La memoria histórica, politizada por ley

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Monumento a las víctimas del genocido armenio en Arnouville-lès-Gonesse (Francia) (CC: P.poschadel)

 

Un gobierno siempre aspira a regular el presente para construir un futuro. Pero pensar que tiene también autoridad para decidir cómo hay que recordar el pasado no deja de ser atrevido y discutible. Sin embargo, esto es lo que se plantea con las “leyes de memoria” en las que el legislador pretende imponer una verdad histórica.

La visión del pasado da lugar muchas veces a debates ideológicos y a controversias políticas. Basta ver la intensidad que ha alcanzado en Estados Unidos el debate sobre el racismo y su secuela de cancelación de estatuas y de símbolos de un pasado hoy denigrado. En España, es el gobierno de Pedro Sánchez el que pretende reavivar una división ya socialmente superada al anunciar una ley de “Memoria Democrática”, para decidir cómo hay que recordar la Guerra Civil y el franquismo.

En dictaduras y en democracias

Normalmente han sido los regímenes totalitarios los que han pretendido arrogarse el derecho a ejercer un control sobre la verdad histórica y de imponer su criterio a los investigadores. Nadie esperaría que en la época de la URSS los historiadores rusos hicieran una historia objetiva de la revolución bolchevique ni que en la China de hoy pueda ofrecerse una biografía no sesgada de Mao. Lo novedoso de las actuales leyes de memoria es que surgen en parlamentos democráticos, que deben salvaguardar las libertades de los ciudadanos.

Las primeras leyes de este tipo se hicieron para condenar la negación del Holocausto y prohibir la exaltación del nazismo. Hoy día hay leyes de este tipo en Alemania y en una decena de países europeos. Sin embargo, hay otros países de gran tradición democrática que no han visto necesario limitar la libertad de expresión en este campo. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que, aunque lucharon contra el nazismo, no han recurrido al Código Penal para condenar su apología o la negación de sus crímenes.

Las leyes de memoria acaban chocando con la libertad de expresión

El hecho de haber aprobado leyes semejantes tampoco dice mucho sobre la calidad democrática de un sistema político. Rusia, que rechaza categóricamente la comparación del nazismo con el comunismo, aprobó en 2014 una ley que castiga la negación de los crímenes cometidos por los nazis. En cambio, Polonia equipara el nazismo con el comunismo, y hacer apología de cualquiera de los dos está penado hasta con dos años de cárcel.

En los países escandinavos prima la defensa de la libertad de expresión, sin que se incluyan disposiciones específicas contra ideas totalitarias. En general, los países que no han aprobado leyes de este tipo ven más riesgo en las limitaciones a la libertad de expresión que en la difusión de esas ideas nefastas.

La historia y la ley

Francia es el país donde las propuestas de leyes de memoria han dado lugar a debates más profundos sobre la relación entre la historia y la ley, las responsabilidades de los políticos y de los historiadores, y la defensa de la libertad de expresión y de investigación.

En 1990 la llamada ley Gayssot (diputado comunista) convirtió en delito la negación de los crímenes contra la humanidad que llevaron a la condena de los líderes nazis en los juicios de Núremberg. A pesar de referirse a unos hechos sobre los que pocos historiadores discrepan, la ley sentó un precedente de intromisión del legislador en cuestiones históricas. Y en seguida surgieron otros casos que reclamaban la intervención del legislador.

En 2001, la llamada ley Taubira estableció que la esclavitud y la trata de negros practicada en colonias francesas hasta 1848 constituían un crimen contra la humanidad. Además dictaminada intrépidamente que los programas escolares y de investigación histórica otorgarían a este tema “el lugar preponderante que merecen”. Lo que se discutió entonces no fue la condena de la trata de esclavos, sino el sentido de otorgar a los descendientes de los esclavos (gente de quinta o sexta generación) el derecho a entablar demandas contra cualquiera que pudiera negar o minimizar el hecho. ¿Hasta dónde habría que llegar en este túnel del tiempo?

El caso del genocidio armenio

El debate sobre este tipo de leyes fue más enconado cuando en 2012 el Parlamento tipificó como delito la negación del “genocidio armenio”, cometido por Turquía entre 1915 y 1917. La comunidad armenia en Francia exigía ese reconocimiento para honrar la memoria de las víctimas, y el apoyo del presidente Sarkozy le garantizó la aprobación de una ley muy discutida. Turquía protestó, aunque no hay que olvidar que en este país también hay una ley que considera delito justo lo contrario, es decir, calificar de genocidio la intervención turca en Armenia.

Que hubo asesinatos masivos en Armenia es un hecho histórico. El problema surge cuando se intenta equipararlo a un genocidio con intención exterminadora. La palabra genocidio, según el historiador francés Pierre Nora, “ha evolucionado hacia una connotación amplia, con fronteras borrosas, y su utilización no tiene ya más que un contenido emocional, político o ideológico”.

En Francia destacados historiadores se han opuesto a las leyes de memoria que pretenden imponer una interpretación del pasado

En cualquier caso, es un tema discutible, abierto a la investigación histórica. Por eso las leyes que pretenden imponer una interpretación determinada acaban chocando con la libertad de expresión. De hecho, la ley francesa no pasó el filtro del Consejo Constitucional, que en marzo de 2012 dictaminó que la ley comportaba “un ataque inconstitucional al ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación”.

En el mismo sentido se manifestó en 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de un ciudadano turco condenado en Suiza por negar en unas conferencias la existencia del genocidio armenio. Según el Tribunal de Estrasburgo, la condena violó el derecho a la libertad de expresión. Y en su argumentación señalaba que “la investigación histórica está por definición abierta a discusión” y “no lleva necesariamente a verdades absolutas”.

