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El caso que puede acabar con la sentencia que liberalizó el aborto en EE.UU.

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aborto

La Marcha por la Vida de 2017, delante de la sede del Tribunal Supremo de EE.UU. (CC James McNellis)

 

Ha provocado entusiasmo en unos y preocupación en otros que el Tribunal Supremo de EE.UU. haya decidido dejar en pie una ley de Texas que proscribe el aborto desde la sexta semana de embarazo. Es la primera prohibición que entra en vigor con un límite tan temprano. Sin embargo, es muy posible que acabe anulada, y en la práctica es más importante otra ley menos ambiciosa, de Misisipi, sobre la que el Supremo se pronunciará el próximo año y que podría dar lugar a que se limite o se revoque la liberalización casi total del aborto ordenada por la sentencia Roe v. Wade de 1973.

La ley de Texas, conocida por las siglas SB 8, declara ilegal todo aborto desde el momento en que es detectable el latido del corazón del feto –cosa que se da tras unas seis semanas de gestación–, salvo en caso de peligro grave para la madre. Es sustancialmente idéntica a las aprobadas por otros ocho estados, que no llegaron a entrar en vigor porque los tribunales las anularon por ser contrarias a Roe v. Wade.

A grandes rasgos, esa sentencia del Supremo establece que el aborto es libre en el primer trimestre de embarazo; en el segundo se puede regular para garantizar que sea seguro para la mujer; y se puede prohibir en el tercero, cuando el feto es viable, o sea, puede ya vivir fuera del útero materno.

Una astucia legal

Si, a diferencia de sus iguales, la ley de Texas ha entrado en vigor, el 1 de septiembre, es por una astucia de los congresistas del estado. La SB 8 no da autoridad a los funcionarios u organismos del estado para prevenir o reprimir de oficio los abortos declarados ilegales. En vez de eso, permite que quienes los hagan sean demandados ante los tribunales por particulares, que podrán obtener de los denunciados una indemnización (10.000 dólares o más) si ganan el pleito.

Contra las otras leyes recurrieron clínicas abortistas demandando a las autoridades del estado por el perjuicio que les causarían al imponerles la prohibición. Pero el ardid ideado por Texas supone que, mientras no haya una denuncia, nadie puede alegar que ha sido perjudicado por la ley. Por eso, un recurso presentado por una clínica fue invalidado por un tribunal federal de apelaciones. Y la petición de emergencia al Tribunal Supremo para que suspendiera la ley tampoco prosperó.

La decisión del Supremo, dictada el 1 de septiembre –con la SB 8 ya vigente– por mayoría de 5 contra 4, manifiesta perplejidad por la inédita cuestión procesal suscitada y precisa que el rechazo del recurso no obedece a juicio alguno sobre la constitucionalidad de la ley, sino a que la clínica no está legitimada en el momento presente. Añade que quedan abiertas otras posibilidades de recurrir en los tribunales inferiores.

La mayoría del Supremo que acordó este auto está compuesta por todos los jueces conservadores menos el presidente, John Roberts. Según él, habría habido que suspender la ley hasta considerar si un estado puede promulgar una norma y “delegar” en particulares la responsabilidad de hacerla cumplir.

La ley de Texas acabará anulada, dice un experto legal provida, pero otra de Misisipi puede hacer que el Tribunal Supremo se plantee revocar “Roe”

Las clínicas abortistas de Texas dicen que están obedeciendo a la ley, y la organización provida Texas Right to Life ha declarado que las cree y que no planea vigilarlas ni presentar demandas.

Reacciones precipitadas

El éxito de la SB 8 ha sido celebrado por los provida, y algunos políticos republicanos de otros estados se han manifestado a favor de imitarla. En el otro lado, el presidente Joe Biden se ha pronunciado contra ella en términos enérgicos, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha anunciado un proyecto de ley federal para prohibir las restricciones al aborto antes de la viabilidad del feto (aunque es prácticamente seguro que el intento morirá en el Senado).

Steven Aden, consultor jurídico de Americans United for Life, cree que tales reacciones son precipitadas. Según él, cuando un caso contra una clínica llegue a los tribunales, la ley de Texas será anulada, y “veremos que es letra muerta, al menos mientras el Tribunal Supremo no revoque Roe”. Lo que –añade– puede ocurrir gracias a una ley de Misisipi de 2018, que el Supremo tiene pendiente de examinar.

La revocación de Roe es la meta del movimiento provida, y desde hace años se intenta provocarla con leyes directamente contrarias para que el Tribunal Supremo se pronuncie, aprovechando la mayoría de magistrados conservadores. Además de las ocho similares a la SB 8, la más reciente es la aprobada en marzo pasado por Arkansas, que prohíbe totalmente el aborto salvo en caso de peligro para la vida de la madre. También esta fue anulada por los jueces antes de que pudiera entrar en vigor, tal como se esperaba y como los promotores pretendían, a fin de desencadenar el itinerario judicial hasta el Supremo.

Otra ley más importante

Pero no hay seguridad de que el Supremo admita los eventuales recursos, y los de leyes que chocan frontalmente con Roe tienen menos posibilidades. En cambio, la de Misisipi puede dar lugar a una importante restricción o incluso a la revocación de la sentencia de 1973. Esa norma prohíbe el aborto tras la semana 15, salvo en caso de emergencia médica o de que el feto tenga una anomalía incompatible con la vida extrauterina. Los tribunales la suspendieron, basados en que el umbral fijado es anterior al momento en que el no nacido empieza a ser viable.

En su recurso al Supremo (caso Dobbs v. Jackson), Misisipi no pide directamente la revocación de Roe, sino que se abandone el criterio de la viabilidad, que –en palabras de la fiscal general del estado, Lynn Finch– es un límite “incierto”, y el avance de la medicina lo adelanta cada vez más. A las 15 semanas de gestación, alega el recurso, el feto ha alcanzado un desarrollo notable y el aborto es más peligroso. En ese momento, por tanto, el estado puede tener un interés legítimo en proteger la vida del no nacido.

El Supremo decidirá si se puede prohibir el aborto antes del umbral de la viabilidad del feto

Con la actual composición del Tribunal Supremo, hay posibilidades de que se revoque Roe, si la mayoría de los jueces plantea la cuestión al afrontar el caso de Misisipi. El año pasado, el presidente Roberts dejó claro que prefiere respetar el precedente aunque no le guste, cuando dio el voto decisivo en contra de una ley de Luisiana, restrictiva del aborto, al sumarse a los entonces cuatro jueces de tendencia pro-choice. Lo hizo, explicó, no porque estuviera de acuerdo con la argumentación, sino para evitar que se anulase la sentencia de 1973. Pero ahora hay un nuevo miembro de la Corte –Amy Coney Barrett– que podría inclinar la balanza al otro lado.

De todas formas, nunca es seguro cómo votarán los magistrados en un caso concreto. Y también podrían validar la ley de Misisipi sin revocar Roe. Aun así, abrirían una puerta a restringir la gran mayoría de los abortos, que se practican antes del tercer trimestre. Hasta ahora, 43 estados prohíben el aborto en algunos casos, pero todos menos dos, desde las 22 semanas o más tarde.

La sentencia Roe ha resultado ser manzana de discordia durante casi cincuenta años. Incluso parte del campo pro-choice la lamenta: ahora cree que fue un regalo envenenado, que no zanjó el debate sino que lo enconó al provocar una viva reacción contraria que aún dura. Y los intentos de restringir el aborto en distintos estados, según las mayorías elegidas por los electores, tienen más pedigrí democrático que el decreto judicial de 1973.

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