Una gobernanza neutral para Internet

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Neutralidad, accesibilidad, transparencia, seguridad, libertad de expresión, protección de datos… Son muchos los temas que abarca la gobernanza de Internet y muchos también los intereses en juego. Lo que está claro es que la meta es conseguir una red accesible a todos, y que escape al control de unos pocos gobiernos o gigantes tecnológicos.

Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 53/14

“Necesitamos un sistema de gobernanza de Internet que permita a cada comunidad aportar lo mejor de sí misma al esfuerzo común, pero impida que cualquiera de ellas ponga sus propios intereses por delante del bien público”. Son palabras de Tim Berners-Lee, quien creó la World Wide Web hace 25 años, pronunciadas en la Conferencia Mundial sobre Internet celebrada el pasado mes de abril en Brasil.

Berners-Lee señaló que al respeto de los derechos humanos en la red se añaden dos puntos específicos que tener en cuenta: la neutralidad de la red y una libertad de expresión unida al derecho a la privacidad, ya que “la vigilancia masiva es tal vez la amenaza más inmediata e insidiosa contra los derechos humanos en Internet”.

Árbitros de la neutralidad
El término “neutralidad de la red” fue acuñado por Tim Wu, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, en 2005. ¿A qué hace referencia esta expresión? “Establece que ni un gobierno, ni un organismo supranacional, ni la compañía que te ofrece el servicio de conectividad, tienen por qué arrogarse ningún rol sobre qué contenidos pueden o no circular por la red”, explica José Luis Orihuela, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y añade: “Tampoco pueden hacer restricciones en la velocidad con la que accedes a la red. Esto a veces es una forma de penalizar: no se filtran contenidos, pero se castiga con una velocidad baja a quienes accedan a determinadas webs”.

La gobernanza de la ICANN sobre Internet suscita menos temores que la de la ONU, más expuesta a la acción de los gobiernos

Orihuela señala que la neutralidad en la red no significa que “todo vale” y defiende que la legislación que tenemos en el mundo físico es extensible a las conductas delictivas del mundo virtual. Ana Azurmendi, profesora de Derecho de la Comunicación en la Universidad de Navarra, corrobora esta idea: “Solo habría que especificar un poco más sobre lo que añade Internet a esos delitos: el efecto multiplicador que tiene la red no lo tiene un periódico ni una cadena de televisión”.

Cuando hablamos de gobernanza pensamos en leyes y en organismos nacionales o internacionales. Pero en el caso de Internet ¿cómo hacer para asegurar la neutralidad, la accesibilidad, la transparencia, la libertad de expresión y la privacidad en una red global sin fronteras? ¿Quién debería gestionar Internet?

La ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es la entidad sin fin de lucro que coordina el sistema de identificadores únicos de Internet. Su labor de coordinación mundial de los nombres de dominio de Internet tiene una gran importancia en la expansión y el crecimiento de la red.

Ni hablar de la ONU
Pero el papel de la ICANN no es indiscutible. Rebecca MacKinnon cuenta en su libro No sin nuestro consentimiento. La lucha por la libertad en Internet cómo durante el período anterior a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en 2005, varios gobiernos, con China a la cabeza, quisieron desmantelar la ICANN y que sus funciones pasaran a un organismo de las Naciones Unidas: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La razón era que Estados Unidos tenía un poder directo sobre la ICANN (ya que esta organización firmó un compromiso por el que se sometía a la supervisión final por parte del Departamento de Comercio) y los países que apoyaban el traslado de competencias poseían más poder en la UIT. Los grupos de defensa de los derechos humanos y de las libertades civiles se unieron para oponerse a este plan, previendo que, de realizarse, daría poder sobre Internet a gobiernos que practican la censura.

Los operadores de Internet defienden que se pueda ofrecer servicios a mayor velocidad a cambio de pagos extra

Por su parte, los europeos querían un término medio: que la ICANN se internacionalizara pero que la ONU no tuviera un control directo sobre ella. En la Cumbre Mundial no se llegó a un acuerdo y se mantuvo la situación como estaba. No obstante, se creó el Fórum de Gobernanza de Internet (IGF, en sus siglas en inglés), como un punto de encuentro de empresas, gobiernos y ciudadanía donde discutir cuestiones sobre política de Internet. Nació como un organismo sin poder para establecer medidas ni tomar decisiones vinculantes, y con unas pretensiones de neutralidad que se han demostrado irreales.

Un paso adelante por la neutralidad de la red supone el anuncio de que Estados Unidos cederá el control que tenía sobre la ICANN hasta este momento a una entidad de carácter multisectorial, aunque sigue sin existir un organismo ni una Carta Magna que defienda la libertad de Internet frente a los deseos de gobiernos y de empresas de telecomunicaciones de controlar los contenidos que circulan y la velocidad a la que circulan. Y al hablar de control en la red no hace falta pensar en países como Cuba o China, sino que esas ambiciones de poder están presentes también en países democráticos, aunque de forma más sutil.

