La censura implacable

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Contrapunto

La polvareda que ha levantado en el sector audiovisual español la filtración de un documento de trabajo sobre una posible “ley anti-telebasura” revela la sensibilidad del sector hacia todo lo que pueda afectar a su libertad. Se ha dicho que el gobierno prepara una “ley mordaza”, que intenta controlar la televisión o que el proyecto roza la censura. Sin duda, en un tema tan complejo la regulación será siempre polémica y el texto filtrado es manifiestamente mejorable. Sin embargo, pronto se ha visto que lo que se discute no es tanto los términos del proyecto como la mera existencia de una regulación externa. Mejor el autocontrol que la regulación, se dice.

Y, ciertamente, tanto en las personas como en las instituciones o en las profesiones, el primer y mejor código de conducta es el autocontrol. La ley surge cuando el autocontrol falla y es preciso arbitrar entre los distintos intereses en juego.

Pero en su búsqueda de la mayor audiencia las televisiones han demostrado tanto autocontrol como los automovilistas a la hora de aparcar en el centro de una gran ciudad. Desde hace años se habla de la necesidad de luchar contra la telebasura, de poner coto a una competencia entre televisiones que ha llevado a rebajar cada vez más la exigencia estética y de calidad humana de la programación. Por eso, nadie se rasgó las vestiduras cuando en 1995 una comisión especial del Senado, presidida por la senadora socialista Victoria Camps, propugnó crear una autoridad audiovisual, para “garantizar la independencia y pluralidad de los medios audiovisuales”, así como “la mínima calidad de sus programas”. Algo que, por otra parte, existe en muchos países democráticos para regular distintos aspectos de los medios audiovisuales.

Nada se ha hecho desde entonces ni tampoco el propio sector audiovisual ha demostrado su capacidad de autocontrol. Si algún programa aislado se ha suprimido ha sido por protestas del público, no por un ejercicio de responsabilidad de las cadenas. Como se decía ya en el informe de la Comisión del Senado, la televisión “ha sido abandonada a la dinámica de unas fuerzas y poderes comerciales que sacrifican la rentabilidad social o humana a la económica”.

En este marco, impone su ley una censura minuciosa, implacable e inapelable: la censura económica ejercida por las propias cadenas. Es la censura que impone a los guionistas unos determinados ingredientes de violencia, sexo o morbo para ganar cuotas de audiencia; la censura que expulsa del prime time todo lo que se califique de “minoritario”; la censura que lleva a suprimir un programa a las dos semanas si el de la competencia atrae más publicidad; y que, sin el menor respeto al público, cambia las emisiones previstas según lo exija la lucha de la contraprogramación. Esta censura está consiguiendo -ahora por motivos comerciales y no políticos- una programación muy homogénea y poco plural. Pues, por mucho zapping que uno haga, lo habitual es encontrar las mismas fórmulas de programas, en busca de la máxima audiencia. Esto también es autocontrol, un autocontrol férreo para no desviarse un ápice de lo que dé dinero.

Es tranquilizador saber que hay una viva sensibilidad ante todo lo que pueda suponer un riesgo de control de las televisiones por parte del poder político. Pero se echa en falta una reacción similar frente a la censura real que hoy se ejerce por motivos comerciales. Porque aquello de que el poder absoluto corrompe absolutamente, vale tanto para el poder político como para el económico.

Ignacio Aréchaga

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