Luego de cuatro años con una ley de aborto en tres causales, se rechazó una ley más permisiva y ahora se discute a nivel constitucional.

Pleno de la Cámara de Diputados de Chile En torno a las elecciones presidenciales y parlamentarias se discutió un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, iniciativa que fue rechazada con votos de diputados del oficialismo y la oposición. Ahora la discusión sobre el derecho a la vida se está llevando a cabo en la Convención Constitucional. A fines de 2017 se aprobó en Chile la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite el aborto en caso de riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación. Un año después, un grupo de diputadas de partidos de izquierda presentó otro proyecto de ley para autorizar el aborto libre hasta las 14 semanas de embarazo. La existencia de miles de abortos clandestinos, que pondrían en peligro la vida de la madre, y las arriesgarían a sufrir penas de cárcel, son algunos de los argumentos que utilizan los grupos que promueven la legalización del aborto. Sin embargo, las bajas tasas de mortalidad materna en Chile indicarían lo contrario. Las cifras de mujeres fallecidas por cada 100.000 nacidos han pasado de 32 en 2001 a 13 en 2017, lo que está muy por debajo de los índices de América Latina y el Caribe, e incluso es menor que las cifras de Estados Unidos y otros países desarrollados. La entrada en vigencia de la ley de 2017 también ha puesto en duda las supuestas altas tasas de abortos clandestinos. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, en 2018 se realizaron 732 abortos; en 2019 fueron 818 y en 2020, 660. Por otra parte, Gendarmería ha señalado que no existen mujeres encarceladas por este delito. “Aborto seguro” y no criminalización La aprobación de una iniciativa similar en Argentina a fines de 2020 aceleró la discusión chilena. La primera etapa de su tramitación se llevó a cabo en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Se comenzó a discutir en enero de 2021 y, luego de meses de audiencias, fue rechazada en por siete votos contra seis, aunque continuó su tramitación para ser votada en la sala. El proceso constituyente que está teniendo lugar en Chile hace que el futuro de la protección de la vida del no nacido sea incierto En esta primera votación del pleno de la Cámara de Diputados, realizada en septiembre, el proyecto fue aprobado por 75 votos a favor y 68 en contra. Tras recibir algunas modificaciones fue necesario que regresara a la comisión, donde fue nuevamente estudiado, y esta vez aprobado. La segunda votación en la sala de la Cámara se llevó a cabo unos días después de la elección parlamentaria y primera vuelta presidencial. Así como ha ocurrido con otros proyectos de ley tramitados tras las elecciones, algunos diputados no acudieron a la sesión, otros llegaron a un acuerdo con sus contrincantes para no participar de la votación y otros cambiaron de opinión. Así las cosas, el proyecto fue descartado por 65 votos contra 62. Dentro de los diputados que rechazaron el proyecto se encontraban cinco representantes de la Democracia Cristiana, partido de oposición al Gobierno de Sebastián Piñera. Futuro incierto Aunque el proyecto de ley hubiera sido aprobado en la Cámara de Diputados, aún debía ser votado en el Senado y hubiera sido revisado por el Tribunal Constitucional. Como la constitución vigente consagra el derecho a la vida del que está por nacer, el Tribunal posiblemente hubiera señalado la inconstitucionalidad de esta norma, mucho más permisiva que la de 2017. El proceso constituyente que está teniendo lugar en Chile hace que el futuro de la protección de la vida del no nacido sea incierto. Como se consigna en el último barómetro constitucional de la Corporación Comunidad y Justicia, una de las mociones presentadas por activistas proaborto propone que el Estado reconozca y garantice “a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros”. En realidad, como indica un estudio realizado por el doctor Elard Koch, las presiones de terceros suelen coaccionar la voluntad de las mujeres para llevar adelante un aborto. El Director del Instituto Melisa, realizó un seguimiento a 3.491 embarazos no planeados, de los cuales 507 correspondían a mujeres que deseaban abortar, y llegó a la conclusión que el factor más influyente para tomar la decisión de abortar es la coerción –presiones de la pareja o de los padres–, que alcanza el 44,4% de los casos. A propósito de esto, son significativos unos datos del Ministerio de Sanidad de Irlanda, facilitados en respuesta a una cuestión parlamentaria. En 2020 unas 8.000 mujeres iniciaron en ese país el trámite legal para abortar, y tras el periodo de reflexión (tres días), 1.500 decidieron proseguir el embarazo. En Chile, dada la conformación de la Convención Constitucional, es probable que no se mantenga la consagración del derecho a la vida del que está por nacer, pero tampoco que se garantice el derecho al aborto como tal, sino alguna fórmula genérica para consagrar los derechos sexuales y reproductivos. Después de las últimas elecciones, donde se equilibraron las fuerzas políticas, se ha tomado conciencia de la conveniencia de proponer normas con cierto consenso social, pues la propuesta de nueva Constitución debe ser aprobada por un plebiscito. Un asunto discutido Ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo de EE.UU. revoque la sentencia Roe v. Wade (1973), que obligó a legalizar el aborto en todo el país, los partidarios de mantenerla han multiplicado sus intervenciones ante la opinión pública. Aunque faltan unos seis meses para que los jueces se pronuncien, la vista oral el pasado 1 de diciembre ha dado lugar a una nueva ola de comentarios. Si se anulara la sentencia de 1973, el aborto no dejaría de ser legal en todo el país: se volvería a la situación anterior, en la que los estados tenían leyes distintas. En la mayoría no cambiaría nada, pero 15 podrían aplicar restricciones que aprobaron y fueron invalidadas porque Roe no las permite. Todos ellos prohibirían abortar –con excepciones por peligro para la vida o la salud física de la mujer– dentro del primer trimestre de embarazo: 5 desde la concepción, 9 hasta la sexta semana de embarazo, y el otro hasta la octava. De todas formas, el interés por defender Roe se explica también por motivos simbólicos. Aquella sentencia instauró un derecho constitucional al aborto, y la revocación significaría que las victorias “progresistas” no son irreversibles, anota el comentarista Daniel Henninger en el Wall Street Journal. De ahí que los partidarios de Roe hayan cargado con tanto énfasis contra la ley de Misisipi que está examinando el Supremo, tildándola de radical o extremista por excluir el aborto después de 15 semanas de embarazo. En realidad, es un plazo más amplio que el fijado en muchos países. Por ejemplo, en España el aborto es libre hasta las 14 semanas, y en Francia, hasta las 12 (actualmente, la Asamblea Nacional estudia una propuesta de alargar el plazo dos semanas más). El caso es que los pro-choice consideran que, tras Roe, el asunto está decidido de una vez para siempre y no se discute más. Pero la persistente polémica sobre el aborto contradice esa tesis, y se explica en buena parte por la imposición judicial, que deja a los electores sin posibilidad de promover otras salidas. El aborto no es un tema cerrado. Aceprensa.

La liberalización del aborto en Chile no avanza

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