A la misma velocidad
Con este panorama, la ley Marco Civil de Internet aprobada recientemente en el Congreso de Brasil recoge algunos de los puntos candentes en el debate: la obligación de los proveedores de Internet de respetar la inviolabilidad de las comunicaciones de los usuarios y la prohibición de ceder los datos de sus clientes a terceros; y la neutralidad de la red, que implica que los prestadores de conexión deben garantizar a sus clientes la velocidad contratada, independientemente del contenido al que estén accediendo –medida que ha sido vista con malos ojos por las operadoras.

En abril, el Parlamento Europeo votó a favor de una iniciativa que apoya la eliminación de las tarifas de roaming en los países miembros de la Unión (esto es, que a partir de diciembre de 2015 las operadoras no podrán cobrar tarifas extras por usar el móvil desde cualquiera de los países miembros). También asegura la neutralidad de la red: que las empresas de telecomunicaciones no puedan bloquear ni ralentizar el acceso a servicios o aplicaciones ofrecidas por la competencia (como pasó en 2012, cuando algunos proveedores de Internet bloquearon o ralentizaron el acceso a Skype) y, aunque permite que las empresas sigan ofreciendo servicios especializados (vídeos a la carta, aplicaciones de almacenamiento de datos en la nube…), pone la condición de que se permitirán siempre que no vayan “en detrimento de la disponibilidad o la calidad de los servicios de acceso a Internet”.

“La vigilancia masiva es tal vez la amenaza más inmediata e insidiosa contra los derechos humanos en Internet” (Berners-Lee)

Estas medidas, como ha ocurrido con la ley brasileña, también cuentan con sus detractores: algunos usuarios señalan que peligra la neutralidad y las operadoras protestan argumentando que son “medidas populistas” que coartan el desarrollo y limitan la oferta de servicios especializados y diferenciados según la calidad y el precio.

En un artículo en The Wall Street Journal, Luigi Gambardella, presidente ejecutivo de ETNO (European Telecommunications Network Operators) expresa su disconformidad con la nueva medida y señala varios escollos: no solo los operadores se verán afectados por esta “legislación intrusiva”, sino también toda una cadena de valor asentada sobre la posibilidad de ofrecer servicios especializados, y pone como ejemplo el campo de la telemedicina y “los hospitales y otros proveedores de asistencia médica, que demandan –y necesitan– calidad garantizada”.

Gambardella afirma que estas medidas matan la innovación y las nuevas oportunidades de crecimiento y se pregunta si, siendo Internet algo global, puede Europa permitirse establecer reglas que obligarían a las operadoras europeas a funcionar de manera diferente al resto del mundo.

Pagar por más rapidez
Mientras tanto, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) va a revisar la normativa para que los proveedores de Internet puedan ofrecer servicios a diferentes velocidades. Esto ha sido motivado por la sentencia judicial que dio la razón a la operadora Verizon hace unos meses (ver Aceprensa, 16-01-2014), permitiéndole poner tarifas más altas a cambio de un mejor servicio. Esto ha posibilitado un acuerdo con Netflix, el gran videoclub virtual, para garantizarle una transmisión de calidad a cambio de pagar más. El tribunal que dictó la sentencia no consideró que Internet fuera un servicio público, y por lo tanto declaró que los proveedores de servicios de Internet, como Verizon, son libres para realizar acuerdos de este tipo con otras compañías.

“Que unos pocos por sus negocios paguen más para conseguir más velocidad, no tendría que significar que Internet sea inaccesible”, sugiere la profesora Azurmendi, y opta por un equilibrio: “Tiene que existir un estándar de acceso a la red, que sea barato para que todo el mundo pueda acceder. Pero no todo el mundo necesita ni está interesado en una amplitud de banda igual de ancha”.

Canales hegemónicos de información
Algunas voces señalan que el problema no es tanto la diferencia de tarifas, discriminando según el tipo de servicios, como que el número de proveedores de servicios de Internet que controlan las líneas y los canales para llegar hasta los consumidores sea cada vez más reducido y más poderoso. Lo mismo ocurre en el mundo del periodismo en Internet, como señala Ramón Salaverría, director del Departamento de Proyectos Periodísticos de la Universidad de Navarra: “Cuando uno analiza los actores principales de la comunicación, es cierto que encuentra mucha diversidad, pero también se están instituyendo unos canales hegemónicos de la información. Google, por ejemplo, te presenta los resultados de tu búsqueda en función de unas operaciones algorítmicas que desconocemos y que, aparentemente, pueden dar razón de la relevancia y de la diversidad, pero quizás no sea así. No es que sea una aparente multiplicación de las fuentes, porque esto es real, pero sí hay una cierta sombra respecto a cuáles son los canales a través de los cuales esas fuentes alcanzan al ciudadano normal”.