Investigación abierta

Son precisamente los historiadores los que han manifestado más recelo hacia la politización de la verdad histórica que a menudo se esconde en estas leyes.

René Rémond (1918-2007), historiador y politólogo, advertía en un artículo publicado en Études (junio 2006) que esta irrupción de la política en el establecimiento de la verdad histórica “tendría como consecuencia el secuestro de la historia por parte de los que ejercen el poder político”. El efecto sería perjudicial para la investigación y la enseñanza de la historia. ¿Qué investigador se atrevería a abordar temas que podrían llevarle ante los tribunales? ¿Por qué los políticos deberían imponer su criterio al profesor que enseña historia? Por eso, cuando un grupo de historiadores alzó su voz contra este tipo de leyes, Rémond consideraba que “no solo estaban defendiendo el derecho de los historiadores a trabajar en completa libertad, sin la coacción del Estado, sino también el de cualquier ciudadano a tener acceso al conocimiento de una historia sin ningún a priori”.

Rémond reconocía el derecho de los políticos a pronunciarse sobre la historia, pero no a hacerlo mediante una ley que obliga a todos. Señalaba que a menudo estas leyes se hacen por consideraciones electorales, que “dejan ver más pasión que razón, que no tienen ninguna legitimidad científica y que confunden la memoria con la historia”. También salía al paso de los parlamentarios que alegaban que su calidad de representantes de la nación les facultaba para establecer la verdad histórica. “Ningún parlamentario imaginaría que su estatus le otorga facultades para pronunciarse (…) sobre las leyes de la mecánica de fluidos o los secretos del genoma. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente para la historia de las sociedades?”.

Rémond defendía la independencia de la investigación histórica, que “tiene por vocación describir la complejidad de la realidad social y mostrar su ambivalencia”.

Verdades oficiales

Otros destacados historiadores franceses compartían también esta preocupación ante la pretensión de crear verdades oficiales en las cuestiones históricas. En 2005 se creó la asociación “Liberté pour l’histoire”, presidida por el historiador Pierre Nora, que publicó una declaración firmada por 19 destacados historiadores y a la que se adhirieron más de seiscientas personas.

La verdad histórica saldrá ganando si se la mantiene al margen de la confrontación política

En la declaración mantenían: “La historia no es la moral. No le corresponde al historiador exaltar o condenar, sino explicar”. Rechazaban también juzgar el pasado con la óptica de hoy: “La historia no es esclava de la actualidad. El historiador no aplica al pasado esquemas ideológicos contemporáneos y no introduce en los sucesos de otros tiempos la sensibilidad de hoy”.

Y concluían que “en un Estado libre, no corresponde ni al Parlamento ni a los jueces definir la verdad histórica. La política de Estado, incluso animada por las mejores intenciones, no es la política de la historia”. Por eso pedían que se abrogaran las disposiciones legislativas que, a partir de las leyes de memoria, estaban dando lugar a procedimientos judiciales contra historiadores.

Esta misma preocupación ha llevado a la organización Human Rights Watch (HRW) a pedir al Parlamento de Chile que rechace un proyecto de ley que castigaría hasta con tres años de cárcel a quien “justifique”, “apruebe” o “niegue” las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). El proyecto, presentado en 2017 en el segundo mandato de Michele Bachelet, fue aprobado en el congreso el pasado 22 de septiembre y está a la espera de ser debatido en el Senado.

A juicio del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, “las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales”. A su juicio, las restricciones planteadas en el proyecto atentan contra la libertad de expresión.

Paradojas de una época relativista

Juzgar el pasado con los parámetros de hoy resulta también paradójico en una época relativista como la nuestra. Así lo hacía notar la filósofa francesa Chantal Delsol (Commentaire, nº 81, 1998) a propósito de los arrepentimientos colectivos, que llevan a pedir perdón por hechos cometidos por generaciones anteriores: “Acusarse de una falta cometida hace tiempo, en la historia, significa ante todo considerar que la época presente puede juzgar, con sus criterios, los actos de una época pasada. (…) Significa considerar que los juicios de las épocas precedentes deben dejar paso a los nuestros. Dicho de otra manera, justamente cuando triunfa el relativismo, cuando cada individuo reivindica ‘sus’ valores, se erige una moral tan universal que vale no sólo en el espacio (Occidente exporta la versión individualista de los derechos del hombre), sino también en el tiempo: nuestros valores aniquilan los del pasado”.

Este enfoque cuestiona la idea de progreso moral en la humanidad. “Pues, si hay progreso moral a través de la historia –afirma Delsol–, hay evolución de criterios; y entonces no se puede juzgar a las épocas precedentes por actos que ellas no concebían aún como dañinos”.

Sin duda, hay ciertos actos que son objetiva y universalmente malos. La esclavitud no era moralmente buena cuando estaba admitida socialmente. Pero esto no obliga a condenar a Sócrates por defenderla o a George Washington por haber tenido esclavos, como si fueran esclavistas del siglo XXI. Como tampoco tiene sentido escandalizarse porque los colonizadores blancos de América no respetaran los valores de las culturas indígenas como si fueran cooperantes de ONG. Y más si tenemos en cuenta que tampoco las culturas aborígenes dominantes respetaban los valores ni las vidas de las otras etnias indígenas a las que sojuzgaban.

Por eso los investigadores defienden que la verdad histórica saldrá ganando si se la mantiene al margen de la confrontación política y se deja que los historiadores hagan su labor sin imposiciones.

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