Según una encuesta internacional, ni somos igual de duros con todos los políticos, ni la acumulación de fraudes nos convierte en indolentes.

Combatir la lacra de la corrupción es una responsabilidad de políticos y gobernantes. Pero también de los ciudadanos comunes, en cuanto que con sus votos pueden hacer que los corruptos pierdan cuota de poder. Si lo hacen o no, y en qué grado, es el objeto de un estudio reciente del grupo de investigación internacional ActEU sobre diez países europeos. Hay otros muchos estudios sobre corrupción y sobre medidas para atajarla, entre ellos dos de ámbito internacional. El Corruption Perceptions Index (CPI) de Transparency International estima el nivel de difusión de prácticas deshonestas en el sector público en 182 países, a partir de encuestas y valoraciones de expertos, empresarios y organismos internacionales. El Anti-Corruption and Integrity Outlook de la OCDE evalúa la calidad de las leyes y regulaciones contra la corrupción y el fraude, así como el grado de cumplimiento, en los 37 países miembros de la organización y en los 25 asociados. El interés del reciente Informe sobre consecuencias de las conductas inmorales para la confianza en la política, de ActEU, es que se centra en la reacción de los ciudadanos. Además, a diferencia de la mayoría de los análisis con el mismo enfoque, es internacional, pues se ha hecho en diez países de la UE: Alemania, Austria, Chequia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia y Polonia. Reprobación selectiva Se trata en este caso de averiguar si los electores reprueban los casos de corrupción o los toleran; si los desaniman y desmovilizan o los llevan a actuar con su voto. Pues es sabido que la corrupción extendida erosiona la confianza del público en la política y abre la puerta a populismos y extremismos que se nutren del descontento y de los sentimientos antielitistas, dicen los autores del informe. El castigo electoral a los políticos incursos en prácticas corruptas es un correctivo necesario e importante que contribuye a atajarlas. Sin embargo, las investigaciones anteriores no permiten concluir que los corrompidos pierdan votos por regla general, aunque la mayoría detectan que sus actos son claramente reprobados por los ciudadanos. Se han propuesto varias hipótesis para explicarlo. Puede ser que un número considerable de electores adopten una actitud cínica (esas prácticas son un mal necesario que “engrasa” la maquinaria de la Administración), resignada (no hay nada que hacer) o desmoralizada (no vale la pena votar). También cabe suponer que toleran al candidato o partido manchado si, por otra parte, defiende políticas que consideran importantes para ellos. Y está comprobado que son más indulgentes con los de su ideología o partido que con los demás. A la vez, aun cuando el comportamiento censurable no conduce por sí solo a una derrota electoral, al menos influye en los votantes de modo indirecto. Puede ensombrecer las razones para votar a un candidato, como su eficacia en la dirección de la economía o de los servicios públicos. Por eso, anota el informe, en las campañas electorales los partidos insisten en atacar a los rivales con acusaciones de corrupción. El efecto de los condicionantes previos: sexo, nacionalidad… ActEU intenta con su estudio, financiado por la UE, aclarar algunas de las cuestiones indefinidas. Con ese fin, llevó a cabo una encuesta en los diez países mencionados para ver si los electores condenan o toleran las conductas deshonestas de los políticos, y si eso tiene consecuencias en tres aspectos: voto (si les votarían en las siguientes elecciones), representación (si consideran que los representan) y aprobación (qué crédito les merecen). Para aislar el efecto de las conductas reprobables, la encuesta pidió por separado la opinión sobre los políticos en general según su sexo, su origen étnico, su estilo de hacer política (enfrentamiento o contemporización), su orientación ideológica, su ámbito de competencias (local, nacional o europeo) y su postura en una determinada cuestión (la elegida fue el cambio climático). De este modo se pretendía distinguir la reacción provocada por un comportamiento corrupto de la debida a opiniones previas. Por ejemplo: si un político de origen extranjero y musulmán suscita menos confianza que uno de ascendencia nacional –como refleja el sondeo–, en caso de que esté implicado en un caso de corrupción, ¿será juzgado con mayor severidad? (según el sondeo, no). Entre los diversos ejemplos posibles de corrupción (el CPI contempla diez), la encuesta propone tres, de menor a mayor gravedad: mentir en unas declaraciones públicas, abusar del poder para favorecer a parientes y aceptar sobornos. Los culpables son un hombre o una mujer, y de cada sexo, uno de minoría musulmana y otro de origen nacional. Los electores reprueban a los políticos corruptos de todas las tendencias, pero son más benévolos con los que son de la suya Una limitación del estudio es que no presenta casos reales. Los políticos implicados son ficticios, y su sexo y su etnia no se expresan: se sugieren por los nombres que se les dan (por ejemplo, María García para la política española de origen nacional, y Omar Aslan para el político de etnia extranjera en todos los países). A su vez, los hechos inmorales son genéricos: “ha mentido en una rueda de prensa”, pero no se concreta qué ha dicho. Esto hace que las respuestas sean inevitablemente hipotéticas, aparte de que resulta imposible comprobar las consecuencias de los actos de García y los demás en la realidad. Pero la limitación es probablemente ineludible. Habría sido muy difícil rellenar la tipología de políticos y conductas