Las interpretaciones históricas no pueden anular la libertad de expresión

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Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 84/15

La Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que Suiza se extralimitó al juzgar y condenar a un ciudadano turco que, con ocasión de unas conferencias pronunciadas en varias ciudades suizas, negó que hubiera existido un genocidio perpetrado por el gobierno turco contra los armenios en 1915. Según el tribunal de Estrasburgo, tal condena violó el derecho a la libertad de expresión amparado por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Los hechos se remontan a 2005. Entonces, Doğu Perinçek, líder del Partido de los Trabajadores (recientemente rebautizado como Partido Patriótico, de línea socialista-nacionalista), participó en varios eventos celebrados en ciudades suizas. Allí señaló que la aplicación del término “genocidio” a las matanzas sufridas por los armenios era fruto de “una gran mentira internacional”. De acuerdo con la ortodoxia del nacionalismo turco, Perinçek culpó de los hechos a “fuerzas imperialistas y rusas” que contribuyeron a exacerbar las rivalidades étnicas y religiosas ya existentes.

La sentencia subraya que “la investigación histórica está por definición abierta a la discusión”

Tras estas declaraciones, la asociación armeno-suiza denunció al político turco ante un tribunal local en Lausanne. En 2007, esta corte lo declaró culpable, al juzgar que sus palabras “parecen estar basadas en actitudes racistas” y “no contribuyen al debate histórico”. Se le impuso una multa de 13.000 francos suizos, junto con sanciones administrativas. Los recursos de Perinçek a otros tribunales suizos fueron desestimados, por lo que decidió acudir al TEDH.

Allí su demanda fue admitida, pero tendrían que pasar cinco años hasta que en 2013 la Cámara (la primera instancia dentro del TEDH) votara –cinco jueces contra dos– que Suiza había vulnerado la libertad de expresión del político. Como el gobierno suizo recurrió el veredicto, el caso pasó a la Gran Cámara, que ahora ha ratificado la opinión de la instancia inferior, por diez votos contra siete.

La investigación histórica no ofrece verdades absolutas

La sentencia repite en su mayoría los argumentos esgrimidos por la Cámara en su veredicto de 2013. Uno de ellos señalaba que “la investigación histórica está por definición abierta a la discusión”, y que “no lleva necesariamente a verdades absolutas”. Esta idea ha sido expresada en los últimos años por varios historiadores, recelosos de la politización de la historia que frecuentemente se esconde tras algunas leyes memorialísticas aprobadas en distintos países (cfr. Aceprensa, 30-12-2011). Por ejemplo, en 2012 el Consejo Constitucional francés decretó que la negación del genocidio armenio no sería constitutivo de delito (Aceprensa, 01-03-2012), en contra de lo que antes habían dictaminado la Asamblea Nacional y el Senado.

También la ONU se ha pronunciado sobre este tema. En un comentario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos explicaba que este documento “no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados”.

El “discurso del odio” como forma de censura

Los diez jueces que subscriben la posición mayoritaria en la reciente sentencia sostienen que las palabras de Perinçek “no constituyen una llamada al odio o a la intolerancia” contra los armenios: “no los ha llamado mentirosos, ni ha utilizado expresiones agresivas en su contra, ni ha pretendido estereotiparlos”. Por tanto, “no cabe decir que sus comentarios sean tan lesivos para la dignidad de los armenios como para requerir un juicio penal”.

El tribunal de Estrasburgo estima que la sentencia del tribunal suizo violó el derecho a la libertad de expresión

La explicación dada por los jueces resulta especialmente interesante en un momento en el que recurrir a la teoría del “discurso del odio” para justificar distintas formas de censura (siempre aplicada contra lo políticamente correcto) es cada vez más frecuente. Aunque muchas de estas polémicas no llegan a los tribunales –y aún menos veces resultan en una condena–, lo cierto es que invocar la supuesta homofobia o el racismo de ciertas declaraciones para intentar silenciarlas se ha convertido en algo habitual.

Un caso reciente en España ha tenido como protagonista al cardenal Cañizares. Sus palabras sobre las últimas oleadas de inmigración a Europa, en las que reflexionaba sobre la posibilidad de que, junto con los que llegan por motivos humanitarios, hubiera otros con ideas radicales que estuvieran aprovechando la ocasión para infiltrarse, fueron motivo de que la Red Española de la Inmigración le denunciara ante la Fiscalía General del Estado. Según los demandantes, el cardenal “ha superado los límites de la opinión y ha buscado atacar y criminalizar a los refugiados”.

La presión mediática fue tal que Cañizares publicó dos días después un comunicado pidiendo perdón a los inmigrantes que se pudieran haber sentido ofendido por sus declaraciones, pero también aclarando que se habían sacado de contexto. El cardenal remitía a sus escritos anteriores, y a las iniciativas de ayuda al refugiado puestas en marcha en las diócesis donde ha servido, para demostrar que nunca ha mantenido una posición de rechazo hacia la inmigración.

Estos hechos muestran otro de los peligros de las acusaciones por “discurso del odio”: frecuentemente no tienen en cuenta el contexto que hay detrás de unas palabras, y hacen un juicio de intenciones cuando menos arriesgado. La sentencia del TEDH recuerda la necesidad de ponderar, además del contenido propio de unas declaraciones, sus efectos previsibles y la situación en la que se hacen.

Un hito importante

Para Dirk Voorhoof, profesor de la Universidad de Gante, el veredicto del TEDH y su argumentación suponen un hito importante porque hasta ahora la corte de Estrasburgo se había inclinado más por “lavarse las manos” en estos casos, aludiendo al margen de apreciación de cada Estado. Sin embargo, esta sentencia señala un límite claro a las restricciones que los países pueden imponer al derecho a expresar libremente las propias opiniones.

Voorhoof ha publicado recientemente el libro Freedom of Expression, the Media and Journalists (solo en formato digital) que recoge más de 240 litigios relacionados con este tema juzgados por el TEDH. En la introducción señala que, aunque hay que atender al contexto específico de cada caso, “es deseable que el TEDH mantenga un alto estándar en la protección y promoción del derecho a expresarse con libertad”, y que solo valide las restricciones “cuando se demuestre pertinentemente que estas son necesarias para el funcionamiento democrático de la sociedad”.

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