto). En general, también destacan por su menor carga fiscal y por sus políticas conservadoras en lo social.

Medidas de consenso

El estudio se basa en una encuesta a ciudadanos de estos cinco estados. De las cerca de 1.800 personas entrevistadas, aproximadamente la mitad eran padres con hijos menores. El informe está dividido en dos partes. Para la primera, los investigadores preguntaron, en general, por la importancia que los encuestados daban a distintas políticas familiares vinculadas con la vivienda, la cobertura sanitaria, la educación, la crianza de los hijos y la conciliación laboral. En la segunda, los mismos encuestados tenían que optar una forma concreta de legislar en cada uno de estos ámbitos, contrapesándola con otras posibles.

Los investigadores catalogan a los encuestados según su raza, sexo, estructura familiar, nivel educativo y orientación política. Esto les permite conocer qué medidas gustan especialmente a cada sector. De hecho, una de las conclusiones del estudio es que las preferencias de cada grupo no son las mismas: por eso los legisladores deben conocer la composición social de su territorio al diseñar políticas familiares.

Muchas familias piden que se impida a los menores acceder a pornografía “online” y que se estudie la “crisis masculina”

No obstante, algunas propuestas cuentan con el respaldo de una amplia mayoría de los encuestados, independientemente de sus características. Las más populares son la financiación pública del comedor escolar para todas las familias, eliminar el IVA a los pañales, que el estado subvencione la baja por paternidad o que se incremente el importe de los “cheques sanitarios” que reciben las familias de pocos ingresos. Además de lo económico, también hay bastante consenso en algunas medidas de corte más cultural: obligar a las compañías tecnológicas a que se verifique la edad para poder acceder a contenidos pornográficos online o que se creen comisiones para analizar la crisis de los varones, adultos y niños.

Republicanos: valores culturales; demócratas: asistencia social

En general, los encuestados que votan al partido republicano tienden a dar más peso a las políticas culturales que los que votan a los demócratas, que se centran en las medidas de gasto social. En parte, esto se debe a diferencias en cuanto a los valores defendidos por unos y otros (por ejemplo, en la idea de matrimonio, de educación sexual o de elección de escuela), pero también a que los primeros prefieren, en general, que la carga fiscal sea lo más baja posible.

Con todo, incluso los padres de voto republicano están de acuerdo en algunas medidas que implican mayor gasto público –y por tanto más impuestos–, como aumentar el “cheque sanitario”, la financiación del comedor escolar y las actividades extraescolares o la baja por paternidad. Así pues, el estudio parece mostrar que el liberalismo económico (“cuanto menos Estado, mejor”) no es un dogma intocable para las familias de tendencias republicanas.

Lo mismo se puede decir del progresismo cultural de las familias de voto demócrata. Aunque una mayor proporción de ellas considera que al Estado no le corresponde plantear medidas contra el descenso en la tasa de matrimonios (así lo piensa el 37% de estos padres, frente al 24% de los que votan al partido republicano), la mayoría sí cree que los políticos deben actuar. En cuanto al cómo, casi un 30% se muestra a favor de que las escuelas públicas enseñen la llamada “secuencia del éxito vital” (success sequence). Esta teoría, popular sobre todo en ámbitos de pensamiento conservador, señala que para prosperar económicamente se deben cumplir tres pasos: terminar el high school, encontrar un trabajo a tiempo completo y casarse antes de tener hijos. Otro 20% daría prioridad, en cambio, a eliminar lo que entienden como penalizaciones a los matrimonios en algunos programas de ayuda federal.

Preferencias por grupos sociales

También son significativas las preferencias de algunos grupos sociales particulares. Por ejemplo, las madres dan más importancia que los padres al control de edad en el acceso a la pornografía o a la subvención del comedor y las actividades complementarias en la escuela. En cambio, ellos son más partidarios que ellas de prohibir el teléfono en las aulas y de enseñar la “secuencia del éxito vital”.

Por su parte, los padres con menos estudios –y, previsiblemente, con menos recursos– también dan más importancia que la media a que se inculque la “secuencia” en las aulas y a que se creen comisiones sobre la crisis de los varones. Los padres solteros –madres casi siempre– destacan las políticas que amplían la capacidad para elegir escuela. Estas familias suelen tener ingresos bajos, por lo que las ayudas pueden ofrecerles la posibilidad de escolarizar a sus hijos en un centro diferente al que les correspondería por su lugar de residencia.

Las políticas sobre vivienda sí dividen bastante a las familias según su tendencia política. Los demócratas optarían por aumentar las ayudas públicas a la compra. Los republicanos, en cambio, por eliminar regulaciones medioambientales o en la calificación de los terrenos para que se puedan construir más casas.

Hay un consenso en padres de diversas clases sociales y tendencias políticas en pedir políticas dirigidas a sus problemas prácticos, como el costo de la crianza de los hijos o la conciliación de vida familiar y trabajo

Mucho más acuerdo hay en lo que se refiere al cuidado de los hijos en edad preescolar. Muy poquitos padres piensan que se deba dejar que “el mercado” se regule solo. En general, prefieren que el Estado incremente el número de plazas disponibles en guarderías, más que dar un cheque directamente a las familias para que se busquen la vida como puedan.

Resulta interesante, por último, las opiniones de padres republicanos y demócratas sobre la “crisis de los hombres”, y cómo debe actuar el Estado. Para empezar, solo un 20% piensa que tal crisis no existe, sin que haya diferencias significativas por tendencia política. Los republicanos, aparte de recomendar la creación de comisiones ad hoc en los parlamentos, piensan que restringir el acceso a la pornografía puede ser clave para mejorar la situación. Los demócratas parecen dar más peso a la pérdida de peso del varón en el mercado laboral, y abogan por fomentar su presencia en sectores feminizados como la educación, la salud o el trabajo social.

A la vista de todo el informe, se puede concluir que los padres, pertenezcan a la categoría demográfica que sea e independientemente de su orientación política, demandan de los gobernantes que den prioridad a sus necesidades, sobre las que existe bastante consenso. Por ejemplo, amortiguar el gasto en la crianza de los hijos (desde la compra de pañales al pago de la escuela), o facilitar la conciliación de la vida laboral y la familiar. Pero, al mismo tiempo, también hay acuerdo sobre algunas cuestiones de valores, que no requieren de tanto impuesto: restringir el acceso a la pornografía, limitar el uso de los móviles en las aulas o insistir en los efectos positivos del matrimonio, entre otros. Los legisladores deberían tomar nota.