con cuatro casos verídicos y recientes por cada país, y un objetivo del estudio era comprobar las diferencias entre los diez. Aunque la conclusión del informe es que apenas las hay. Perfil del político ideal: mujer, de centro y con principios… flexibles Para valorar los efectos de la corrupción en los ciudadanos, el estudio compara la reacción de los encuestados ante determinados comportamientos corruptos con la opinión que tienen de los políticos con independencia de los hechos ocurridos. En los diez países y para toda clase de políticos, los actos más graves (sobornos) son los más reprobados. Las mujeres políticas despiertan en general más aprobación que los hombres; pero, contra lo que esperaban los autores del informe, eso no se refleja ni en intención de voto ni en representación, y la que comete un acto reprobable no es juzgada con mayor benevolencia que un hombre. Tampoco, como se dijo arriba, la peor consideración hacia los políticos de origen musulmán influye significativamente en la reacción que provocan si son corruptos. Basta añadir que la mayor antipatía a los musulmanes se da en Chequia y Grecia, y la menor, en España. En cuanto a la tendencia, los políticos de derechas y los de izquierdas salen peor parados que los de centro en voto, representación y aprobación. El caso, sin embargo, es que en la mitad de los países de la muestra hay gobiernos de derecha o de izquierda: se ve que la valoración en abstracto de un político ficticio por su orientación ideológica no es lo mismo que optar por un candidato real en unas elecciones. El estilo político preferido es seguir la corriente de la opinión pública; mantenerse firme en los principios propios está peor visto. La postura más popular con respecto al cambio climático es dejar las cosas como están, sin reforzar las medidas de contención ni rebajarlas. Resignación no significa indolencia No obstante, ninguna de estas últimas características del político, como tampoco el ámbito de representación, hacen que los electores reaccionen con mayor o menor severidad a las conductas fraudulentas. En cambio, hay diferencias importantes según las posturas propias. Contra lo que cabía suponer, los ciudadanos desencantados con la política reaccionan contra la corrupción más severamente que los que confían en las instituciones Como ya se había observado, los ciudadanos castigan menos –en voto, representación y aprobación– a los políticos corruptos que son de su misma cuerda. La única diferencia es que son un poco más comprensivos con los suyos los de derechas que los de izquierdas. La diferencia más relevante, para los autores del informe, es algo que contradice una de sus hipótesis. Creían que los electores con menor confianza en la política mostrarían, por efecto de la resignación, una reacción menos enérgica contra la corrupción, y que, por su parte, los más identificados con las instituciones serían más severos, por indignarse al ver traicionados sus ideales. Sucede, según la encuesta, lo contrario. Los desencantados castigan más a los políticos corruptos en intención de voto, sentimiento de representación y aprobación, y la diferencia con los otros es especialmente grande en la condena del soborno. Esto, según los autores del informe, se opone indirectamente a la extendida suposición de que, donde la corrupción abunda, la sensibilidad de los ciudadanos se adormece, por acostumbramiento o desilusión. La tesis se podría intentar verificar comparando los datos sobre el nivel de corrupción en los diez países estudiados; pero el informe no los trae. Hay que recurrir a otras fuentes. El CPI de Transparency International califica a los mismos diez países, desde Dinamarca, el más limpio del mundo, hasta Grecia, en el puesto 56 de los 182 de la clasificación. Este país, así como Italia (puesto 52) y España (puesto 49), parecen confirmar la conclusión del informe de ActEU, pues los tres presentan los mayores índices de corrupción entre los diez y sus electores están entre los que más rigor muestran contra ella. Y en otros tres –Finlandia (número 2 del CPI), Alemania (número 10) y Austria (21)– hay menos corrupción y una reprobación relativamente menos severa. También aparecen dos casos contrarios al informe: Dinamarca (menos corrupción, más reprobación) y Polonia (justo al revés). La severidad de las leyes no siempre calma los ánimos Ya que ActEU hace recomendaciones para reforzar las medidas anticorrupción, se podría ver también si estas influyen en la actitud del público. En teoría, un país riguroso infundiría confianza, y calmaría la indignación ciudadana, mientras que uno laxo la excitaría. El informe de la OCDE, que evalúa la seriedad con que se aplican las leyes y regulaciones contra la corrupción, no permite confirmar ni desechar la hipótesis de ActEU. Grecia, el país más riguroso de los diez según la OCDE, es también donde la reprobación social del fraude es más fuerte; Francia y España están en el extremo opuesto, y tienen ciudadanos menos severos que los griegos. Los otros dos casos posibles aparecen también. En definitiva, combatir la corrupción es cosa de distintos actores. El pueblo no suele tener un papel determinante. Pero, así como los clientes –según el dicho– votan con los pies, hace falta que los electores castiguen a los corruptos retirándoles su apoyo. Ahora bien, el cliente abandona al proveedor que le decepciona si encuentra otro más satisfactorio. Y el votante no siempre ve una opción que, en conjunto, le convenza más. Por eso muchos siguen respaldando al mismo partido o se pasan a la abstención, y ni lo uno ni lo otro contribuye a cambiar las cosas.

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