Los sindicatos se profesores defienden un aumento de fondos públicos para los conciertos sanitarios, que permiten elegir entre la sanidad privada y la pública.

No corren buenos tiempos para los funcionarios españoles. No solo el Estado les ha bajado un 5% el sueldo, sino que además están en peligro otros “derechos adquiridos” o privilegios, según se mire. Uno de los más preciados es la asistencia sanitaria a través de la Mutualidad de Funcionarios (Muface). Esta se financia con las aportaciones del Estado, aunque el servicio se presta a través de aseguradoras médicas privadas o de la Seguridad Social. A diferencia del resto de los españoles, los funcionarios pueden elegir entre la sanidad privada y la pública, sin ningún coste adicional. Y, puestos a elegir, el 84,5% elige las sociedades privadas.

Pero si los funcionarios están satisfechos, las aseguradoras privadas lo están mucho menos, porque dicen que pierden dinero. Mientras que el Sistema Nacional de Salud recibe del Estado una aportación de 1.041 euros por persona y año, Muface recibe 688, un 34% menos. Y las aseguradoras privadas dicen que se están gastando un 2% más de lo recibido en la prima.

En consecuencia, tres de las aseguradoras más importantes -Mapfre, Caser y La Equitativa- abandonaron a principios de este año su concierto con Muface. Y los funcionarios temen que las otras sigan sus pasos, de modo que al final no tengan más alternativa que la sanidad pública sin posibilidad de elección.

Cabría esperar que esto alegraría a los sindicatos que siempre están denunciando la “privatización” de lo público. Y de modo especial a las federaciones de enseñanza de CC.OO. y de UGT, que ven en los conciertos con la enseñanza privada la mano negra que arruina la enseñanza pública. Pero resulta que no. Las dos organizaciones sindicales han firmado un manifiesto en el que exigen que el Estado “asegure la financiación suficiente para mantener la mutualidad”, para que siga “la asistencia sanitaria que tienen en la actualidad”, en vez de pasar todos al sistema sanitario de la Seguridad Social.

Si la libre elección de escuela es sospechosa para estos sindicatos, la libre elección de cobertura sanitaria para los funcionarios es sagrada.

Como ocurre también en los conciertos educativos, para el Estado es más económico pagar a las aseguradoras privadas que al Sistema Nacional de Salud, sobre todo si les paga por debajo del coste. Pero las aseguradoras médicas privadas no están dispuestas a perder dinero y prefieren romper el concierto.

Podemos preguntarnos qué pasaría si la enseñanza concertada (un tercio del total de alumnos) decidiera un día cerrar sus centros, porque el concierto no cubre los costes reales. Pero las entidades privadas sanitarias son mucho más reacias a prestar servicios deficitarios.

¿Qué hacer? El sindicato de funcionarios CSIF pide que el Estado aumente la aportación pública, para que se reduzca el diferencial de gasto entre las aseguradoras privadas y el Sistema Nacional de Salud. Defienden este sistema porque la posibilidad de cambiar de aseguradora que tiene el funcionario cada año supone una competitividad que mejora la calidad del servicio sanitario.

Produce cierta perplejidad ver a CC.OO. y UGT defender un aumento de fondos públicos para conciertos con entidades privadas, de modo que lo que rechazan en la educación lo apoyan en la sanidad o, más en concreto, en “su” sanidad. Pero si no consiguen que los presupuestos públicos, tan exhaustos, sean más generosos, siempre les queda el recurso de pedir a los funcionarios unas cuotas para cubrir la diferencia de costes, eso sí, voluntarias.

Cuando los sindicatos defienden la privatización

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