En el discurso citado de Berners-Lee, el creador de la web defendió la necesidad de proteger y ampliar los derechos de los usuarios a una red abierta, libre y universal. ¿No es utópico pensar en algo así? “Es utópico en la medida en que hay muchísimos intereses creados, tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito económico y de las transacciones comerciales”, explica Salaverría. Algunos gobiernos forman parte de esos actores con pretensiones de control: “Quieren tener perfectamente delimitado quién dice qué en sus territorios. La red ha venido a romper esos espacios acotados y esto les pone muy nerviosos”, añade.

“Creo que la filosofía de Berners-Lee es que la red atienda no tanto a una serie de intereses comerciales como de posturas que favorezcan la alfabetización y mejoren las posibilidades de educación, de desarrollo, particularmente de los países más desfavorecidos. Internet tiene unas posibilidades y unas características que hacen que sea una plataforma especialmente apta para propiciar ese tipo de desarrollo”, afirma Salaverría: “Si tenemos a un 60% de la población mundial sin acceso a todas esas posibilidades, lo prioritario ahora sería tratar de extender la red, incluso hay quien dice que debería ser un derecho reconocido. Pero no parece que esto se encuentre entre las prioridades de los gobiernos ni de las empresas”. A esto se une que en muchas zonas de África, por ejemplo, ni siquiera existen las condiciones mínimas para poder tener conexión.

Nuestra identidad en la nube
A finales de junio de 2014 saltó la noticia de que Facebook había experimentado en enero de 2012 con casi 700.000 usuarios sin su consentimiento, en una investigación sobre emociones: alteraron el algoritmo que selecciona las noticias que se muestran de los amigos y analizaron su comportamiento. Las reacciones han sido diversas: desde las muy críticas con la red social a las que recuerdan que en la Política de uso de datos, que el usuario acepta al registrarse en Facebook, se contempla que la información que se recibe de los perfiles pueda ser utilizada por la compañía “para operaciones internas, incluidos la solución de problemas, el análisis de datos, la investigación, el desarrollo y la mejora del servicio”.

José Luis Orihuela reconoce en las redes sociales un potencial enorme pero también un cierto peligro: “Nos estamos entregando alegremente a empresas que construyen vallas en torno a la experiencia de Internet, como Twitter o Facebook. No son plataformas abiertas, sino jardines vallados, con leyes propias: esos términos y condiciones de servicio que los usuarios aceptamos sin haber leído apenas, dando nuestro consentimiento sin saber con exactitud hasta qué punto afectan a nuestros derechos y condicionan nuestras libertades”.

Otro tema por resolver, en opinión de Orihuela, es la articulación entre la identidad virtual y la física y su protección. Esta protección de la identidad iría en dos sentidos: que el usuario pueda defenderse frente a quienes utilizan su marca personal o comercial de forma fraudulenta y que el usuario pueda hacer uso del anonimato, cuando esto supone una garantía para la libertad de expresión, especialmente en países con gobiernos autoritarios.

En el tema del anonimato, Azurmendi señala un agujero en la gobernanza de Internet: “La red facilita y potencia la transparencia y la participación ciudadana, y todo esto debería llevar a que cada persona respondiera de sus decisiones y de sus palabras. Pero la realidad muchas veces es que el anonimato tiene que ver con el no asumir responsabilidades o suplantar identidades de otros. Si no hay quien asuma responsabilidades, la transparencia y la participación se debilitan, son dos principios vulnerables. Es cierto que habrá ocasiones en las que el anonimato será imprescindible, pero solo cuando tenga que ver con libertad de expresión y con seguridad, no con no asumir responsabilidades”.

Ciudadanos activos en el mundo y en la red
Neutralidad, accesibilidad, transparencia, seguridad, libertad de expresión, protección de datos… Son muchos los temas que abarca la gobernanza de Internet y parece claro que no pueden dejarse solo en unas manos.

¿Qué puede hacerse para resistir a los intentos de control? Orihuela pone como referencia No sin nuestro consentimiento, el libro de MacKinnon, en el que la autora habla de las acciones de ciertos gobiernos y organizaciones por avanzar en el control de la red y también menciona algunas iniciativas de la sociedad civil para defender la neutralidad y reclamar “como ciudadanos digitales, que las decisiones políticas y corporativas que afecten a la red no se tomen sin nuestro consentimiento informado”, como afirma Orihuela en el prólogo del libro.

“Hay que activar los resortes de la sociedad civil”, explica Orihuela: “Empezando por la educación y siguiendo por muchas iniciativas, como las que aparecen en el libro de MacKinnon. Más que un problema de legislación, es un problema de educación. Hay que enseñar a la gente, desde pequeños, sobre las repercusiones que tiene la conducta personal en un espacio público. Algunas personas no parecen conscientes de esto y se justifican con ‘lo puse en mi Twitter’ sin caer en la cuenta de que es un espacio público”. Para MacKinnon, “tanto si somos simples usuarios de la tecnología, inversores en empresas de tecnología, empleados o ejecutivos de empresas de Internet, cargos electos o burócratas del gobierno de rango medio, todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar los abusos del poder digital y evitar abusar nosotros mismos”.

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